Este 19 de diciembre, desde la rama de las Naciones Unidas que busca velar por los refugiados y desplazados por la violencia, Acnur, reveló su preocupación por la situación que se vive en esta materia en Latinoamérica, recalcando que Colombia, Honduras y Ecuador, son de los territorios más afectados.
Según indicó la agencia internacional, una quinta parte de los 100 millones de desplazados por violencia a nivel mundial, se encuentran en el continente americano, por lo se ha indicado que se necesitan medidas urgentes para responder a esta problemática, todo esto como el resultado de la investigación, análisis y visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.
Al parecer, tras la visita del alto comisionado y sus reuniones con entidades estatales locales, así como líderes comunitarios y los mismos afectados, la entidad llegó a la conclusión que si bien, desde los gobiernos de cada país se está atendiendo con esfuerzo la situación, trabajando incluso, con otras organizaciones sociales, comunales e internacionales para resolver la emergencia.
“Los países de América Latina y el Caribe están haciendo grandes esfuerzos no solo para prevenir el desplazamiento, sino también para ofrecer protección y soluciones a millones de personas, de diversas nacionalidades, que han sido desarraigadas por conflictos, violencia y violaciones a los derechos humanos. Son extraordinarios el compromiso y la solidaridad mostrados, sin embargo, las comunidades locales y de acogida también necesitan ayuda,” indicó Grandi. “Ha llegado el momento de reproducir, ampliar y vincular todas estas acciones para maximizar el impacto.”
Sin embargo, las ayudas se estarían quedando cortas a la hora de atender a la gran cantidad de personas que han salido de sus hogares en busca de una vida mejor, y una las poblaciones más afectada y que todavía se encuentran sufriendo de inestabilidad, violencia y pobreza, es el desplazamiento de personas venezolanas a lo largo del continente.
“Para las personas desplazadas por la fuerza resulta difícil encontrar estabilidad y, por tanto, se embarcan en peligrosas travesías debido a la creciente violencia en algunos países, el costo de vida que va en aumento, las dificultades económicas provocadas por la pandemia de COVID-19, y la profundización de la pobreza a causa del desempleo y los bajos sueldos”, indicó Acnur, frente a la problemática situación.
“Insto a los gobiernos donantes, a las agencias de desarrollo, a las instituciones financieras internacionales y al sector privado a invertir más en los países de origen, tránsito y destino para apoyar las ejemplares respuestas al desplazamiento forzado que se han dado en la región. Entre las respuestas se encuentran iniciativas de regularización, integración e inclusión social de personas refugiadas y desplazadas”, explicó Grandi.
Así entonces, se resaltó que para Colombia, la población desplazada no solo se centra en los venezolanos que salen del vecino país para encontrar un nuevo trabajo y formar nuevamente su vida, sino que para esta nación con un largo historial de conflicto armado interno, los afectados continúan siendo los residentes de zonas rurales y algunas capitales con altos índices de violencia, a pesar de los avances que se han logrado tras el acuerdo de paz.
Tras su visita a Honduras, Grandi resaltó que en este país también se ha consolidado un desplazamiento forzado, y a su vez, también es un territorio de acogida para miles de personas de Latinoamérica y el Caribe que dejan sus países “desesperadamente” para encontrar protección y seguridad.
Y para Ecuador, la organización internacional resaltó que la población desplazada venezolana, y colombiana determinan una gran parte de los afectados, aunque también se encuentran de otras nacionalidades, sin embargo, los primeros mencionados ya han iniciado los trámites para la regularización en estas zonas.
“Estoy convencido de que el desarrollo – sobre todo facilitando la integración y la inclusión de personas refugiadas y desplazadas por la fuerza – es la mejor forma de prevenir el desplazamiento, de contribuir a las economías locales y de mitigar la necesidad de emprender peligrosas travesías,” aseveró Grandi. “Ayudar a las personas forzadas a huir a encontrar estabilidad, protección y medios para reconstruir sus vidas es clave al abordar movimientos de este tipo.”