El Gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua y la incautación de todos sus bienes, en la ofensiva definitiva contra los jesuitas tras la orden contra la Universidad Centroamericana (UCA), acusada de ser un foco de protestas.
Un decreto del Ministerio de Gobernación publicado este miércoles en el diario oficial da cuenta de la última medida, bajo el argumento de que la Compañía de Jesús no informó de su situación fiscal en los últimos ejercicios y no ha renovado su junta directiva, excusas ambas recurrentes en los cierres ordenados contra organizaciones opositoras en los últimos años.
Corresponde ahora a la Procuraduría General realizar el traspaso de los bienes de la Compañía de Jesús, que serán puestos “a nombre del Estado de Nicaragua”, según el documento recogido por el diario nicaragüense ‘La Prensa’.
El régimen ya había confiscado previamente la UCA y viviendas de religiosos. La universidad ha estado en el punto de mira del Gobierno de Daniel Ortega, ya que se ha convertido en uno de los bastiones de los manifestantes opositores desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018, en la que murieron más de 350 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A ojos del Gobierno de Daniel Ortega, la universidad se había convertido en “un centro de terroristas”, una acusación que se enmarca en la persecución a la Iglesia católica,
Managua ha disuelto este año 26 universidades, al retirar la personalidad jurídica de varias de estas instituciones, en lo que se considera una medida represiva de las autoridades, que también han cerrado partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.
Duro golpe a Daniel Ortega: Estados Unidos tomó drástica medida contra régimen de Nicaragua
En medio de las tensiones y coerción a la cual están sujetos miles de ciudadanos, organizaciones internacionales como Naciones Unidas y otras de derechos humanos sigue expresando su condena por la gestión de Ortega. A esto se suma la persecución contra el obispo, Rolando Álvarez, quien a comienzos de mes cumplió un año en prisión.
Como respuesta a las acciones de la administración sandinista, Estados Unidos restringió visas el sábado a 100 funcionarios del mandatario por “ataques” a las libertades civiles, como la mencionada contra el obispo Álvarez y la confiscación de bienes de una universidad jesuita. Así lo informó el secretario de Estado, Antony Blinken.
En su cuenta de X (antes Twitter), Blinken anunció la disposición norteamericana y aprovechó para exhortar a Ortega con la liberación del representante católico. “Hacemos un llamado al régimen para que libere incondicionalmente y de inmediato a Monseñor Álvarez y a todos los injustamente detenidos”.
El Departamento de Estado estableció medidas adicionales para que “se rindan cuentas por los implacables ataques del régimen Ortega-Murillo a las libertades civiles”, afirmó Blinken en un comunicado en referencia a la esposa y vicepresidenta de Ortega, Rosario Murillo.
Washington impone “restricciones de visa a 100 funcionarios municipales nicaragüenses que participaron en los esfuerzos para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana y detener injustamente a individuos valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluyendo al obispo Rolando Álvarez”, añade, sin precisar la identidad de los sancionados.
El Gobierno de Ortega mantiene una relación muy conflictiva con la Iglesia católica. El caso de Álvarez es uno de los temas de choque, en uno de los peores momentos de las relaciones diplomáticas entre Managua y el Vaticano. Hace cinco meses en una entrevista con Infobae, el papa Francisco se refirió al respecto.
“No me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, señaló el pontífice a ese medio.
Con información de Europa Press