En las últimas horas se dio a conocer el desalojo de sus cargos de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y la magistrada Yadira Centeno González, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, gracias a la información confirmada por el diario Confidencial.

El desalojo de las oficinas del tribunal, que ocurrió el pasado 24 de octubre, fue ejecutado por un grupo de policías que eran guiados por Horacio Rocha, el comisionado general en retiro, también asesor presidencial con el rango de ministro en temas de seguridad, como reporta el medio.

Según confirmaron fuentes a distintos medios de comunicación, varios directores de la institución han sido destituidos, particularmente del área de tecnología e informática.

La presidenta de la Corte había ocupado el cargo desde 2010, cuando fue elegida por la asamblea nacional con el respaldo del presidente Daniel Ortega. Ramos se habría retirado de la oficina muy afectada, según el diario.

Confidencial confirmó que actualmente y tras esta decisión respecto a la presidenta de la Corte, es la vicepresidenta, Rosario Murillo, quien habría quedado a cargo a través de órdenes ejecutadas por el comisionado Rocha, según confirmaron fuentes, quienes agregaron que la Corte está intervenida políticamente por Néstor Moncada Lau, asesor de Seguridad.

Lo que pudo conocer el medio de comunicación es que en los próximos días, la magistrada Alaba Luz Ramos tendría que presentar su carta de renuncia como presidenta de la Corte ante la Asamblea Nacional, mientras que en la secretaría “barajan el nombramiento de la magistrada Juana Méndez como sustituta”, según confirmó la fuente a Confidencial.

Algunos medios de comunicación en Nicaragua especulan que este percance en la Corte obedece a una lucha interna entre Daniel Ortega y su esposa, por el poder en Nicaragua, ya que la vicepresidenta aspira a obtener cada vez más representación en algunas instituciones de alto poder dentro del país.

La “suspensión de facto de la doctora Alba Luz Ramos evidencia la toma del control, del Poder Judicial, por parte de Rosario Murillo”, dijo una fuente vinculada a la Corte al diario Confidencial.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, encabezan un mitin en Managua, el 5 de septiembre de 2018. Nicaragua está lista para celebrar elecciones el 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Ortega busca un cuarto mandato consecutivo, pero esas elecciones han sido casi irrelevantes por el encarcelamiento por parte del Gobierno de críticos y siete posibles retadores. Foto: Alfredo Zúñiga / AP archivo. | Foto: Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Detenciones arbitrarias

Aparte del desalojo que sufrió la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, también se conoció que expulsaron a la magistrada Centeno González, una acción que tomaron las autoridades el pasado 26 de octubre.

También se conoció que horas después, la hija de la magistrada –de nombre Carla Lucía Flores– habría sido detenida por la Policía nicaragüense, según confirmaron fuentes al diario Confidencial.

Se conoció también que Centeno tiene afinidad con el Frente Sandinista por más de 27 años siendo magistrada, y también ocupando el cargo de presidenta de la Sala Civil y de Familia de la Corte Suprema.

Gobierno de Nicaragua cierra la orden de frailes franciscanos

El Gobierno de Nicaragua canceló el martes la personalidad jurídica y confiscó bienes de la orden de los Frailes Menores Franciscanos y de 16 oenegés, algunas ligadas a iglesias católicas y evangélicas, argumentando que no reportaron el origen de su financiamiento.

La orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís y 16 asociaciones y fundaciones incumplieron leyes sobre el reporte de sus estados financieros, juntas directivas, detalle de sus donaciones e identidad y origen de sus donantes, según una resolución del Ministerio de Gobernación (Interior).

La decisión, publicada en el diario oficial La Gaceta, establece que los bienes muebles e inmuebles de los organismos cancelados pasarán a manos del Estado de conformidad con ley.

Nicaragua vive una grave crisis social y política que se inició con protestas antigubernamentales en abril de 2018, que fueron reprimidas por policías y paramilitares con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos y más de 100.000 exiliados en ese año, según organismos de derechos humanos. Foto: Carlos Herrera para The Washington Post. | Foto: 2019 The Washington Post

Nicaragua ha cerrado más de 3.000 oenegés desde que endureció las leyes tras las protestas de 2018 contra el presidente Daniel Ortega, que en tres meses de bloqueos de calles y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos, según la ONU.

*Con información de la AFP.