“Las hipótesis planteadas por Nisman son de una debilidad extrema”

Semana.com: El pasado viernes se conoció la noticia de que la fiscalía argentina imputó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a un centro comunitario judío en 1994. ¿Cómo es que la presidenta terminó involucrada en este proceso? Sebastián Lacunza: El 14 de enero, el fiscal especial de la causa AMIA, designado por Néstor Kirchner en 2004, había presentado la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman y otros por presunto encubrimiento de iraníes acusados por el atentado de 1994. La hipótesis de Nisman era que la Presidenta “pactó con terroristas la impunidad” -en sus términos- para cinco sospechosos iraníes a cambio de un incremento comercial de “petróleo por granos”. El método para llegar a tal fin, según Nisman, fue un acuerdo firmado entre Irán y Argentina en 2013, que básicamente proponía la creación de una Comisión de la Verdad conformada por juristas y la posibilidad de interrogar a los sospechosos en Teherán. El acuerdo no prosperó porque se judicializó y una Cámara de Apelaciones lo declaró inconstitucional, y a su vez en Irán no fue aprobado por el parlamento. Hasta entonces, el juicio por la AMIA estaba empantanado, porque Argentina había solicitado la captura de cinco iraníes y un miembro de Hizbulá para ser indagados en Buenos Aires, y la República Islámica no tenía ninguna intención de entregar a sus funcionarios. La gravedad de la acusación de Nisman provocó un enorme impacto y división política, que se disparó todavía más cuando murió Nisman, el domingo 18 de enero. Lo que ocurrió el viernes pasado es que el fiscal de instrucción Gerardo Pollicita pidió dar impulso a la denuncia, que la tomó como válida en forma íntegra. Sólo no dio curso a solicitar la declaración indagatoria de Fernández de Kirchner. Pollicita es un fiscal que forma parte del bloque crítico u opositor al Gobierno. Ahora debe evaluarse la prueba y, en definitiva, el juez determinará si da curso a la causa, la desmerece o la acepta sólo parcialmente. Semana.com: ¿Las pruebas presentadas por la fiscalía para imputar a Cristina Fernández son contundentes? S. L.: De acuerdo a la opinión de juristas serios y a lo que pudimos evaluar en el diario, no hay pruebas sólidas, y las hipótesis planteadas por Nisman también son de una debilidad extrema, lo que no impide que surjar evidencia en el futuro. Por ahora, delimito la responsabilidad del Gobierno en un marco no menor. Básicamente, tolerar, convivir y usar servicios de Inteligencia con estándares predemocráticos, y dejar que orbiten la Casa Rosada personajes con tenues credenciales democráticas. Ahora, en cuanto a la denuncia de Nisman, un punto nodal esgrimido es que la mentada impunidad de los cinco sospechosos iraníes quedaba evidenciada por el supuesto pedido de levantamiento de la orden internacional de captura. Ocurre que tal pedido nunca ocurrió, al parece, ni siquiera como mera intención. En 2010, con Néstor Kirchner en vida –y eso es importante porque Nisman afirmó que el expresidente en vida era el obstáculo para el “encubrimiento”– Argentina propuso a Irán un acuerdo para llevar a cabo un juicio en un tercer país y en 2013 se firmó el acuerdo para crear una Comisión de la Verdad. El Gobierno esgrimió documentos y mails que demostrarían que insistió en que no se levantaran las órdenes de captura y ello fue confirmado por quien fuera secretario general de Interpol entre 2000 y 2014, el estadounidense Ronald Noble. Dos días antes de que Nisman se matara o lo mataran, Noble lo acusó concretamente de mentir, y especificó que el Gobierno argentino había sido enfático en que no se levantaran las alertas de detención. Tampoco se incrementó el comercio entre Argentina e Irán, un objetivo denunciado por Nisman. Otro punto débil es que el fiscal fallecido se basó casi por completo en escuchas de Inteligencia a ciertos personajes. Vale aclarar que casi toda su actuación en el expediente AMIA estaba atada a un sector de los espías y a las sugerencias de la Embajada estadounidense, como demostró WikiLeaks. Es cierto que las personas escuchadas, activistas de baja calidad, uno de ellos de alto perfil y  frecuente visitante de la Casa Rosada, se prometen cosas, pero también aparecen como meros comentaristas que se enteran de las novedades por los diarios. Por lo cual, habría que probar el vínculo entre esta diplomacia paralela y las órdenes