Cinco son los periodistas asesinados en México en lo que va del año 2022. La violencia contra los hombres y las mujeres que ejercen esta profesión en el país azteca se extiende por todo el territorio nacional, desde Veracruz, en el golfo de México, hasta Tijuana, en Baja California.
Esta situación ha prendido las alarmas de organismos internacionales y de Gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, al mismo tiempo que llama la atención sobre el preocupante panorama de violencia que azota a esa nación desde hace varias décadas.
México fue catalogado en 2021, según la organización Reporteros Sin Fronteras, como el país más peligroso para ejercer el periodismo. La cifra de comunicadores asesinados durante todo ese año fue de siete. Lo preocupante es que en los primeros meses de 2022 la nación parece perfilarse para romper la cifra, estando a solo dos asesinatos de alcanzar el tope del año pasado y no se ha terminado febrero.
La situación es especialmente preocupante en Tijuana. Tres de los cinco asesinatos contra periodistas se registraron en esta ciudad, que limita con Estados Unidos: Lourdes Maldonado, quien había pedido ayuda al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Amlo) porque sentía su seguridad amenazada; Margarito Martínez, fotorreportero que hacía uso de sus redes sociales para compartir sus reportajes; y Marcos Ernesto Islas Flores, hijo de un respetado periodista de la región, fueron las muertes acontecidas en esta ciudad.
Tijuana es uno de los casos estelares de la violencia en México. Controlada principalmente por el cartel de Tijuana, fundado y manejado hasta el día de hoy por la familia Arellano Félix, es centro de disputa territorial, y punto neurálgico de la migración ilegal y del contrabando que va hacia Estados Unidos.
La cantidad de personas que transitan la ciudad hace que esta sea zona de combate entre los grupos del crimen organizado que buscan controlar rutas de tráfico, no solo de estupefacientes, sino también de personas.
En 2021, Tijuana fue catalogada, por un informe de la Secretaría de Marina, como la ciudad más violenta, con 749 homicidios reportados. Las cifras de ataques contra periodistas se suman a este triste panorama.
El fenómeno de la violencia en México tiene sus raíces en el narcotráfico. En cada ciudad de este país hay por lo menos un cartel ejerciendo control e influencia. El dominio de los narcos no pasa solamente por el poder económico y militar, sino que los grandes grupos del crimen organizado han logrado cooptar instituciones políticas.
El control de las ramas del poder público, entre las que se encuentra la judicial, ha llevado a que los narcos cometan crímenes en medio de la impunidad. Según cifras de la Secretaría de Gobernación, casi un 90 por ciento de los crímenes en contra de los periodistas quedan sin castigo.
Para 2020, dice un informe de la organización México Evalúa, casi el 95 por ciento de los casos presentados a las autoridades judiciales quedaron en la completa impunidad. Esto ha dado a los narcos un monopolio sobre la violencia, que somete a poblaciones enteras mientras se espera la acción del Gobierno.
Para los grupos de narcos, los periodistas son un blanco predilecto. Muchos de ellos fueron asesinados por realizar denuncias o investigaciones, en el ejercicio de la profesión, sobre el poder de los grupos de crimen organizado en sus respectivas ciudades.
Mientras tanto, el Gobierno de Amlo hace poco o nada por solucionar la situación. Por el contrario, el presidente mexicano suele mostrar una actitud desafiante ante los comunicadores que lo cuestionan, acción que no ayuda a garantizar el respeto por la profesión periodística.