A poco menos de dos meses de que los chilenos acudan a las urnas para participar del denominado ‘Plebiscito Constitucional de Salida’, en una cita obligatoria para los habitantes de ese país, y en la que decidirán la adopción, o no, de la nueva carta magna, el diario The Economist ha publicado el pasado miércoles una fuerte columna en la que explica las razones por la que ese país debería seguir operando con el texto rector actual; el mismo legado de la dictadura de Augusto Pinochet.
El texto titulado “Los votantes deben rechazar el nuevo proyecto de constitución de Chile” hace un recuento de las razones por las que decirle ‘sí’ a la nueva Constitución resultará aún más problemático que seguir operando con una carta magna originada en 1980.
De cara a la cita para la refrendación, el próximo 4 de septiembre, The Economist advirtió que la nueva Constitución, que ha recibido críticas incluso desde el interior de la misma Asamblea Constituyente que la construyó, es “una lista de deseos de izquierda físicamente irresponsable”, afirmando que, de entrar en vigencia, esta sería un atentado contra el modelo que, pese a todas las críticas expresadas en las protestas de 2019 y 2020, ha convertido a Chile en uno de los países más prósperos de América Latina, facilitando el crecimiento de las empresas, y con ello, de sus trabajadores y de su economía en general.
Para los analistas de The Economist, el texto de la nueva Constitución, además de ser “absurdamente largo”, también debe ser analizado por los ciudadanos de Chile, en tanto se consolida en un listado de condiciones “fiscalmente irresponsable y excesivamente progresista”, haciendo referencia a una Carta magna con 388 artículos, que si bien busca una serie de garantías para la diversidad poblacional de su país, también representa una guillotina para las condiciones que han permitido el crecimiento de Chile durante las recientes décadas, siendo a su vez un manual de Estado que resulta funcional, y que presenta un ‘modelo de claridad’ que ha permitido a los gobiernos ‘gobernar’.
“Es fiscalmente irresponsable y a veces chiflado”, reza el artículo del referido medio internacional, afirmando que, pese a que la carta magna de 1980 “no era perfecta”, recordando que posee cerca de 60 reformas y enmiendas, sí representa un mapa de ruta más claro para el funcionamiento de Chile.
“El antiguo modelo para gobernar funciona”, refiere la publicación, apuntando a las virtudes de dicha carta magna, considerando que esta ha conducido al “éxito”, mostrado por Chile, y que le ha permitido ‘triplicar’ su PIB, e incluso, presentar resultados en uno de los más ingentes retos: la reducción de pobreza.
Si bien The Economist aplaude o reconoce algunos de los avances que plantea la nueva Constitución en materia social y de derechos para algunos sectores importantes, pero excluidos de la sociedad chilena, aduce que el nuevo documento, que fue presentado por la Asamblea Constituyente al presidente Boric el pasado 4 de julio, representa algunas trabas o situaciones menos favorables para el ‘crecimiento del país’, señalando algunos escenarios menos favorables para el sector empresarial.
En ese sentido, The Economist señala algunas de las consecuencias que podría traer para Chile y su andamiaje empresarial la adopción de la nueva Constitución, advirtiendo el poder que esta confiere a las organizaciones sindicales y cómo un derecho loable como el del trabajo y el de las garantías para combatir la llamada ‘precariedad laboral’, en tanto la ambigüedad de su redacción, pueden resultar contraproducentes.
Según el referido medio, el extenso texto de la nueva Constitución Chilena es “un embrollo confuso”, notando que está marcado por el usos de “lenguaje impreciso”, que puede resultar problemático, en tanto abre las puertas a la ambigüedad, lo que formula a su vez un problema para quienes estarían encargados de ejecutarla.
En ese sentido, también advierte que la nueva Constitución, de ser aprobada, representará una carga incalculable para el presupuesto de la nación, explicando que en este nuevo texto se plantea la creación de nuevos organismos, no obstante, “no se piensa en cómo se financiarán”.
En su llamado, The Economist invita a los chilenos a que “en lugar de desechar la antigua Constitución, deberían desechar la nueva”, reconociendo que si bien la postura presentada puede resultar poco atractiva, o mal recibida por el inmenso grupo de personas que saltó a las calles en 2019 para expresar su inconformismo con el Gobierno Piñera, sí abre las puertas a que se pueda conservar un marco legal que garantiza o provee de herramientas útiles a las administraciones, para seguir en la senda de un Chile próspero y gobernable.
En ese sentido, la publicación advierte que si bien existen actualmente algunos escenarios dignos de revisión en la Constitución de 1980, el conservarla abriría las puertas a su revisión gradual, en pro de construir mejores escenarios en áreas como, por ejemplo, el estado de bienestar, señalando a su turno otras virtudes de la nueva carta magna propuesta, que pueden ser incorporadas, y que considera plausibles, pero que para su aplicación no ameritan el derribar un mapa de ruta que ha mostrado, con resultados tangibles, su eficiencia.
En ese sentido, la publicación resalta, entre otras, la intención de conceder a los pueblos indígenas el derecho a ser educados en su propia lengua, además de factores de descentralización (al regresar competencias a los entes regionales), que podrían ser vistos como una oportunidad para la mejor gestión de los recursos.
Para The Economist, la promesa de formulación de una nueva Constitución se derivó de la necesidad de sofocar una ola de protestas, con cerca de 30 muertos, luego de hacer ver a parte de la población insatisfecha que parte de los problemas de Chile se derivaban de su actual marco legal.
La actual Constitución, o borrador de carta magna, que será sometido a la voluntad de los chilenos en el mes de septiembre, fue realizada por una convención de 155 delegados, que tenía como principal atractivo el ser “paritaria”, no obstante, según The Economist, estuvo viciada por la prelación de representantes de izquierda, lo que marcó la orientación del texto final; sin embargo, también reconoce que estos lograron desechar “algunas de las peores ideas” planteadas en el escenario.
La cita en las urnas para los chilenos, el próximo 4 de septiembre, tiene un carácter obligatorio. La aprobación o rechazo de la nueva Constitución requiere de la mayoría simple.