Donald Trump busca contener como sea una verdad que se sabe a voces. Los recientes libros sobre sus delirantes últimos días en la Casa Blanca dejaron claro que la irracionalidad del magnate llegó a un punto impensado. Peril, escrito por Bob Woodward, el periodista del Watergate, reveló que, incluso, se pensó en un enfrentamiento con China y que Trump le habría sugerido a su vicepresidente alterar los registros electorales para asegurar una reelección.
Por lo anterior, la divulgación de los registros de la Casa Blanca que contienen los detalles de lo que pasó el catastrófico 6 de enero tienen al magnate en alerta máxima. No es para menos. Ese día quedó claro que detrás de las manifestaciones y el asalto al Capitolio en Washington podría estar él.
El caso le dio la vuelta a Trump este jueves. Una jueza de Washington cuestionó el jueves la demanda del expresidente Donald Trump para bloquear la publicación de registros de la Casa Blanca, que podría implicarlo a él o a sus colaboradores en el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos. Cuatro semanas después de que el presidente Joe Biden aprobó la publicación de los mismos registros, la jueza Tanya Chutkan expresó sus dudas sobre el reclamo de Trump sobre el privilegio presidencial para mantener bajo sello las comunicaciones y los registros de visitantes relacionados con ese día.
Los documentos fueron solicitados por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga los hechos violentos del 6 de enero, donde cientos de partidarios de Trump obligaron al cierre del Congreso y retrasaron una sesión conjunta que confirmaba a Biden como ganador de las elecciones de noviembre y nuevo presidente. La demanda de Trump pretendía una suspensión para detener la divulgación de los documentos, argumentando que como expresidente conservaba privilegios para proteger su trabajo y comunicaciones.
“El expresidente tiene derechos respecto a hacer valer el privilegio”, reclamó el abogado de Trump, Justin Clark. Sin embargo Chutkan lo desafió a citar cualquier precedente, a la luz de la orden de publicar que ya dio Biden. “¿Cómo debo sopesar el reclamo de privilegio de un presidente anterior cuando el presidente actual dice que no hay ninguno?”, preguntó la jueza. “Los derechos del expresidente son menos significativos porque es un expresidente”, añadió.
“La persona que mejor puede determinar si existe un privilegio ejecutivo sería el ejecutivo”. También cuestionó la afirmación de Clark acerca de que el Comité Selecto, que también ha citado a los colaboradores de Trump para testificar, no tiene una razón legítima para procurar esos documentos. “Debe haber al menos un propósito legislativo detrás de la solicitud”, advirtió Clark.
De nuevo, Chutkan preguntó: “¿Realmente está diciendo que los apuntes del presidente, los temas de conversación y las charlas telefónicas del 6 de enero no tienen relación con el asunto sobre el cual el Congreso está evaluando la legislación?”. “El motín del 6 de enero ocurrió en el Capitolio. Eso es literalmente la casa del Congreso”, recordó.
Sin embargo, Chutkan estuvo de acuerdo con Clark en que la solicitud de documentos de los comités, que incluye archivos que datan de abril de 2020, podría ser demasiado amplia. Un abogado que representa al comité, Douglas Letter, explicó que querían demostrar que Trump alentó el ataque avivando la ira entre partidarios. “Este ataque no surgió de la nada”, advirtió Letter al tribunal.
“Se han hecho muchos intentos antes de las elecciones para tratar de generar una gran desconfianza (...) de modo que si el presidente Trump perdía, pudiera decir que fue injusto y generar mucha ira de manera que derivara en (hechos como) el 6 de enero”, afirmó. Letter sugirió que incluso si el tribunal consideraba que algunos documentos deberían excluirse, no debería impedir que la mayor parte de ellos fueran entregados al comité. Chutkan, ante la urgencia de la solicitud de Trump de una suspensión para bloquear la divulgación, aseguró que emitiría un fallo “rápidamente”.
Trump estuvo permanentemente involucrado
¿Qué tan culpable es de lo que sucedió? Para Liz Cheney, representante republicana por Wyoming, la respuesta es clara: Trump sí tiene algo que ocultar. “Los registros parecen revelar una cosa: sugieren que el presidente Trump estuvo personalmente involucrado en la planeación y ejecución del 6 de enero, y esta comisión llegará hasta el fondo de eso”, dijo Cheney a CNN.
En la Cámara de Representantes se conformó, contra reloj, una comisión para investigar la responsabilidad del exmandatario en esos ataques al Capitolio. El grupo ha estado en el ojo del huracán al ser constituido por tan solo dos republicanos frente a la mayoría demócrata de 11 representantes.
