Las tensiones y sensibilidades dentro de la izquierda chilena por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que instaló la dictadura de Augusto Pinochet, provocó el miércoles la renuncia del coordinador designado por el presidente Gabriel Boric para los actos conmemorativos por el 50 aniversario.

Patricio Fernández, exdirector de la revista satírica The Clinic, renunció tras recibir fuertes críticas de parte de parlamentarios, en su mayoría del Partido Comunista, y de organizaciones defensoras de derechos humanos, que lo acusaron de “relativizar” el golpe de Estado contra el socialista Salvador Allende, durante una conversación en una radio local.

Tras el derrocamiento del gobierno de Allende (1970-1973) se instaló una dictadura que dejó más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

El funcionario fue nombrado por el presidente Gabriel Boric, quien consideró desacertadas las acusaciones. | Foto: 2023 Anadolu Agency

A casi dos meses de la conmemoración, a la que se espera asistan varios mandatarios de América Latina, la polarización se ha acrecentado en la sociedad chilena, con un número importante que justifica y defiende la figura de Pinochet, según encuestas recientes.

Fernández quedó en el ojo de la tormenta tras afirmar en una entrevista con el sociólogo Manuel Antonio Garretón, que uno de los desafíos principales de la conmemoración es “acordar que los sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio”.

Esa declaración fue considerada poco contundente por agrupaciones de víctimas, que lo acusaron de relativizar el golpe e incluso de negacionista.

En un carta firmada por más de 160 agrupaciones, Fernández fue acusado de no condenar el golpe, “restándole valor y desconociendo la relación de causa y efecto entre el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos”.

“Tiene que ser un requisito de quien coordine las actividades de los 50 años (...) que no tenga ni un grado de negacionismo posmoderno que permea a muchos sectores de nuestra sociedad”, afirmó la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz, cuyo esposo fue ejecutado por militares en octubre de 1973.

“Jamás he justificado el golpe. Muy, muy por el contrario, soy un convencido de que cuidar y defender la democracia es una tarea inclaudicable”, dijo Fernández, desde el inicio de esta polémica que lo obligó a renunciar en menos de una semana.

Los militares destruyeron el Palacio de la Moneda, la sede presidencial para hacerse con el poder en 1973. | Foto: Getty Images

El presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, declaró el miércoles que, aunque aceptó la renuncia de Fernández, valoró su trabajó y no tiene dudas de que él “jamás justificaría el quiebre de la democracia en un golpe de Estado”.

En medio de la división política de la alianza gobernante, los diputados de derecha se solidarizaron con Fernández.

El incidente se presentó solo dos semanas después de que el general en retiro, Santiago Sinclair, de 92 años y quien formó parte de la Junta Militar que gobernó Chile durante la dictadura, fuera condenado a 18 años de cárcel por su participación en la Caravana de la muerte que ejecutó a doce campesinos.

En una sentencia difundida este sábado por la prensa, Sinclair y otros tres antiguos militares fueron condenados por la ejecución de los 12 hombres bajo el régimen militar (1973-1990).

Junto a Sinclair deberán ir a la cárcel Juan Chiminelli (86 años), Pedro Espinoza (90) y Emilio de la Mahotiere (86). El fallo no tuvo en cuenta su avanzada edad para ponerlos tras las rejas.

Sinclair, senador designado tras el término de la dictadura y cercano a Pinochet, fue condenado por este caso en 2020, pero había apelado la sentencia.

La sociedad chilena se haya muy dividida sobre las consecuencias de la dictadura y ello se reflejó en el reciente plebiscito sobre la nueva constitución. | Foto: AFP or licensors

De acuerdo con la investigación, Sinclair coordinó el asesinato de los campesinos cuando era comandante del Regimiento Cazadores de la ciudad de Valdivia, a unos 840 kilómetros al sur de Santiago.

La Caravana de la muerte es uno de los casos más emblemáticos de violación de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, que dejó más de 3.000 muertos y 38.000 torturados, según cifras oficiales.

Poco después del golpe, los militares organizaron una caravana que recorrió varias ciudades del país en busca de opositores para ejecutarlos.

Una de las víctimas más recordadas es el periodista Carlos Berger, miembro del Partido Comunista, quien fue detenido en la ciudad de Calama (norte) por negarse a dejar de transmitir en la radio que trabajaba, el día del golpe militar.

Berger fue ejecutado el 19 de octubre por miembros de la caravana de la muerte, según la investigación del caso.

Con información de AFP.