Tres acusados por la explosión de drones cargados de explosivos en un acto del presidente Nicolás Maduro en 2018 fueron sentenciados a 30 años de prisión, pena máxima en Venezuela, informaron este viernes familiares de los condenados.
María Delgado Tabosky, el mayor retirado Juan Carlos Marrufo y el coronel retirado Juan Francisco Rodríguez fueron condenados por cargos de “terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir” en una audiencia que comenzó la noche del jueves y que se prolongó hasta la madrugada del viernes, dijo a la AFP una fuente familiar que pidió mantener su nombre en reserva.
María Delgado Tabosky, de 48 años y de nacionalidad venezolano-española, es hermana de Osman Delgado Tabosky, quien vive en Estados Unidos, acusado por el gobierno de Maduro de haber financiado un atentado con dos drones que estallaron en las proximidades de una tarima en la que el mandatario presidía un acto con militares, el 4 de agosto de 2018, en Caracas.
Marrufo, de 52 y con doble nacionalidad venezolana e italiana, es su esposo. “Ellos jamás tuvieron relación con los hechos. Simplemente fueron detenidos por ser familiares de una persona presuntamente vinculada”, sostuvo la fuente.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU estimó que las detenciones de Delgado Tabosky y Marrufo, en 2019, fueron “arbitrarias”. Ambos han permanecido presos por tres años y ocho meses y están recluidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas.
Sus familiares piden casa por cárcel por motivos de salud y han solicitado sin éxito a los gobiernos de España e Italia interceder por la pareja. Otros 17 acusados por el caso, entre ellos el exdiputado opositor Juan Requesens, fueron condenados en agosto pasado a penas de entre cinco y 30 años de cárcel.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, no descarta convocar elecciones anticipadas
La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó este viernes que a pesar de que juró ocupar el cargo hasta 2026, “si la sociedad y la situación lo ameritan”, adelantarán las elecciones generales.
La exvicepresidenta no descartó convocar una nueva cita en las urnas, después de que se extendieran protestas por el país demandando que se cierre el Congreso y se designen nuevos representantes en la Cámara y se vote un nuevo jefe de Estado.
“Cuando se juró el cargo hace dos días, se hizo hasta 2026; sin embargo, si la sociedad y la situación lo amerita, adelantamos las elecciones”, afirmó en declaraciones a la prensa recogidas por La República.
Boluarte también hizo referencia al expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido acusado de los delitos de rebelión y conspiración por disolver el Congreso y convocar elecciones ante una moción de vacancia presentada contra él.
“Creo que el planteamiento de la cuestión de confianza ha sido el punto de quiebre. Yo lamento mucho que se haya dado esta situación inesperada. Nadie lo esperaba hasta la semana pasada, en Consejo de Ministros”, aseguró.
La nueva presidenta de Perú informó que en los próximos días visitará a su antecesor en el cargo, Pedro Castillo, preso por un supuesto delito de rebelión, y ha dejado en manos de México la posibilidad de que tanto él como su familia puedan recibir el asilo político.
“En unos días más, si se me permite luego de la juramentación del nuevo gabinete, yo quisiera ir a saludar al presidente Pedro Castillo porque el hecho que haya suscitado de esta manera tan rápido y violenta, también me duele”, dijo la nueva presidenta peruana, quien asumió el cargo de manos del Congreso.
“He leído el texto donde disolvía el Congreso, inmediatamente él buscaba que se reorganice el Ministerio Público, el Poder Judicial y demás. El gabinete ha ido renunciando. En un momento quisiera ir a visitarlo y saber qué pasó”, insistió.
*Con información de AFP.