presidenciales. Como influyentes, demostraron ser poco eficaces, porque nada de lo que dicen se transformó en decisiones de Estado. Semana.com: ¿Alguna vez en la historia de Argentina a un presidente en ejercicio se le había iniciado un proceso de imputación por algún delito? S. L.: Fernando de la Rúa, un radical conservador que gobernó desde 1999 a 2001, cuando renunció por el colapso social, estaba imputado desde antes de asumir en una causa por falsos empleados en el parlamento de la Ciudad de Buenos Aires. En el sistema argentino, la imputación corre a cargo del fiscal que identifica a los presuntos autores de un delito, por lo cual es una fase muy preliminar, que significa tan sólo sospecha del denunciante. Luego se abre la etapa de pruebas y si hay elementos que dan sustento, el juez puede decidir el procesamiento y, más tarde, ya con evidencia plena, la condena, que por supuesto puede ser apelada. Ya fuera del cargo, De la Rúa fue procesado y absuelto en varias causas y el conservador peronista Carlos Menem fue condenado en otras. La particularidad de este caso es la gravedad del delito imputado, “pactar con terroristas” para lograr impunidad en el peor atentado de la historia, que dejó 85 muertos, con Cristina Fernández en ejercicio. Semana.com: ¿Este escándalo afectará de manera negativa a Cristina y al kirchnerismo en las elecciones presidenciales de octubre de 2014? S. L.: El gobierno tenía antes de la denuncia de Nisman una imagen positiva de entre 30 y 40 por ciento, y Cristina Kirchner un poco mayor, de acuerdo a quien encuestara. El kirchnerismo demostró ser más hábil en sus horas bajas que en sus horas altas; mejor perdedor que ganador. Por lo cual, hay que ver cómo se desarrolla el proceso. Si el Gobierno puede demostrar que todo se trata de un complot en su contra, puede incluso recuperar terreno. Si surge alguna prueba convincente que demuestre que Cristina Kirchner negoció la impunidad con los iraníes, podría ser devastador. Para octubre, en cualquier caso, hay que prestar atención a la economía, que tiene un andar mediocre en los últimos tres años. El resultado de octubre es muy incierto, pero no descartaría que gane el oficialismo. Semana.com: ¿Todo este episodio no es la muestra de Argentina está pasando por una grave crisis política?   S. L.: La crisis política es tal. Si la Presidenta intentó encubrir a los responsables de un atentado, o si se puso en marcha un complot para destituirla, el estado actual es de crisis política. Semana.com: Hablemos de los protagonistas de este affaire, ¿cuál ha sido el papel los organismos de inteligencia estatales en este escándalo? S. L.: Hay que remontarse a 1983, cuando la dictadura deja un país devastado, con decenas de miles de desaparecidos. Dos instituciones no se democratizaron hasta hoy: las policías y la secretaría de Inteligencia. Los gobiernos soportaron esa convivencia y usaron los métodos ilegales de los servicios, ya no para hacer desaparecer gente en forma masiva, pero sí para perjudicar o condicionar a opositores, jueces y periodistas, y para hacer negociados. A su vez, sectores de la Secretaría de Inteligencia gozaron siempre de cierta autonomía, y opositores, jueces y periodistas hicieron uso de sus servicios. El gobierno de Cristina, diría, hizo uso y abuso. Sin embargo, vio que desde 2012 se le fueron de las manos jueces federales, varios con notorios vínculos con los servicios. Intentó una reforma judicial en 2013 con aspectos positivos y otros cuestionables, y eso puso a jueces y fiscales en pie de guerra. En diciembre, el Gobierno desplazó a Jaime Stiuso, un hombre de Contraespionaje y Operaciones que estaba en funciones desde 1972. Stiuso, de alguna manera, dirigía la investigación de Nisman sobre la AMIA. Cuatro semanas después de que echaran al jefe de espionaje, Nisman vuelve de sus vacaciones Europa, lo que sorprende hasta a su propia familia, y presenta la denuncia contra la Presidenta.   