La relación entre la Iglesia católica y el presidente Daniel Ortega ha sido tensa desde 2018, debido a que el Gobierno criticó a los sacerdotes por haberles dado refugio a los manifestantes heridos o que huían de la represión que se saldó con 355 muertos hace cuatro años.

Desde estos hechos, Ortega se ha dedicado a perseguir y detener sacerdotes. Incluso hasta cerrar templos católicos y emisoras católicas para que los ciudadanos no puedan celebrar la eucaristía.

Ahora, un nuevo caso conmocionó a la comunidad que pertenece a esta religión, cuando la diócesis de Siuna dio a conocer que el padre Óscar Benavidez fue detenido por las autoridades de ese país. “Comunicamos a todos nuestros fieles católicos que en la tarde del domingo 14 de agosto fue detenido el presbítero párroco de la Parroquia Espíritu Santo Mulukukú, desconocemos las causas o los motivos de su detención y esperamos que las autoridades nos mantengan informados”, se lee de manera textual en el comunicado que emitieron por medio de redes sociales.

Precisamente, por estos actos que realizan las autoridades dirigidas por el régimen de Ortega, la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó a Nicaragua por “el hostigamiento” a la Iglesia Católica, la persecución de la prensa y a las ONG, y LE exigió a ese gobierno que libere a los presos políticos.

En una sesión extraordinaria, el Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la organización, adoptó la resolución sobre la situación en Nicaragua por 27 votos a favor de los 34 miembros activos, uno en contra (San Vicente y las Granadinas) y cuatro abstenciones (Bolivia, El Salvador, Honduras y México).

Hubo dos delegaciones ausentes: la de Nicaragua, como era de esperar, y la de Colombia, gobernada desde el domingo por el presidente izquierdista Gustavo Petro. La OEA condenó el “hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones”.

La presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, denunció en la sesión “la nueva arremetida contra la Iglesia” y el caso del obispo Rolando Álvarez, retenido en la curia y a quien la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, acusa de cometer “crímenes de lesa espiritualidad”. La prensa también se encuentra bajo el yugo de la mordaza.

En días pasados, la Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, informó que, “dando testimonio de tolerancia y espíritu de paz, en las circunstancias que actualmente vive nuestra patria, hace saber que (...) la policía nos ha comunicado que por motivos de seguridad interna no se permite el desarrollo de la procesión”.

La prohibición de la procesión también fue denunciada por un párroco en Terrabona, municipio de la norteña ciudad de Matagalpa, 127 km al norte de Managua, y sede de la diócesis que preside el obispo Rolando Álvarez, quien permanece retenido en la curia arzobispal desde hace una semana.

Las autoridades iniciaron una investigación a Álvarez, de 55 años, por intentar “organizar grupos violentos” e incitar a “actos de odio” para desestabilizar al país. La procesión estaba convocada para salir a las calles próximas a la catedral de Managua y formaba parte de las actividades programadas en el congreso mariano, que durante una semana se celebró en las nueve diócesis del país.

La marcha religiosa tenía como propósito despedir una réplica de la virgen de Fátima, que regresa a su santuario en Portugal. La representación de Fátima llegó a Nicaragua en 2020 como parte de una jornada de oración por la paz y la unidad en la nación centroamericana.

Con información de AFP