La Fiscalía General de México recibió en las últimas horas una solicitud formal de extradición por parte de Estados Unidos para Ovidio Guzmán López, narcotraficante hijo del líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
A pesar de que esta medida inicia los trámites, las autoridades esperan que el proceso sea largo, ya que Guzmán tiene varias opciones legales para impugnar el proceso. De hecho, a principios de febrero, un juez otorgó una suspensión de la extradición.
El acusado se enfrenta en Estados Unidos a cargos de conspiración por presuntamente importar y distribuir drogas en el país junto a su hermano Joaquín Guzmán López.
Asimismo, el investigado, conocido como ‘El Ratón’, se enfrenta a la acusación por haber liderado una facción del Cártel de Sinaloa desde 2008, según fuentes consultadas por el periódico ‘Milenio’.
Guzmán fue capturado en un operativo especial que tuvo lugar en enero en Sinaloa, cuando personal de la Guardia Nacional identificó a varias personas armadas en camionetas, que atacaron a los guardias en el momento en el que se solicitó que bajasen de los vehículos.
El ministro de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, explicó entonces que los militares identificaron varias camionetas blindadas, tras lo que se estableció “un esquema operativo de seguridad interinstitucional”, con un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos. Posteriormente, hicieron un llamamiento a los integrantes para que bajaran de los vehículos y proceder a una identificación policial. Los militares fueron objeto de “agresión armada”.
“Después de controlar la agresión directa se identificó a Ovidio N (...) Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre ellas el aeropuerto y la base aérea militar 10″, relató, al tiempo que el Ejército se movilizó ante los disturbios registrados en la ciudad.
Cresencio, que señaló que la detención supuso seis meses de trabajo, calificó la detención de Guzmán como un “golpe contundente” a la cúpula del poder del cártel del Pacífico.
Estados Unidos sancionó a una red ilegal mexicana por proveer sustancias químicas al Cartel de Sinaloa
La Administración de Control de Drogas (DEA) sigue señalando al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los dos principales responsables del tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia territorio norteamericano.
De hecho, la misma directora de la agencia estadounidense, Anne Milgram, instó a México a incrementar sus esfuerzos y “hacer más” contra los carteles en ese país que controlan el tráfico de los opioides sintéticos, una de las prioridades en el gobierno de Joe Biden.
Por este y otros motivos, el gobierno norteamericano impuso en las últimas horas sanciones económicas a varias empresas incluyendo una red de seis mexicanos por proveer sustancias químicas a “superlaboratorios” del Cártel de Sinaloa que producen fentanilo.
Según el comunicado emitido por el departamento del Tesoro, el objetivo de la organización era “desviar precursores químicos ilícitos directamente a las manos de miembros del Cártel de Sinaloa y operadores de laboratorio, ayudando a reforzar “el papel del Cártel de Sinaloa como facilitador preeminente del fentanilo ilícito y otros letales”.
Las investigaciones hablan de la participación de los hermanos Ludim Zamudio Lerma y Luis Alfonso Zamudio Lerma, quienes suministran precursores químicos ilícitos a miembros de alto nivel del Cártel de Sinaloa, incluido Luis Gerardo Flores Madrid, que trabaja para Ovidio Guzmán López (el hijo recientemente capturado de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera).
El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, preocupa sobremanera en Estados Unidos, sumido en la peor crisis de drogas de su historia, con 107.735 muertos por sobredosis o envenenamiento accidental entre agosto de 2021 y agosto de 2022.
Con información de Europa Press