En medio de una grave crisis política y electoral, las autoridades electorales y fiscales de partidos políticos de Guatemala iniciaron este martes 4 de julio la revisión de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio, tras ser ordenada por la justicia ante una serie de demandas de fuerzas de derecha, una medida que ha desatado críticas en el país y todo el mundo.
El recuento de las actas comenzó el martes por la mañana en el centro de operaciones del proceso electoral, un complejo industrial ubicado en la capital guatemalteca, observó la AFP. El recinto está fuertemente custodiado desde el sábado por policías, militares y un equipo antidisturbios.
La revisión continuará toda la semana y se desconoce la fecha en la que se conocerán los resultados oficiales. Fue ordenada por la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad, tras aceptar provisionalmente un amparo el sábado promovido por un grupo de nueve partidos de derecha que rechaza los resultados.
Con más de un 95 % de las actas escrutadas y antes de la orden del alto tribunal, los socialdemócratas Sandra Torres (15,86 %) y Bernardo Arévalo (11,77 %) fueron los más votados entre 22 aspirantes en los comicios del 25 de junio. El balotaje de las presidenciales está previsto para el 20 de agosto.
Entre los partidos que interpusieron la querella ante la justicia figuran el oficialista Vamos, que postuló a la presidencia a Manuel Conde, tercero en la contienda (con 7,84 %), y Valor, cuya candidata Zury Ríos —hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983)— salió sexta (6,57%).
Las denuncias sostienen que hay más de mil actas alteradas. Esa cantidad de actas representa el 0,82 % de las 121.227 procesadas (de un total de 122.293) en el escrutinio, según cifras oficiales. Con la resolución, la corte ordenó al Tribunal Superior Electoral suspender provisionalmente “la calificación y oficialización de resultados”, y la revisión de las actas electorales.
Las sedes de los dos tribunales han sido escenario de protestas de todos los lados de las corrientes políticas de la nación. Mientras unos exigen nuevas elecciones por supuesto fraude, otros —a favor de los resultados— piden respetar la voluntad popular en las urnas y mantener lo que pasó en los comicios ocurridos el pasado 25 de junio.
Rechazo
La vía usada por las fuerzas de derecha ha desatado críticas por la “judicialización del proceso electoral”. La decisión del constitucional fue criticada por Estados Unidos, la Unión Europea (EU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y diversas organizaciones locales académicas, la Iglesia católica y organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Para el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, este proceso representa una “grave amenaza a la democracia con implicaciones de largo alcance”. “Las acciones para interferir con el resultado de las elecciones violan el espíritu de la Constitución de Guatemala y amenazan la legitimidad de su proceso democrático”, insistió.
“Esa situación se ve hoy agravada por la instrumentalización de la justicia para buscar la invalidación de una elección que el domingo 25 de junio registró la voluntad popular”, aseguró, a su vez, la OEA en un comunicado.
Por su lado, la Unión Europea instó a las “instituciones judiciales y partidos políticos que respeten la clara voluntad de los ciudadanos expresada libremente en las elecciones del 25 de junio”.
“El entrampamiento de amparos y contramparos puede pervertir el sentido de que las elecciones se dirimen en las urnas, ya que la soberanía corresponde al pueblo de Guatemala y no a los tribunales”, afirmó la Conferencia Episcopal de Guatemala.
Este lunes, siete entidades locales distintas que integraron una misión de observación el día de las elecciones afirmaron que la “jornada electoral fue justa, legal y transparente”, en rechazo a todas las acusaciones que han existido de un supuesto fraude ocurrido durante los comicios.
*Con información de AFP.