El jueves, luego de seis arduas jornadas de debate, los fiscales y abogados responsables del juicio político contra Donald Trump terminaron de esgrimir sus argumentos ante los 100 senadores de Estados Unidos. El proceso de destitución había llegado la semana anterior al Senado, el último estrado donde se definiría la suerte del magnate. Trump fue acusado de retener ayuda militar de Ucrania hasta que ese país investigara los negocios de la familia de Joe Biden, uno de sus posibles rivales en las elecciones de noviembre. Desde un principio, el juicio se mostró como una disputa marcada entre demócratas y republicanos. Los primeros, ansiosos por presentar nuevas pruebas que incriminaran a Trump, centraron su estrategia en la necesidad de incluir evidencia inédita en el asunto. La más importante, el testimonio de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca y testigo privilegiado de los contactos de Trump con Ucrania.
Para lograrlo, los demócratas, quienes tienen minoría en el Senado, debían convencer al menos a cuatro republicanos para que accedieran a escuchar nuevos testimonios. Esta posibilidad se esfumó el jueves en la noche, cuando Lamar Alexander, uno de los indecisos que podía inclinar la balanza, anunció su decisión. “Fue inapropiado que el presidente le pidiera a un líder extranjero investigar a un oponente político y que retuviera la ayuda militar de Estados Unidos para alentar esa investigación”, expuso el senador. Con esa frase, Alexander dejaba en total incertidumbre los pronósticos sobre la votación del día siguiente, en la que los senadores decidirían si aceptar nuevos testigos y, en consecuencia, dilatar el juicio y comprometer a Trump. Pero al completar su idea, dejó por el suelo las esperanzas demócratas: “La Constitución no le da al Senado el poder de destituir al presidente ni de prohibirle participar en las elecciones solo porque ha hecho algo inapropiado. La pregunta, entonces, no es si el presidente lo hizo”, sentenció Alexander.
Los republicanos, conscientes como Alexander de que Trump sí había hecho valer sus influencias para intimidar al Gobierno ucraniano, minimizaron el asunto durante los debates. Algunos, como Alan Dershowitz, profesor emérito de Harvard e integrante de la defensa de Trump, justificaron el comportamiento del magnate sin ruborizarse. En una de las aseveraciones más controversiales del juicio, el profesor Dershowitz desestimó el argumento de que Trump había exigido al presidente ucraniano un intercambio de favores, el quid pro quo (una cosa por otra). Para él, “todo funcionario público que conozco cree que su elección es de interés público, y así lo es”. Además, agregó que “si un presidente hizo algo que él cree que lo ayudará a ser elegido, no puede ser del tipo de ‘quid pro quo’ que acabe en un juicio político. Esto hace parte de la política exterior”. Lo que significa que, según él, el presidente puede hacer cualquier cosa, legal o ilegal, para asegurar su reelección.
Las revelaciones en el manuscrito de John Bolton sacudieron el juicio contra Trump. Sin embargo, no fueron suficientes para presionar a los republicanos a aceptar nuevos testigos y evidencias. A pesar de esta y otras metidas de pata, los republicanos hicieron frente a la ola de críticas con una coalición infranqueable entre ellos. Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana, se encargó de que sus copartidarios no dieran el brazo a torcer, a pesar de la presión de la opinión pública para que consideraran nuevos testimonios. Esta actitud convirtió el juicio del magnate en una disputa polarizada entre los dos partidos, en la que ninguno de los senadores quería ceder. Lentamente, los republicanos que tenían dudas acerca del tema de los testigos dejaron esta posibilidad a un lado. Además de Alexander, Lisa Murkowski, una de las senadoras que se declaró abierta a la idea, le cerró la puerta justo antes de comenzar el debate final y la votación sobre la nueva evidencia en el Capitolio. El asunto, saldado como una batalla política ganada por la mayoría republicana, deja en total incertidumbre la posibilidad de que en el futuro el Congreso pueda controlar el poder del presidente. Al respecto, Theodore Kahn, analista internacional de la Universidad Johns Hopkins, le dijo a SEMANA que “el resultado del juicio es otra prueba de la polarización implacable que invade todas las instituciones democráticas de Estados Unidos desde hace varios años, y que se ha intensificado bajo el mandato de Trump”.
Los republicanos, en vez de poner en duda las influencias de Trump en Ucrania, le dieron la menor importancia a las llamadas telefónicas y al abuso de poder para alimentar su hambre electoral, a pesar de la evidente gravedad de ello. De nada sirvió que The New York Times revelara a comienzos de esta semana algunas de las confesiones que John Bolton ponía sobre tinta en el borrador de su próximo libro, The Room Where it Happened (La habitación donde sucedió). Allí, Bolton asegura abiertamente que en agosto Trump quería congelar la ayuda militar a Ucrania para perjudicar la carrera electoral de Biden y allanar el camino para permanecer en la Casa Blanca. A pesar de esto, la mayoría republicana desestimó escuchar a Bolton en el Senado, y el Consejo Nacional de Seguridad anunció que prohibirá publicar el libro, con la justificación de que las revelaciones que contiene “están en el nivel de máxima confidencialidad”. Solo dos senadores republicanos, Mitt Romney y Susan Collins, votaron a favor de escuchar nuevos testigos, sellando el destino del juicio. De nada habían servido horas y horas de debate en las que los demócratas demostraron hasta la saciedad los hechos y la gravedad de los mismos para el sistema de pesos y contrapesos. Para Kahn, “este episodio intensifica aún más la sensación de que el otro partido es el enemigo, que no actúa de buena fe. Por eso no existe la posibilidad de una cooperación entre ellos. Eso, a su vez, complica aún más –si no lo hace imposible– el proceso legislativo. Como resultado, es de esperar que la gobernanza a través de decreto ejecutivo se acelere, como ha venido pasando desde hace varios mandatos”.
En las casi dos semanas de su juicio en el Senado, Trump asistió al Foro de Davos, se pronunció en una marcha proaborto en Washington, presentó su plan de paz para el Medio Oriente, firmó el tratado de libre comercio con México y Canadá, y continuó su campaña política en Iowa para opacar las primarias demócratas. Todo esto con la certeza de que sus senadores iban a descarrilar cualquier posibilidad de condena contra él. El fracaso del impeachment contra el magnate representa un duro golpe al Congreso, que vio cómo el presidente se negó a acatar sus órdenes de colaborar con la investigación. Para muchos expertos, el precedente creado podría abrir la puerta a la dictadura. Que una contundente confesión como la de Bolton no haya cambiado la postura de los senadores republicanos no hace más que confirmar la idea de que, en un juicio de esa importancia, no valían los hechos. En definitiva, el prematuro desenlace del juicio a Trump es una terrible noticia para la democracia de Estados Unidos, y de pasada, para el resto del mundo democrático, que se mira en el espejo de Washington.