Algo que, a juicio de los simpatizantes de Trump, evidencia la parcialidad en la indagación. Mientras tanto, la estrategia del magnate es evitar a toda costa que la delegación pueda operar. Invoca el “privilegio ejecutivo”, un término legal tachado de artimaña y que, básicamente, permite que los presidentes puedan mantener sus secretos.
Según la demanda interpuesta por el exmandatario ante un tribunal del distrito de Washington, “La petición del comité no es otra cosa que una vejatoria e ilegal ofensiva”, y agrega que es “abiertamente respaldada por Biden y designada para investigar de forma inconstitucional al presidente Trump y su administración”.
Además, los representantes legales del magnate acusaron directamente al presidente Joe Biden de estar detrás de la comisión y de la investigación contra el expresidente, ya que, según ellos, se trata de “una maniobra política miope” para poder “acomodar a sus aliados partidistas”; los abogados, en su comunicado, argumentaron que la delegación está “abiertamente respaldada por Biden y designada para investigar de forma inconstitucional al presidente Trump y su administración”.
Asimismo, cuatro de los asesores más cercanos al exmandatario fueron llamados a declarar por la comisión investigativa para tratar de entender este caso. Pero al menos uno ya le ha mostrado su lealtad total al expresidente, como el influyente consejero y radical Steve Bannon, quien anunció la semana pasada que no se presentará a la audiencia a la que fue citado por los representantes de la junta. El argumento de Bannon es el mismo de la defensa de Trump: no están obligados a revelar nada debido al “privilegio ejecutivo”.
La ausencia de Bannon en la comisión abrió una nueva polémica, pues para los demócratas se le debería obligar a ser partícipe del proceso y declarar sobre su conocimiento. La pelota estará en el campo del Departamento de Justicia, que debería pronunciarse sobre el caso del exasesor presidencial, ya que, de no hacerlo, prácticamente le estarían dando el visto bueno al actuar de Trump y a la obstrucción a la justicia del consultor republicano.
Esta argumentación no tiene validez para el Gobierno demócrata de Joe Biden, que considera que debe apartarse de parte de los exfuncionarios de Trump en aras de encontrar la verdad sobre lo ocurrido en el Capitolio y la responsabilidad o no que pueda tener el exmandatario.
Querer detener los planes de Trump no es algo a lo que solo aspira el Gobierno Biden, sino todo el Partido Demócrata y sus allegados. Para la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el bien mayor es llegar a la verdad de “uno de los días más oscuros vividos por el Congreso”, como se refirió al asalto del Capitolio.
Los demócratas están en una carrera contra el tiempo para constatar si Trump tuvo algo que ver con las manifestaciones, ya que en menos de un año serán las elecciones intermedias, y la mayoría demócrata se podría alterar en la Cámara de Representantes, algo que puede cambiar el destino de la acusación.
Si a mitad de año no se ha podido inculpar a Trump y los republicanos recuperan la cámara menor, serán los mismos partidarios del expresidente los que deberán validar nuevamente a la comisión de investigación, algo que no parece realista, más con las intenciones del magnate de lanzarse de nuevo a la presidencia en 2024.
Por ahora, la comisión asignada en la Cámara de Representantes sigue con su curso investigativo a pesar de las trabas puestas por Trump y su equipo. Actualmente, intentan encontrar testimonios de funcionarios que sepan qué tanto sabía el expresidente, qué tanto decidió actuar y qué tanto omitió para dar rienda suelta al caos que se vivió en el Capitolio.
Algo que, según sus más fuertes detractores, es una obviedad; el entonces presidente había pronunciado un discurso horas antes de la invasión, alegando su teoría de que Biden había hecho fraude para ganar las elecciones, lo que agitó a las masas y no solo no pudo probar, sino que le valió un impeachment del Congreso.
Biden, el del veredicto final
El presidente Biden autorizó la liberación de un primer material de registros. Esto, a pesar no solo de Trump, sino de que ningún tribunal ha decidido si el privilegio ejecutivo se extiende a los expresidentes, algo que ha sido tachado como apresurado.
Los ojos del mundo estarán sobre Trump y sus funcionarios más cercanos. Esta semana se declaró inocente de los cargos de obstrucción a la justicia el agente de policía Mark Milley, de más de 25 años de servicio. Él fue acusado de haber enviado mensajes en Facebook a grupos de fanáticos para que eliminaran las fotos de los disturbios.
La guerra entre Biden y Trump es evidente. El presidente Biden no tendrá piedad con el magnate después de acusarlo de haber hecho fraude en las elecciones. Y Trump, aunque parece poco probable que gane la demanda que instauró, tiene el claro objetivo de retrasar cualquier decisión que tenga la comisión. ¿Logrará mantener sus archivos ocultos?