El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua inhabilitó este viernes al partido de derecha Ciudadanos por la Libertad (CxL), que encabeza una alianza opositora contra la reelección del presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre, tras anular su personería jurídica.
El CSE ordenó “cancelar la personalidad jurídica del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL)”, indica una resolución del tribunal, leída por el secretario de actuaciones del organismo, Luis Luna, a medios oficialistas.
La medida deja al principal bloque opositor CxL fuera de las elecciones generales de noviembre, en las que Ortega, un exguerrillero de 75 años que está en el poder desde 2007, busca obtener un cuarto mandato sucesivo.
El CSE tomó la decisión luego de que el también derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza parlamentaria y que ha sido señalado de colaborar con el Gobierno, pidió horas antes al CSE anular al CxL alegando actuaciones reñidas con la ley.
Según el texto presentado por el PLC, el bloque opositor de CxL tiene como presidenta nacional y representante legal a Carmella Rogers Amburn, conocida en el ámbito político como Kitty Monterrey, quien “tiene doble nacionalidad (estadounidense y nicaragüense), en notoria violación a la ley”.
Ante esta supuesta irregularidad, el PLC pidió al CSE “declarar nulo todo lo actuado por el partido CxL”.
El Tribunal Electoral, en manos del oficialismo, también canceló la cédula de identidad de la presidenta de CxL.
Según el CSE, la presidenta de la agrupación “utilizó procedimientos irregulares” y “ha venido teniendo comportamientos fuera de las condiciones y regulaciones técnicas legales para esta clase de organizaciones políticas”.
Esta semana, el Partido Ciudadanos por la Libertad ya había sufrido otro revés, tras la inhibición de su candidata a la vicepresidencia, la exreina de belleza Berenice Quezada.
Quezada quedó inhibida luego de que el Ministerio Público anunciara en un comunicado que será procesada por los delitos de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”.
El ministerio informó que la acusación contra Quezada fue admitida el martes por un tribunal de Managua y que solicitó que el proceso “sea llevado en libertad”.
La ley nicaragüense prohíbe postular a cargos de elección a personas bajo investigación judicial.
Quezada había sido inscrita el lunes ante el Tribunal Electoral como compañera de fórmula del candidato a la presidencia Óscar Sobalvarro, un exguerrillero de la extinta contrarrevolución que Estados Unidos financió en los años ochenta contra la revolución sandinista del actual presidente, Daniel Ortega.
Pero unas polémicas declaraciones que ofreció cuando salía del tribunal provocaron malestar en un grupo de partidarios del Gobierno, que el martes la acusó ante la Procuraduría de Derechos Humanos de “incitar al odio”, al tiempo que pidió su inhibición. Según el bloque opositor, Quezada fue retenida por la Policía la noche del martes en su domicilio.
Detenciones
El proceso para las elecciones del 7 de noviembre se desarrolla en medio de una serie de detenciones de opositores, con 31 importantes disidentes arrestados desde junio.
Entre los presos están siete aspirantes a la Presidencia que son acusados de “traición a la patria”, un delito que la ley imputa a quienes incitan a la injerencia extranjera y aplauden las sanciones internacionales adoptadas contra Managua desde 2018 por violación a los derechos humanos.
La mayoría de los detenidos se habían inscrito como precandidatos de CxL, como el exdiplomático Arturo Cruz, el político Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro.
También planeaba adherirse al bloque opositor Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien antes de ser puesta bajo arresto domiciliario estaba bien posicionada para enfrentarse a Ortega, en el poder desde 2007.
Los arrestos han sido cuestionados por la comunidad internacional, que ha pedido a liberación de los opositores y llamado a elecciones transparentes en Nicaragua.
A las voces críticas se sumaron viejos aliados del sandinismo, como el expresidente brasileño Lula Da Silva, quien instó a Ortega a “que no abandone la democracia”.
“Toda vez que un gobernante se empezó a creer insustituible, toda vez que un gobernante se empieza a creer imprescindible, surge un poco de dictadura en ese país”, comentó Lula en una entrevista con la televisión mexicana TVT la semana pasada en referencia al mandatario nicaragüense.
Con información de la AFP.