La Causa Vialidad, una de las investigaciones contra la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, por la que ha sido condenada a seis años de cárcel a causa de la supuesta concesión irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, vuelve hoy a estar en la agenda política del país.
Este jueves, 9 de marzo de 2023, la Justicia Federal dará a conocer los fundamentos y detalles de la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner, informando por escrito las penas que se tuvieron en cuenta el pasado 6 de diciembre en el que se condenó a la vicepresidenta a seis años de prisión.
El esquema ilícito, como lo narra el diario Perfil, se enfocó en las obras que se le otorgaron al empresario Lázaro Báez, cercano a los Kirchner, quien también recibió una pena por el delito de administración fraudulenta.
El veredicto, firmado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, será publicado este jueves 9 de marzo, después del juicio a pedido del juez Julián Ercolini tuvo como origen una denuncia de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, según el citado medio.
De esta manera, el Tribunal Oral Federal N 2 difundió un texto de 1.600 páginas con un resumen detallado de las pruebas y los hechos juzgados contra la actual vicepresidenta de la nación. Según los jueces, “se consolidó un régimen que otorgó al ente vial nacional gran liquidez y agilidad para realizar erogaciones, con escasos procesos burocráticos y de control”.
En el documento emitido por la justicia federal se habla de que tanto José Francisco López, Lázaro Báez y Cristina Fernández, planificaron el abandono de las obras adjudicadas al Grupo Báez; según el texto, ellos “eran los verdaderos beneficiarios del fraude objeto de este proceso”.
Cristina Fernández había sido acusada de participar en una trama para defraudar al Estado a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la del expresidente y su marido difunto, Néstor Kirchner (2003-2007).
En su momento, la vicepresidenta reaccionó a la sentencia denunciando ser víctima de un “Estado paralelo” y de “una mafia judicial” y ha remarcado que cuando era presidente de Argentina no tenía ni “manejo de las leyes que son aprobadas” en el Legislativo ni “tampoco administra el presupuesto”.
También había sido absuelta del delito de asociación para delinquir, por lo que la sentencia no ha sido tan amplia como esperaba los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que habían pedido para ella doce años de cárcel.
El resto de los once acusados han recibido penas de cárcel que oscilan entre los tres años y seis meses y los seis años. El tribunal ha pedido también decomisar a los condenados 84.000 millones de pesos argentinos (unos 474.000 euros). Los jueces dispusieron de un período de 40 días hábiles para dar a conocer sus argumentos.
En su extensa respuesta, Fernández ha señalado que “la condena real no es la prisión”, sino “la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” y ha anunciado que no se presentará a las elecciones de 2023. “Condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo”, ha dicho.
“Este es el poder económico y mediático que controla en una suerte de estado paralelo y que coarta permanentemente”, ha denunciado Fernández, quien también ha puesto el foco sobre el periodismo y aquellos medios de comunicación “cómplices” con los “expedientes y condenas” que no tienen cabida en la Constitución.
La Fiscalía, a la que Fernández también incluye dentro de esta supuesta conspiración, estima en 5.321 millones de pesos (unos 31 millones de euros al cambio actual) la cantidad defraudada por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido.
Cristina Fernández, había asegurado que el tribunal que la juzga por una supuesta trama de corrupción en el denominado ‘caso Vialidad’ es en realidad “un pelotón de fusilamiento”, En su cuenta de Twitter, había publicado “las veinte mentiras de la Causa Vialidad’, con las que pretende hacer ver que las acusaciones carecen de fundamento. Así, se desvincula de órdenes, visitas y procedimientos que, en opinión de la Fiscalía, sí acreditan las corruptelas.
Con información de Europa Press*