El presidente del Perú, Pedro Castillo, se encuentra nuevamente en medio de una tormenta política. El mandatario tuvo que asistir a un interrogatorio realizado por la fiscalía para responder por su presunta participación en una “red criminal” que funciona al interior del gobierno. “Es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado”, dijo el fiscal Samuel Rojas, a cargo de la investigación, según informó la agencia EFE.
Este no es el único lío del presidente. Durante su corto gobierno, este escapista político ha logrado salir de dos procesos de vacancia y también de una investigación adelantada, luego de que se encontrara que plagió buena parte de su tesis de maestría en educación.
Sin embargo, esta nueva investigación parece ser una de las más serias entre las que se adelantan contra el mandatario. Castillo fue llamado a testificar en medio de una serie de acusaciones de corrupción, principalmente relacionadas con la entrega de coimas para la construcción de obras de infraestructura en el país.
La investigación involucra, igualmente, a más de seis miembros del gobierno y a dos sobrinos del presidente que ya fueron requeridos por la justicia. Juan Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, fue requerido por la fiscalía peruana y se encuentra prófugo, razón por la cual la medida no ha sido efectuada. Castillo, que en un principio había dicho que todo se trataba de una persecución política en su contra, acudió al interrogatorio sin dar muchas declaraciones previas.
En un escueto mensaje compartido en su cuenta de Twitter afirmó que iba a asistir para aclarar las denuncias y “en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la justicia”. Una treintena de escoltas y policías acompañaron al mandatario mientras entraba a las instalaciones de la fiscalía peruana. Sin embargo, semanas antes, el equipo de Castillo había interpuesto todo tipo de recursos judiciales para evitar que fuera al interrogatorio.
El argumento de su equipo judicial fue que el mandatario era inmune a los delitos mientras estuviera en el cargo. La legislación peruana, en efecto, no permite que un presidente en oficio vaya a juicio. Sin embargo, dice la fiscalía, sí permite que las investigaciones en su contra puedan seguir su curso normal.
Las acusaciones que pesan sobre Castillo van desde tráfico de influencias hasta organización criminal y colusión agravada. Pedro Castillo no puede bajar la guardia. La crisis política en la que se encuentra, y que en parte él mismo ha ocasionado, no le da descanso. La Comisión de Fiscalización del Congreso pidió, en las últimas semanas, interrogar a Castillo debido a estas mismas acusaciones de corrupción.
Aunque Castillo no está obligado a presentarse, en un acto de “colaboración” con las ramas del poder público, el presidente recibirá a la comisión la próxima semana. Para enfrentarse a esta nueva ofensiva, el mandatario pidió “de manera urgente” la información necesaria para su defensa, según informa el diario peruano La República.
Argumentando una solicitud de transparencia en el proceso, parece que Castillo quiere ganar algo más de tiempo. Esta situación en el Congreso llega luego de que se filtrara, hace unas semanas, un polémico audio que involucra a la presidenta del Legislativo peruano, María del Carmen Alva.
En el audio, altamente difundido en redes sociales, se escucha a Alva decir: “nosotros vamos a sacar solo al presidente”, para luego afirmar “el pueblo está con nosotros”. Tener un presidente respondiendo acusaciones de graves delitos en diferentes instancias del poder público no es un buen para vaticinio para el país. ¿Qué pasará con Castillo después de su presidencia? ¿Será otro expresidente condenado?