El régimen de Daniel Ortega ordenó -el miércoles- la detención de al menos 30 periodistas, opositores y activistas que han sido puestos en libertad tras ser acusados de “traición a la patria” o alteración del orden público”.
Según ha denunciado el diario ‘La Prensa’, un número indeterminado de afectados, hasta 30 personas -aunque las organizaciones de Derechos Humanos elevan el número a 40-, han quedado en libertad con la condición de personarse periódicamente ante la Justicia.
“Habló el Ministerio Público, que me acusaba por sedición, propagación de noticias falsas, exposición de personas al peligro y por atentar contra el Gobierno. Después nos dijeron que firmáramos un documento donde teníamos que presentarnos todos los días (ante la Justicia)”, ha relatado el periodista William Aragón.
Entre los detenidos afectados por la ola de arrestos se encuentra también Teresa Mena, líder del movimiento campesino; Iliana Velásquez, excandidata a la alcaldía en el municipio de Terrabona o el defensor de los Derechos Humanos Harold Antonio González González.
Las detenciones se producen después de la celebración del 2 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Las protestas de 2018 se alargaron durante meses y derivaron en una escalada represiva que se saldó en los años posteriores con más de 200 arrestos de personas contrarias a la tesis del Gobierno.
Ortega ha comenzado también una batalla contra las universidades, consideradas el símbolo de las protestas, imponiendo el cierre de decenas de ellas, lo que ha deteriorado la libertad académica. En los últimos meses, ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.
Nicaragua está en desacato permanente, según el presidente de la CIDH
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, dijo en marzo pasado ante el Consejo Permanente de la OEA que Nicaragua está en “desacato permanente” de las resoluciones del tribunal.
“Nicaragua, pese a las medidas adoptadas por la Corte (...) no ha adoptado ninguna decisión en línea con lo que la Corte ha resuelto”, declaró el magistrado en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
Agregó que el gobierno de Daniel Ortega persiste en un “desacato permanente”, pues no ha cumplido ninguna de las ocho resoluciones que la Corte emitió en los últimos dos años.
Pérez Manrique desestimó el argumento de Managua de que las personas detenidas estaban “procesadas por comisión de delitos”.
“En el derecho internacional no se puede invocar el derecho interno para incumplir una decisión [de un tribunal] internacional”, expresó el magistrado uruguayo.
“Cuando el tribunal encuentra a un Estado en desacato permanente, como es el caso presente, el tribunal culmina su intervención y el camino que determina la Convención Interamericana [de Derechos Humanos] es ponerlo en conocimiento de los organismos de la OEA”, añadió.
El Consejo Permanente se limitó a tomar nota de lo expresado por el presidente de la Corte, que tiene su sede en San José, pero no adoptó ningún acuerdo al respecto.
La Corte había declarado en noviembre a Nicaragua en “desacato permanente” y este miércoles presentó el informe respectivo al Consejo Permanente.
En la reunión presentó su testimonio la activista nicaragüense Tamara Dávila, excarcelada el 9 de febrero en un grupo de 222 opositores presos que fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad.
Dávila indicó que todavía hay “37 personas presas políticas” en Nicaragua.
Contó que estuvo detenida desde junio de 2021 en una “celda sellada sin más contacto que el de mis carceleros” y fue puesta en confinamiento solitario al igual que otras presas, como la exguerrillera sandinista Dora María Téllez.
“La Corte [Interamericana] ordenó nuestra liberación en el año 2021 y esta orden fue desacatada. El desacato continúa, pues expatriación, destierro y exilio no es libertad”, agregó Dávila, quien pudo hablar en esta sesión porque el representante de Chile le cedió su lugar.
Nicaragua no participa en la OEA desde que anunció su “renuncia y retiro” del organismo, el 18 de noviembre de 2021. La separación será oficial cuando se cumplan dos años desde la notificación.
Managua ha ignorado las declaraciones y resoluciones de la OEA y sostiene que el organismo, y en especial su secretario general, Luis Almagro, siguen los dictados de Estados Unidos.
En abril de 2022, Nicaragua clausuró la oficina de la OEA en Managua y expulsó a sus representantes.
Con información de Europa Press