Semana.com: Respecto a Alberto Nisman, que apreció muerto luego de haber presentado la acusación en contra de la presidenta Fernández, ¿en que van las investigaciones? ¿Hay pruebas que sustenten la hipótesis que Nisman no se suicidó sino que fue asesinado? S. L.: Nisman estaba buscando un arma. El sábado 17 de enero, pidió a un asistente con un perfil laboral muy dudoso, Diego Lagomarsino, que le llevara un arma a su domicilio de Puerto Madero, el barrio más seguro de la Ciudad. Lagomarsino lo hizo cerca de las 20 y, estaría probado, volvió a su casa. Luego explicaría que Nisman le había expresado temor de ser atacado en la vía pública, algo raro para un hombre con diez policías afectados a su custodia. El fiscal fue encontrado muerto antes de la medianoche del domingo 18 por su madre, custodios y un médico de un servicio privado certificó su estado. El cadáver tenía un disparo del arma calibre 22 de Lagomarsino, efectuado a un centímetro de distancia de su cabeza, según el peritaje. No había signos de resistencia ni en el cuerpo de Nisman ni en la vivienda. El departamento estaba cerrado con llave y el cuerpo estaba tendido de tal manera que obturaba la apertura de la puerta del baño. El dedo de Nisman quedó rígido en posición de gatillar, producto del espasmo. Hasta ahora, no se encontró ADN de otra persona que no fuera Nisman, salvo un registro en una taza de café que sería de Lagomarsino. Si fue un asesinato, estaríamos ante el crimen perfecto. Otra cuestión es si el suicidio fue inducido, que lo veo difícil pero ciertamente probable. Imagino una extorsión o una amenaza devastadora, pero es una mera hipótesis. Semana.com: Pasando a otro tema, El Buenos Aires Herald fue el primero en difundir la noticia de la muerte de Nisman. Damián Pachter, periodista que escribió la noticia abandonó la Argentina aduciendo que su vida estaba en peligro. ¿Qué tan reales son estas amenazas? S. L.: El periodista trabajaba en en el sitio web, mientras yo dirijo la edición impresa, por lo que mi relación hasta entonces había sido limitada. Él tuiteó la noticia desde su cuenta personal el domingo por la noche, en un día en el que no estaba trabajando. Respeto y le creo cuando afirma que sintió miedo porque alguien le dijo que corría peligro su vida. Si alguien se aprovechó de él para crear zozobra, no lo sabemos. Es probable. A su vez, Pachter no informó a ningún compañero de trabajo ni a nadie dentro del diario o la web que se sentía perseguido o amenazado. Al parecer, le llegó la versión de la amenaza el jueves por la noche, cuatro días después de su tuit, y en el acto dejó la redacción. Hasta ahora, no dio más detalles que los que escribió en el diario Haaretz, que básicamente son los que te comento. Semana.com: ¿Usted o el equipo de El Buenos Aires Herald, han sido víctimas de algún tipo de persecución o de amenaza por informar sobre este affaire? S. L.: No. Hubo, sí, un robo sospechoso en el domicilio de un periodista que escribió una nota exhaustiva en la revista digital Anfibia. Semana.com: ¿Cómo ha sido tratado el caso de la imputación y de la muerte de Nisman por la prensa argentina? ¿Ha habido sesgos ideológicos? ¿El gobierno ha intervenido o manipulado algunos medios? S. L.: La prensa argentina se halla muy polarizada desde hace al menos siete años. Ha habido excepciones, pero en líneas generales, los medios opositores abonaron la idea de que se trató de un magnicidio y dieron aire a toda versión que dijera que la autoría fue del Gobierno, mientras los oficialistas apuntaron para el lado de una trama destituyente. En Argentina hay un actor de los medios que en ciertos segmentos lidera y en otros domina, que es Clarín y es opositor. A su vez, el Gobierno subvenciona a medios que le son afines y da aire a empresarios aliados. Hay otros actores relevantes en posición intermedia, pero lo más estridente es el eje que ubica  a Clarín de un lado y al Gobierno del otro. El primero tiene un parlante más poderoso; al segundo le caben más responsabilidades porque representa al Estado. Semana.com: ¿Cómo considera el estado de la libertad de prensa en Argentina? S. L.: Luego de tres décadas de democracia, hay un grado alto de libertad de expresión. Quizás, el más alto de su historia, lo que es un logro colectivo, no es bendición de nadie. El intercambio cotidiano al menos en Buenos Aires va de la diversidad a lo insultante, por este eje tóxico de la polarización. Es cierto que la libertad de expresión se ve condicionada por la concentración mediática incluso superior a los estándares latinoamericanos, y por un uso abusivo de la publicidad oficial de todos los gobiernos, nacional y locales. A su vez, los medios estatales son casi todos concebidos como gubernamentales, lo cual contradice la ley de medios que el kirchnerismo logró sancionar en 2009 y aplica poco. En las provincias más pobres o periféricas, la libertad de prensa está ciertamente más condicionada.