En momentos en los que Estados Unidos aún se encuentra de luto por la trágica muerte de 21 personas al interior de una escuela primaria de la localidad de Uvalde, en Texas, a manos de un pistolero de 18 años, un nuevo hecho violento prende las alarmas de las autoridades de ese país y acrecienta el debate sobre la necesidad de la limitación del uso de armas.
El nuevo hecho violento fue otro un tiroteo, esta vez durante la celebración de un festival en homenaje a los ‘caídos en guerra’, que se celebraba en la localidad de Taft, Oklahoma, dejando un saldo de una persona fallecida y siete heridos.
Sobre la persona fallecida, medios locales han precisado que se trató de una mujer de 39 años, mientras que los heridos comprenden a personas que van desde los 9 hasta los 56 años, quienes tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica, debido a las heridas recibidas por impacto de las balas.
De la lista de siete personas heridas, una de ellas es un niño de nueve años de edad, quien fue alcanzado por las balas, en un escenario que generó desconcierto e indignación en los asistentes al evento, en el que se calcula estaban cerca de 1.500 personas, según datos revelados por medios internacionales y presentados por las autoridades de ese estado.
Sobre el origen del tiroteo, las primeras versiones de testigos, recabadas por las autoridades, señalan que los disparos surgieron en el marco de una discusión entre asistentes al lugar, y tienen como responsable a un hombre de 26 años, identificado como Skyler Buckner, quien se presentó voluntariamente ante las autoridades tras lo sucedido.
Esta última información fue confirmada a través de un comunicado por la Oficina de Investigación del estado de Oklahoma, precisando que, tras los hechos, se había emitido una orden de arresto en contra el joven, considerado el principal sospechoso de los hechos.
Aunque el tiroteo sucedió cerca de la medianoche del pasado sábado, el pistolero se entregó el domingo en la tarde a las autoridades.
A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de dicho estado, Kevin Stitt, manifestó su rechazo por lo ocurrido, y aplaudió la rápida acción de las autoridades para controlar los momentos de caos surgidos tras la balacera, que despertó la indignación y el pánico entre los asistentes al festival.
El político también había pedido la rápida detención de los responsables.
La polémica sobre el uso de armas se acrecienta en EE. UU.
Mientras ocurría este hecho violento en Oklahoma, el pasado domingo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill, se desplazaron hasta la localidad de Uvalde, en Texas, escenario de la matanza del pasado 24 de mayo, para presentar su saludo de condolencias a las familias de las víctimas.
Durante su discurso, en rechazo de los actos violentos, y en tanto la matanza en la primaria de Uvalde es considerada la más sangrienta y mortal de las últimas dos décadas, Biden aseguró que “es momento de actuar”, refiriéndose a la necesidad de que los legisladores de su país den el visto bueno a los proyectos que buscan reglamentar el derecho al uso de armas, consignado en la llamada segunda enmienda.
Sin embargo, dicha aprobación de leyes de regulación tiene una oposición muy grande, representada en un grupo de senadores, en su mayoría republicanos, y al lobby que desarrollan los miembros de la Asociación Nacional del Rifle.
Está entidad, durante el pasado fin de semana, precisamente en Texas, adelantó su asamblea anual con la participación incluso de figuras políticas como el expresidente Donald Trump y el senador por Texas Ted Cruz, quienes ratificaron su respaldo a la defensa al derecho del porte de armas.
Dicha convención despertó una serie de protestas dentro de la población de la ciudad de Houston, quienes cuestionaron la realización del encuentro, justo en el estado en el que hacía pocos días se había perpetrado la matanza a manos de un joven de 18 años, identificado como Salvador Ramos.
Según datos revelados por medios locales de Estados Unidos, la situación de los actos violentos que tienen como víctimas a niños ha llegado a límites históricos, convirtiéndose, incluso, por encima de los accidentes de tránsito, en la principal causa de mortalidad infantil en ese país.
Datos emitidos por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades refiere que mientras que los accidentes de tránsito dejaron en 2020 un total de 4.036 menores víctimas, las muertes asociadas a actos violentos llegaron a 4.368, de los cuales un porcentaje cercano a la tercera parte se refiere a suicidios, lo que requiere que además de políticas de regularización de tenencia de armas se fortalezca la salud mental en el grupo etario.