El gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, volvió a ordenar la militarización el lunes de la sureña región de La Araucanía ante el incremento de hechos de violencia en las reivindicaciones de tierras de indígenas mapuches.

“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para brindar seguridad”, señaló la ministra del Interior, Izkia Siches, tras anunciar que se volverán a desplegar militares en el sur del país, una medida que el izquierdista Boric se comprometió en campaña a retirar.

Las fuerzas militares habían sido desplazados en la región de La Araucanía y localidades de la vecina región del Biobío el 12 de octubre de 2021 por orden del gobierno del conservador Sebastián Piñera (2018-2022).

En la campaña electoral, Boric se comprometió a retirar a los militares de la zona, una medida que concretó el pasado 27 de marzo, cuando transcurridos seis meses desde su llegada los uniformados dejaron las labores de resguardo en el sur de Chile.

Pero tras intentar sin éxito aprobar en el Congreso despliegue “intermedio” de militares, con una presencia acotada solo a algunos lugares, y frente a un notorio incremento de los ataques incendiarios, su gobierno debió echar pie atrás y volver a recurrir a esta medida de emergencia para el resguardo del lugar.

“Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas, como “los cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país”, explicó la ministra Siches.

Iniciando el mandato de Boric, la ministra Siches se desplazó a esta región en señal de diálogo con los pobladores Mapuches. Sin embargo, esta no fue recibida. Varias pancartas anunciando que no querían allí la presencia del gobierno fueron desplegadas y, además, se hicieron varios tiros al aire en señal de amenaza.

El gobierno Boric, en su momento, no se dejó amedrentar y la ministra continuó su visita en la región.

Militares y diálogo

Siches dijo también que junto al nuevo decreto del “Estado de Emergencia”, que permite el desplazamiento de las fuerzas militares, continuarán con su política de diálogo con las comunidades mapuches y una acción más amplia para la compra de tierras destinadas a comunidades indígenas.

“Estos conflictos hacen más difícil la ejecución de proyectos de desarrollo, perpetuando condiciones de pobreza e inequidad”, que convierten a la región de La Araucanía, en una con los mayores indicadores de pobreza del país, agregó.

Además del despliegue de militares, la ministra anunció que solicitarán al Ministerio Público un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales.

Primeros habitantes de Chile y Argentina, los mapuches son la principal etnia chilena. Algunas comunidades asentadas en el sur del país reclaman desde hace décadas la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales, hoy en manos en su mayoría de empresas forestales y agricultores.

Grupos radicales indígenas se han atribuido parte de esos ataques, aunque también se denuncia el actuar en la zona de grupos de autodefensas de las forestales, agrupaciones dedicadas al robo de la madera y delincuencia común.

La semana pasada, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), uno de los grupos radicales más antiguos, llamó a “organizar la resistencia armada”, en un giro en su postura de sabotear el funcionamiento de las forestales para hacerlas retroceder del territorio pero sin atacar a personas.

“Los militares en cualquier conflicto social, cultural e histórico representan el fracaso de la política. Sucedió con Piñera y ahora también, por lo visto, con el joven gobierno de Gabriel Boric”, comentó en su cuenta de twitter, el periodista mapuche Pedro Cayuqueo.

Con información de AFP.