Si bien los ánimos en Ecuador han estado caldeados en los últimos meses por cuenta de los señalamientos de corrupción al interior del gobierno del presidente Guillermo Lasso, la temperatura y la tensión han seguido en aumento por cuenta de unas recientes declaraciones entregadas a medios internacionales por parte de mandatario, en las que se refirió al panorama político, y al proceso de destitución que cursa en su contra en el Congreso de ese país.
Otra de las críticas que le hacen a Lasso tiene que ver con el incremento de la violencia; resultado de cómo el narcotráfico y su ‘mundo conexo’ ha entrado a ese país.
En ese contexto, puntualmente en una entrevista concedida al diario Financial Times, el pasado 11 de abril, el mandatario ecuatoriano puso sobre la mesa la eventual disolución de la Asamblea Nacional de su país, en un escenario que se vislumbre negativo para sus intereses y continuidad en el cargo.
Es decir, Lasso señaló que si el panorama político de Ecuador, más precisamente la opinión de los legisladores, apunta a la aprobación de su salida del cargo por destitución, él estaría dispuesto a tomar la decisión de ordenar la disolución del parlamento de su país. Esto evitaría tal votación, llamando a unas nuevas elecciones generales.
Si bien a primera vista el escenario planteado podría verse similar al ocurrido el pasado mes de diciembre en Perú cuando, en medio de la inminente aprobación de la moción de vacancia en su contra, el expresidente Pedro Castillo decidió salir a la opinión pública para decretar el cierre del Congreso, en este caso el contexto es diferente porque la medida a la que acudiría Lasso en Ecuador es a la llamada ‘muerte cruzada’, que refiere tanto la salida del Parlamento, como el fin del mandato de quien está a la cabeza del poder ejecutivo; en el caso ecuatoriano, el presidente.
Esta eventual medida está prevista en el ordenamiento constitucional de Ecuador bajo el artículo 148, en el que se aclara que esta solo se puede poner en práctica durante una única vez durante el periodo de un mandatario; debe cumplirse durante los 3 primeros años del periodo, y además debe contar con el visto bueno de la Corte Constitucional de ese país.
“La presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”, reza el artículo, en el que también se aclara que en caso de hacerse efectiva la medida, “en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos”.
Según detallaron medios locales en Ecuador, esta información salió a la luz pública apenas horas después de que se conociera que la defensa del actual presidente se dirigió al Congreso para pedir a los legisladores que no admitieran la solicitud para debatir la apertura del juicio político, señalando a su vez la inexistencia de los delitos o hechos de malversación de fondos de los que fue señalado el mandatario.
Medios internacionales, que también han versado sobre el proceso que hace curso en contra de Lasso en Ecuador, han afirmado que actualmente la oposición al Gobierno Lasso, o por lo menos los partidos con asiento en el legislativo, no cuentan con los votos necesarios para lograr sacar del poder al actual presidente del país.
Sin embargo, también se ha conocido que algunos partidos de oposición a Lasso, han empezado a ejercer una suerte de presión en contra del gobierno, empleando el escenario de juicio político como una especie de ‘moneda de cambio’ o trueque, en el que se está ‘negociando’ su posición a cambio de puestos burocráticos.
Lo anterior, según ha detallado el medio El Comercio de Ecuador, se deriva de la filtración de un audio en el que, presuntamente, un líder del partido Pachakutik, pide sea tramitado a su favor un ministerio a cambio de no respaldar la moción.
Según detallan medios locales de Ecuador, actualmente el caso en contra de Lasso cursa su segunda etapa ante las entidades judiciales, y hoy por hoy se encuentra en manos de la Comisión de Fiscalización, instancia a la que llegó tras la autorización de la Corte Constitucional.
Sobre el número de votos requeridos para la aprobación de la moción y destitución en contra de Lasso, se ha precisado que se requiere que la oposición cuente con al menos 92 de los 137 votos referentes a la totalidad de legisladores.
Se espera que próximamente Lasso concurra ante el pleno del Congreso de su país para comparecer por los señalamientos que pesan en su contra, y que están relacionados con el escándalo de la empresa Flomec.