En abril de este año, el Gobierno de Venezuela expresó su rechazo a la decisión del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, de desestimar el último recurso presentado contra la apertura de una investigación por crímenes contra la humanidad por la represión y persecución de la oposición y denunció sus “fines políticos”.
“Una vez más, el fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos”, apuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.
En medio de estas tensiones entre el organismo y el gobierno de Maduro, el presidente de Venezuela se reunió con el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, en el primer contacto entre ambos desde que se confirmaran las investigaciones abiertas sobre la presunta comisión de crímenes contra la humanidad en ese país.
Khan llegó a Venezuela procedente de Colombia, cumpliendo una tercera visita a esta nación sudamericana tras las de noviembre de 2021 y marzo de 2022.
La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió en noviembre de 2021 una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2017, año en el que se registraron más de un centenar de muertes en protestas contra Maduro.
El funcionario de la CPI y el mandatario venezolano, en ese momento, firmaron un memorando en el que el gobierno chavista se comprometía a tomar “medidas” para garantizar “la administración de justicia”.
En el encuentro que sostuvieron ambos en las últimas horas, Maduro se ha limitado a confirmar en Twitter que, en esta “reunión de trabajo”, las dos partes han hablado de los avances tras la firma de un memorando de entendimiento bilateral. “Seguiremos ampliando los mecanismos de trabajo con esta instancia”, ha subrayado.
Por su parte Khan, que también se ha visto con otras autoridades en Caracas, incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez, tiene sobre su mesa un examen preliminar que analiza los posibles abusos cometidos a raíz de la represión de las protestas opositoras de 2017.
Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la opacidad en torno a las actividades de Khan en esta última visita, pues han estado cerradas a la prensa independiente. La ONG Provea pidió en un comunicado que divulgó en Twitter que las víctimas de violaciones de derechos humanos sean “escuchadas” frente a la “ausencia de justicia”.
“Se necesitan investigaciones genuinas”, apuntó Provea. “Los Jueces, Fiscal y miembros de la CPI no deben ser víctimas de ataques y estigmatización por parte de las autoridades venezolanas y actores de poder”.
El fiscal Khan ha dicho que hay bases para creer que han ocurrido violaciones “sistemáticas” de derechos humanos en Venezuela, pero el gobierno de Maduro le ha acusado de tener una “visión claramente prejuiciada” y alega que el sistema de justicia responde ante los excesos de las fuerzas del orden. Más temprano, antes de la cita con Maduro, Khan habló con el fiscal general, Tarek William Saab.
Hay varios puntos pendientes acordados por Venezuela y la CPI en el pasado, como la apertura de una oficina de ese tribunal en Caracas. Familiares de víctimas recientemente entrevistados por la AFP esperan que la justicia internacional mantenga los focos sobre Venezuela.
“Necesitamos que la investigación continúe (...), es la única forma de que nosotros podamos tener, en algún momento, un poco de paz”, comentó Elvira de Pernalete, madre del universitario Juan Pablo Pernalete, quien murió el 26 de abril de 2017 en Caracas, golpeado en el pecho por una bomba lacrimógena que disparó un militar durante una manifestación.
Con información de AFP y Europa Press*