El Senado de México aprobó en la madrugada de hoy, miércoles 11 de septiembre, la reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al término de una tensa sesión en la que un grupo de manifestantes llegó a irrumpir en la Cámara Alta.
La reforma, que incluye entre sus puntos más polémicos la elección de los jueces mediante voto popular, ya había recibido la semana pasada el visto bueno de la Cámara de Diputados. En el Senado, el texto recibió 86 votos a favor, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, mientras que la oposición ha sumado 41 votos en contra.
La votación, sin embargo, no es definitiva, ya que ahora los senadores iniciarán debates específicos sobre cada uno de los 60 artículos que conforman la reforma. Una vez aprobado en lo particular, el texto pasará a la mesa de López Obrador para su promulgación final.
La irrupción de un grupo de personas en el interior del Senado ha obligado a paralizar temporalmente el debate, mientras en la calle cientos de personas se han concentrado para protestar, en un ambiente tenso en el que los manifestantes ha denunciado el lanzamiento de gases por parte de los agentes.
Cientos de personas protagonizaron peleas con policías antidisturbios tras intentar ingresar la noche del martes a una antigua sede del Senado en Ciudad de México, adonde se movilizaron bajo la lluvia tras invadir la actual sede de la cámara.
“¡El poder judicial no va a caer, no va a caer!”, y “¡ni un paso atrás!”, gritaban los detractores del proyecto, que convierte a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces y magistrados, incluidos los de la Suprema Corte, por voto directo.
Muchos de los manifestantes, principalmente funcionarios judiciales en huelga y estudiantes universitarios, irrumpieron en el pleno donde debatían los legisladores, en escenas que recordaron el asalto al Capitolio estadounidense en enero de 2021 por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump.
López Obrador planteó la reforma en el marco de un enfrentamiento con la Suprema Corte, que le ha bloqueado iniciativas que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.
Sus adversarios denuncian que en realidad pretende eliminar la independencia judicial para instaurar un régimen autoritario y perpetuar a su partido en el poder.
Tras la aprobación de la iniciativa, los actuales ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados (unos 1.600) podrían postularse en elecciones en 2025 y 2027. De no hacerlo, permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.
La reforma es criticada además por expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch.
Coloca a México “en una posición única en términos del método de elección de jueces”, señaló el martes Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.
El otro caso similar en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras los jueces ordinarios son designados por un consejo de la judicatura.
Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).
Para el abogado José Cordero —quien llegó a manifestarse desde Veracruz— con la reforma se está “instaurando una dictadura”. “Los litigantes dependemos de un sistema de justicia autónomo”, declaró a la AFP el jurista de 40 años.
Entre los cambios que trae la reforma, la figura de los “jueces sin rostro” para enfrentar al crimen organizado preocupa a Ana Paola Morales, estudiante de relaciones internacionales de 23 años, pues viola el “derecho de saber quién te está juzgando (y) por qué cargos”.
López Obrador insiste en que el voto acercará la justicia a la gente en este país, donde diariamente se registran unos 80 homicidios y la impunidad supera el 90 %, según oenegés.
*Con información de AFP y Europa Press.