Un juez de Brasil revirtió este sábado la suspensión del servicio de mensajería Telegram, determinada la semana pasada en el marco de una investigación sobre violencia en las escuelas y grupos neonazis que actúan en la plataforma, informó un tribunal federal.
El magistrado de segunda instancia Flávio Lucas consideró que extender la medida a todo el país “no es razonable”, ya que afecta “la libertad de comunicación de miles de personas absolutamente ajenas a los hechos investigados”.
Sin embargo, mantuvo la multa diaria de un millón de reales (unos 942.458.053 de pesos colombianos aproximadamente) impuesta a la empresa en la primera instancia, informó en un comunicado el Tribunal Regional Federal-2 (TRF-2), con sede en Río de Janeiro.
La Policía Federal y la fiscalía brasileña habían solicitado a Telegram datos personales de todos los integrantes de los canales “Movimiento antisemita brasileño” y “Frente Anti-Semita”, que las autoridades asocian a ataques en escuelas brasileñas en los últimos meses.
El procedimiento se hizo en el marco de una investigación “sobre grupos nazis y neonazis que actúan en las redes sociales”, de acuerdo con las autoridades de ese país.
El ministro de Justicia y Seguridad de Brasil, Flávio Dino, aseguró a través de un video que “hay grupos llamados Frente Antisemita y Movimiento Antisemita actuando en esas redes, y sabemos que eso está en la base de la violencia contra nuestros niños y adolescentes”, al referirse a los ataques ocurridos en escuelas brasileñas en los últimos meses.
En noviembre pasado, un adolescente de 16 años mató a tiros a cuatro personas e hirió a más de diez en dos escuelas del estado brasileño Espirito Santo (sureste).
Los investigadores confirmaron que el joven interactuaba con grupos antisemitas en Telegram, de acuerdo con una versión publicada el portal de noticias G1, citando fuentes policiales.
El joven “sería integrante de grupos extremistas en Telegram, donde se compartía material de apología neonazi (...) con divulgación de tutoriales de asesinato y fabricación de artefactos explosivos, y videos de muertes violentas”, detalló por su parte el TRF-2.
Según la primera instancia judicial, la compañía de mensajería instantánea solo entregó “parcialmente” los datos solicitados.
La empresa, con sede en Dubai y registrada en las Islas Vírgenes Británicas, alegó el pasado jueves en un comunicado que la información solicitada es “tecnológicamente imposible de obtener” y anunció que apelaría ante la justicia.
“No importa el costo, defenderemos a nuestros usuarios en Brasil y su derecho a la comunicación privada”, dijo entonces su director ejecutivo, Pavel Durov.
El servicio de mensajes, que empezó a mostrar inestabilidad para los usuarios brasileños luego de la orden de bloqueo el pasado miércoles, continuaba sin funcionar correctamente el sábado por la tarde, constató la AFP.
Ataques a escuelas
A principios de abril, cuatro niños de entre 4 y 7 años fueron asesinados en una guardería del estado de Santa Catarina (sur) por un hombre que irrumpió armado con un hacha.
Las muertes conmocionaron al país, que registró en los días posteriores dos nuevos atentados en escuelas, sin víctimas fatales.
Tras los episodios, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció medidas para obligar a las plataformas de redes sociales a cohibir contenidos y perfiles que propaguen o hagan apología de ataques contra escuelas.
Igualmente, intensificó su campaña para que haya una nueva ley que regule la actividad de las plataformas, actualmente en debate en el Congreso.
Telegram ya fue objeto de una orden de suspensión en Brasil en marzo de 2022, cuando un juez de la corte suprema determinó su bloqueo por considerar que la compañía incumplía reiteradamente órdenes judiciales de combate a la desinformación en un año electoral, y no cooperaba con las autoridades en la represión de otros delitos.
Tras la orden de bloqueo, que no llegó a hacerse efectiva, Telegram designó un representante legal en Brasil y detalló ante la justicia sus mecanismos internos para combatir la desinformación.
* Con información de AFP