En la noche del martes 27 de agosto, el senado de Chile aprobó un proyecto en el cual le pedirá al presidente Gabriel Boric enviarle a la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud de orden de arresto contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.
Esto, después de los hechos tras las elecciones del 28 de julio, según los cuales, a pesar de las pruebas de la oposición de haber ganado los comicios, la dictadura se ha autoproclamado ganadora y ha reprimido a los manifestantes.
Según el congreso chileno, los hechos contra Maduro constituirían delitos de lesa humanidad, por lo cual debería responder ante la CPI: “No es posible ignorar el sufrimiento de miles de víctimas por causa de persecuciones de distinta índole ocurridas en la República Bolivariana de Venezuela durante años y en especial por la persecución sufrida por miles de víctimas tras el evento electoral presidencial realizado el 28 de julio del presente año”.
Hace algunos años, la Corte Penal Internacional reabrió su oficina en Venezuela, a pesar de que desde 2017 el tribunal investiga los crímenes de la dictadura venezolana. Esto, cuando en dicho año comenzaron las protestas masivas contra el gobierno de Maduro. Se investigan acusaciones de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y persecución de opositores políticos.
Luego, en 2020, una nueva investigación examina la situación en Venezuela a partir de 2014, abarcando el uso sistemático de la violencia y otras violaciones de derechos humanos por parte del Estado. En su momento, el régimen de Nicolás Maduro rechazó las opiniones del tribunal, acusándolos de estar en interviniendo en los asuntos internos del país y estar aliados con Estados Unidos en un complot contra el gobierno.
En 2021, la Fiscalía de la CPI decidió avanzar a la fase de investigación formal en el caso de Venezuela, lo que significó un incremento en la presión sobre el gobierno de Maduro. En respuesta, el gobierno venezolano firmó un memorando de entendimiento con la CPI, comprometiéndose a cooperar con las investigaciones, aunque ha continuado denunciando el proceso como politizado.
Con ello en mente, la petición presentada por los senadores conservadores Felipe Kast y Francisco Chahúan piden al presidente chileno que “presente una solicitud al fiscal de la Corte Penal Internacional para que se eleve la orden de detención en contra del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro”.
Aun así, aunque la CPI tiene la capacidad legal para emitir una orden de arresto contra Nicolás Maduro si se encuentran pruebas suficientes de crímenes bajo su jurisdicción, la posibilidad de que dicha orden sea ejecutada enfrenta serias limitaciones prácticas, especialmente debido a la falta de cooperación internacional y la protección que Maduro tiene dentro de Venezuela y entre sus aliados internacionales.
Esto teniendo en cuenta que la CPI no tiene su propia fuerza policial y depende de los Estados miembros para ejecutar sus órdenes de arresto. Esto significa que, aunque la CPI pudiera emitir una orden de arresto contra Maduro, la efectividad de esta medida dependería de la cooperación de los Estados.