Como una reacción esperada, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró este miércoles que no comparte la decisión tomada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación, luego de suscribir un memorándum de entendimiento con el Gobierno del vecino país.
En una rueda de prensa ofrecida a los medios, en Caracas, el mandatario venezolano dijo: “Después de esta evaluación y este debate, el fiscal (de la CPI) ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos”.
El medio venezolano El Pitazo reseñó que previo al anuncio de la decisión de la CPI, el presidente venezolano confirmó que durante “la llamada fase de examen preliminar, no (se) le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba”.
Maduro recalcó que está en desacuerdo con la decisión porque en “Venezuela se garantiza la justicia”, pero que trabajarán para demostrarlo.
Para esta etapa de investigación se firmó un acuerdo entre Venezuela y la Fiscalía de la CPI, la cual busca garantizar “de manera firme y definitiva, la cooperación, la complementariedad positiva, el apoyo mutuo, el diálogo constructivo para buscar la verdad y la justicia”.
El texto expone que Venezuela “interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación”, indicó la AFP.
La noticia de que la Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una investigación formal contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017, causó revuelo en redes sociales.
El fiscal de la CPI, Karin Khan, dejó en claro que su despacho “trabajará de conformidad con el Estatuto de Roma”. Este funcionario llegó el domingo a Venezuela para una visita de tres días, saludó el “diálogo constructivo” en las reuniones que sostuvo con Maduro, su vicepresidenta Delcy Rodríguez, el fiscal general Tarek William Saab y representantes de la Corte Suprema.
Familias de víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela pidieron el pasado martes ser “escuchadas” por el británico Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
“Aquí se siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos, aquí se siguen cometiendo delitos de lesa humanidad y aquí estamos nosotros. Somos las voces de nuestros hijos”, dijo a la prensa durante una pequeña protesta en Caracas Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, joven que murió en una manifestación en 2017 tras ser impactado en el pecho por una bomba lacrimógena.
Familiares de fallecidos en manifestaciones y opositores en prisión acudieron junto a activistas a la sede de la Defensoría del Pueblo para pedir que “a partir del mecanismo de cooperación entre el Estado venezolano y la Corte Penal Internacional sean escuchadas las víctimas”, según declaró Manuel Virgüez, director de la ONG Movimiento Vinotinto, al diario El Nacional.