La justicia británica declaró este jueves como “ilegal” el plan de enviar a Ruanda a solicitantes de asilo llegados irregularmente al Reino Unido, asestando un golpe a este controvertido proyecto del Gobierno, que anunció que apelará al Tribunal Supremo.
Ruanda
Ruanda es una nación africana a 6.500 kilómetros de Londres, con la que el Reino Unido ha iniciado un acuerdo para llevar a cabo el plan.
Tres magistrados del Tribunal de Apelación de Londres revocaron un fallo precedente por considerar que Ruanda no puede ser considerado “un país seguro” en una decisión tomada por mayoría.
Según dos de los jueces, las deficiencias del sistema de asilo ruandés implican un “riesgo real” de que los refugiados sean devueltos a su país de origen y sufran persecución o tratos inhumanos.
“A menos que se corrijan las deficiencias de sus procedimientos de asilo y hasta que no se corrijan, la expulsión de solicitantes de asilo a Ruanda será ilegal”, aseguró el presidente de la sala.
Los magistrados precisaron “que su decisión no implica opinión alguna sobre los méritos políticos o de otro tipo de esta política”, considerando que “esa es una cuestión que compete exclusivamente al Gobierno”.
El primer ministro británico Rishi Sunak, nieto de inmigrantes indios, anunció poco después que pedirá “permiso para recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo”, por considerar que “el Gobierno ruandés proporcionó las garantías necesarias”.
También Ruanda dijo “discrepar” con la sentencia y aseguró que pese a ella “sigue plenamente comprometida” con el acuerdo alcanzado con Londres.
Pero la ONG Human Rights Watch aprovechó la decisión para pedir de nuevo a la ministra del Interior, la ultraconservadora Suella Braverman, que “abandone este sueño febril impracticable y contrario a la ética”.
La historia del plan
El controvertido plan, anunciado en 2022 por el entonces primer ministro Boris Johnson, fue inicialmente bloqueado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), obligando a abortar el despegue del primer avión en junio del año pasado. Desde entonces ha estado enzarzado en recursos judiciales en el Reino Unido, por lo que hasta ahora nadie fue deportado.
La Alta Corte de Londres lo declaró legal en diciembre, pero el Tribunal de Apelación admitió a trámite este recurso presentado por diez solicitantes de asilo, procedentes de Siria, Irak, Irán, Vietnam, Sudán y Albania, y la oenegé de ayuda a los refugiados Asylum Aid.
Defensores de los derechos humanos acusan a Ruanda, país gobernado con mano de hierro desde 2000 por el presidente Paul Kagame tras el fin del genocidio en el que murieron unas 800.000 personas, de reprimir la libertad de expresión y la oposición.
Los abogados del Ministerio del Interior británico alegaban que el Gobierno confía en las garantías dadas por Ruanda, que mostró la voluntad de “cooperar con los mecanismos internacionales de control”.
Costos
Como sus predecesores Boris Johnson y Liz Truss, Sunak considera una prioridad reducir la inmigración al Reino Unido, una de las grandes promesas del Brexit.
Su gobierno quiere ilegalizar las solicitudes de asilo de quienes lleguen de forma irregular al país y enviar a esas personas a terceros países “seguros”, como Ruanda.
Con este programa, el ejecutivo británico busca disuadir a los migrantes de cruzar irregularmente en pequeñas embarcaciones desde las costas de Francia, una de las rutas más peligrosas del mundo por su gran tráfico de cargueros, cuyos números se dispararon en los últimos años.
Más de 45.000 migrantes llegaron irregularmente a las costas inglesas en 2022, un aumento del 60 % respecto a 2021. Más de 11.000 personas lo han hecho ya desde principios de 2023.
El proyecto de ley se está debatiendo actualmente en el Parlamento y para convencer a los legisladores, el Gobierno publicó el martes una evaluación de su impacto financiero.
Esta señaló que el coste inicial de trasladar a una persona a un tercer país sería de unas 169.000 libras (210.000 dólares) pero se ahorrarían entre 106.000 y 165.000 libras durante cuatro años por cada refugiado que no llegue a suelo británico o sea expulsado.
El informe admite, sin embargo, que son cifras “muy inciertas” y que el plan debería disuadir al 37 % de los irregulares actuales para ser rentable.
*Con información de AFP.