La Convención Constitucional concluyó este martes la redacción de una nueva Constitución para Chile y, tras un año de trabajo, entregará el próximo lunes el proyecto de Carta Magna al presidente izquierdista Gabriel Boric.
Entre aplausos, abrazos y gritos de júbilo de los 154 miembros de la Convención Constitucional, su presidenta María Elisa Quinteros dio por concluidas las sesiones que comenzaron el 4 de julio del año pasado para redactar una nueva Carta Magna que reemplace la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
“Estamos muy contentos, ha sido un año muy arduo, de mucho trabajo, que se ha expresado en jornadas muy intensas de sesiones. Sin embargo, pese a todos los pronósticos negativos, hemos ido avanzando y llegado en tiempo y forma al cometido que nos fue encomendado”, declaró Quinteros.
La sesión concluyó con la última votación sobre el informe de la Comisión de Armonización, que realizó mejoras en la redacción del texto final y redujo de 499 a 387 los artículos del proyecto de Carta Fundamental.
“Hoy cerramos un ciclo. Tenemos el texto definitivo de propuesta de nueva Constitución. Con esperanza, profundos debates, con democracia, algunos errores, pero con profundo amor a nuestro país, esta Convención propone un nuevo y mejor camino a Chile. El pueblo de Chile dirá”, escribió el constituyente y actor Ignacio Achurra al referirse al plebiscito que se convocará el 4 de septiembre para aprobar o rechazar este texto.
El próximo lunes, los constituyentes se reunirán por última vez en lo que ha sido su sede, el exCongreso en Santiago, para entregar la propuesta de nueva Constitución al presidente Boric, tras lo cual quedará disuelta la Convención Constitucional.
Luego, el presidente Boric deberá convocar al plebiscito con voto obligatorio del 4 de septiembre. Si gana la opción del rechazo, se mantendrá la actual Carta Magna escrita a puerta cerrada durante la dictadura de Pinochet y reformada en algunos puntos durante los 30 años de democracia.
La redacción del texto constitucional fue la salida política que encontró Chile para apaciguar las violentas protestas que estallaron el 18 de octubre de 2019 en reclamo de mayor justicia social en un país muy desigual. El proyecto de Constitución consagra un Estado garante en salud, educación, vivienda digna y una pensión, innova al incluir el derecho a la “interrupción voluntaria del embarazo”.
Establece, además, un nuevo ordenamiento del sistema político y de justicia, junto a una nueva forma de distribuir el poder en gobiernos regionales. La Convención fue la primera en Chile en tener miembros elegidos democráticamente, electos con paridad de género y con 17 escaños reservados para representantes de pueblos indígenas.
Una polémica adhesión
La ola feminista que ha agitado Chile en los últimos años logró incluir el derecho al aborto en la nueva Constitución, que de ser aprobada pondría a este país, hasta hace unos años muy conservador, a la vanguardia mundial en la materia.
La nueva Carta Fundamental, que redacta desde hace más de un año una asamblea constituyente, será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre.
De aprobarse, ubicaría a Chile en las antípodas de Estados Unidos, que acaba de revocar el derecho federal al aborto, al inscribir explícitamente la mención “interrupción voluntaria del embarazo” en su norma constitucional sobre derechos sexuales y reproductivos.
Es una discusión que todavía divide aguas en el país, pero lejos de los tiempos en que la Iglesia Católica imponía su veto, una encuesta de Ipsos de septiembre del año pasado mostró que el 73 % de los chilenos está a favor del derecho al aborto en general y el 41 % considera que debería ser completamente libre.
*Con información de AFP.