La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó en las últimas horas las pretensiones de Nicaragua contra Colombia para ampliar su plataforma continental en el Caribe, una zona rica en recursos de pesca y en petróleo.
Los jueces de la máxima corte de la ONU, con sede en La Haya, rechazaron por 13 votos contra cuatro los argumentos de Nicaragua contra una sentencia de 2012 que le otorgó una gran extensión de sus zonas marítimas en el Caribe, pero sin ir más allá de las 200 millas náuticas.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró una “gran victoria para Colombia en La Haya”. “La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago”, afirmó Petro.
En ese contexto, SEMANA habló en entrevista con Carolina Olarte, la actual embajadora en Países Bajos, quien acompañó el proceso de defensa de Colombia ante el tribunal en el cargo de coagente durante este litigio.
Carolina Olarte es además abogada de la Universidad Javeriana, con maestría en derecho internacional de la Universidad Robert Shumman de Estrasburgo y una experta en el tema.
SEMANA: ¿cuáles fueron las peticiones de Nicaragua y qué se definió hoy en la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto a este litigio?
Carolina Olarte (C. O.): Nicaragua tenía una pretensión que consideramos desde el inicio infundada y exorbitante de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas e incluso sobreponiéndose con la plataforma continental de Colombia. Bajo ese supuesto, Nicaragua le estaba pidiendo a la Corte Internacional de Justicia que entrara a delimitar ese solapamiento de las plataformas continentales. Colombia defendió desde hace más de diez años una postura, por supuesto, contraria a esa pretensión, demostrando con argumentos jurídicos, con argumentos técnicos y con argumentos científicos que no existía tal prolongación de la plataforma continental y que no había una base jurídica que le diera el derecho a la Corte y así mismo a Nicaragua de solicitar una delimitación.
¿Qué ocurrió el día de hoy? El día de hoy asistimos a un fallo final que cierra definitivamente ese caso ante la Corte Internacional de Justicia y que versó específicamente sobre la interpretación que hizo la Corte de las respuestas que el equipo legal colombiano dio en diciembre del año pasado en las audiencias orales que estaban restringidas específicamente al ámbito jurídico. Hoy la Corte dio su veredicto final y consideró que no existía tal base jurídica y, por lo tanto, las pretensiones de Nicaragua, exorbitantes y expansionistas, se cayeron por completo.
SEMANA: ¿cómo fue esa preparación de ustedes para defender a Colombia y cuáles fueron los puntos más difíciles que ustedes encontraron en ese camino?
C. O.: el caso que planteó Nicaragua fue un caso que desde el comienzo capturó la atención de toda la comunidad internacional, de los expertos en derecho internacional y de todos los países que tienen costas en mares semicerrados. En ese orden de ideas. La preparación creo que fue de todo un país y de toda una comunidad que siempre estuvo pendiente de lo que iba a resolver en este caso concreto.
Este es un caso que lleva mucho tiempo y que ha tenido una trayectoria en manos de distintas personas. Un equipo legal muy sólido que cuenta con expertos internacionales que se mantuvieron a lo largo de todo ese camino que surtió este caso, con técnicos y científicos que elaboraron el material de base para poder controvertir las aspiraciones de Nicaragua y con el grupo o los equipos de agentes, que son las personas que dirigen la estrategia legal. En el caso particular nuestro, el equipo de agentes, nombrado por el actual Gobierno nacional en octubre del año pasado, tuvo que enfrentarse a una situación compleja, demandante y, además, especial e inusitada.
Por primera vez en la historia, la Corte Internacional de Justicia decidió encapsular el caso a dos preguntas jurídicas concretas y en octubre, el 4 de octubre del año pasado, le pidió a Nicaragua y a Colombia que, en un tiempo récord en hasta la primera semana de diciembre, elaboraran argumentos para presentarlos en audiencias orales específicamente y exclusivamente sobre la base jurídica de las pretensiones de Nicaragua.
Ese fue un momento crítico, importante, que nos abocó a un trabajo incesante, constante, de articulación con todo el trabajo que se venía realizando diez años atrás y de engranaje perfecto con el resto del equipo para reencaminar la estrategia y responder de la manera más contundente a las dos preguntas específicas que formularon en diciembre. Ese creo que fue un momento importante en todo este procedimiento.
SEMANA: ¿haber reconocido la delimitación por parte de la Corte hubiera implicado una inestabilidad para toda la región?
C. O.: estoy plenamente convencida de ello. Sin duda alguna, una decisión distinta a la que afortunadamente tomó la Corte el día de hoy habría subvertido de una manera dramática el orden internacional. Los intereses de terceros estados, incluso que no tenían relación con las fronteras de Colombia y de Nicaragua, iban a verse altamente perjudicados. El tema del cual se ocupó la Corte el día de hoy era un asunto que no había sido decidido todavía por ningún tribunal internacional y lo que hoy decidiera la Corte iba a ser crucial; si la Corte le daba la razón a Nicaragua y decidía entrar a delimitar la cantidad de demandas que iban a surgir tanto ante este tribunal como en otros, iba a generar un caos en el orden mundial.
SEMANA: ¿usted cree que esta decisión vaya a afectar en algo las relaciones entre Colombia y Nicaragua?
C. O.: yo creo que aquí es importante tomar en consideración que esta fue una decisión en derecho en un espacio estrictamente jurídico. En principio, cuando se trata de controversias que cuentan con normas y con instituciones que las pueden resolver por medios pacíficos. Esa decisión, esa resolución de esos órganos judiciales, no tendría por qué impactar negativamente al resto de las relaciones. Por supuesto, acá en los distintos Estados, y en este caso Colombia y Nicaragua, hacen una evaluación de los resultados y sobre la base de los mismos, pero muy especialmente de su política exterior, toman las decisiones que tengan lugar.
SEMANA: hay una negociación pendiente con Nicaragua. La Corte en 2022 les dijo a Colombia y a Nicaragua que si querían proteger los derechos de los raizales, de los afros, de los pescadores, pues tenían que negociar cómo van a administrar ese límite.
C. O.: la decisión de la Corte, en el fallo abril de 2022, invita a las partes, en palabras de la Corte, a que se reúnan y tomen una decisión y negocien cómo van a trabajar en torno a los derechos de pesca de las comunidades raizales. Ese es un asunto que queda claramente establecido en esa decisión y cuya implementación, interpretación y cualquier decisión que de allí se derive es sujeto a la adopción de una política pública específica. Estos son asuntos que han estado sobre la mesa de los gobiernos nacionales, en particular de este Gobierno, y que están siendo analizados de manera muy cuidadosa, privilegiando siempre los intereses de las comunidades y en este caso de la comunidad raizal, así como la sostenibilidad del planeta y los intereses del Estado colombiano.