El Gobierno de República Dominicana negó cualquier responsabilidad directa en la incautación de un avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por orden de las autoridades de Estados Unidos, alegando que todo el proceso se desarrolló en el ámbito de los tribunales, sin intervención de autoridades políticas o de la Fiscalía dominicana.
El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que el avión, trasladado el lunes a Florida, se compró a través de una empresa fantasma en Estados Unidos y fue extraído de contrabando, infringiendo así las sanciones sobre control de exportaciones que se impuso al Gobierno Maduro.
Caracas denunció lo que considera un acto de “piratería” y ha criticado las supuestas presiones de Washington a otros países “para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales”, pero el ministro de Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, ha salido al paso de posibles acusaciones.
Álvarez explicó que los hechos se remontan a mayo, cuando el Ministerio Público de República Dominicana recibió una solicitud de cooperación jurídica relativa a la aeronave, con vistas a realizar registros relativos a un posible fraude o contrabando. “Todo ello en el marco de una investigación criminal que llevaba a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, dijo.
El avión, un Dassault Falcon 900EX, se encontraba en territorio dominicano por necesidades de mantenimiento, algo que el ministro ha considerado “bastante normal”, habida cuenta de los servicios de “muy buena calidad” que se ofrecen. Aclaró además que no estaba a nombre del Gobierno de Venezuela, sino de un particular.
Un tribunal de República Dominicana autorizó entonces la inmovilización de la nave y el lunes se emitió una nueva orden judicial que permitía la entrega del avión al país requirente, en este caso, a Estados Unidos. “El Ministerio Público cumplió con lo ordenado por los tribunales”, añadió Álvarez en su exposición.
Según se conoció, la aeronave está valorada en 13 millones de dólares y ha permanecido en Santo Domingo durante los últimos meses después de que fuera incautado por la Policía dominicana. Su embargo, se ha hecho efectivo en las últimas horas, después de que fuera solicitado por un tribunal de Florida el 22 de mayo.
“Las aeronaves adquiridas ilegalmente desde Estados Unidos en beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar hacia el atardecer”, dijo el secretario adjunto del Departamento de Comercio, Matthew Axelrod, según se lee en el comunicado del Departamento de Justicia.
“No importa cuán lujoso sea el jet privado o lo poderosos que sean los funcionarios: trabajaremos incansablemente con nuestros socios en todo el mundo para identificar y devolver cualquier aeronave ilegalmente sacada de Estados Unidos”, destacó.
Washington sostiene que entre finales de 2022 y principios de 2023, un grupo de personas cercanas al presidente Maduro se sirvieron de una empresa fantasma con sede en el Caribe para adquirir este avión a otra empresa afincada en Florida.
“El avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 (...) y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportarle a otros países”, afirma el Departamento de Justicia.
A principios de año, Estados Unidos impuso nuevas sanciones al sector energético de Venezuela en represalia por no haber organizado, a su juicio, unas elecciones libres. Una situación que se ha agravado después de que una parte de la comunidad internacional no haya reconocido el triunfo de Maduro en las urnas.