En Estados Unidos se está llevando a cabo una nueva versión de la Asamblea General de la OEA, donde 33 países miembros se reúnen por 3 días para discutir las medidas que adoptará el grupo contra las naciones que han sido denunciadas por violación a los derechos humanos y libertad de expresión.
Por su parte, Estados Unidos es uno de los países partidarios de reforzar la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado en 2001 en Lima para promover los principios democráticos.
Para ello proponen un proceso de revisión voluntario para los países, así como fomentar la democracia preventiva y la educación cívica. “Hay mucho por actualizar” porque la Carta Democrática Interamericana procede “de una época en que todavía no había militancia política digital” y los efectos de la tecnología no tenían la misma dimensión, estimó Almagro.
SEMANA está presente en este cubrimiento especial desde Washington, donde tuvo la oportunidad de hablar con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez uruguayo Ricardo Pérez Manrique, quien fue Ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Manríquez asumió en nombre de Uruguay la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, integrada por países de Europa y de las tres Américas, y fue vicepresidente por Uruguay de la Asociación Mercosur de Jueces de Infancia y Juventud. Además, ocupó el cargo de presidente de la Asociación Uruguaya de Magistrados y operadores judiciales de Familia, Infancia y Adolescencia.
SEMANA: la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a los países de la región para actuar contra la represión en Nicaragua, ¿de qué manera pueden los países afrontar este desafío?
RICARDO PÉREZ MANRIQUE (R. P. M.): la Corte, después de tomar una serie de medidas provisionales respecto de la protección de la vida, la libertad, la integridad personal, el acceso a las defensas, el acceso a las familias y a la salud, se encontró con una situación en que Nicaragua decía directamente que no iba a cumplir las disposiciones de la Corte.
Por esa razón, declaró a Nicaragua en estado de desacato y solicitó una entrevista al Consejo Permanente de la OEA; esta se concretó hace unos meses, estuvimos aquí en Washington, donde informamos a la Asamblea Permanente sobre la situación de Nicaragua y dijimos que, conforme el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, planteábamos el tema a nivel de la instancia política de la organización, porque era la que tenía que hacer efectiva esta garantía colectiva, tomando en el plano político y en el plano de las competencias propias de la OEA, las medidas que fueren necesarias para de alguna forma tratar de evitar que se siguieran cometiendo violaciones a los derechos humanos.
Hoy la Asamblea, a partir de aquella presentación que nosotros hicimos, estudia la posibilidad de tomar alguna medida y eso está a nivel político. La Corte lo que ha hecho es comunicar cuál era la situación de incumplimiento de sus decisiones y hoy, como está previsto, (en) la Convención Americana, son los Estados los que tendrán que decidir qué camino siguen.
SEMANA: Señor juez, la libertad de prensa está preocupando mucho a Colombia en estos momentos. Se han vivido recientes ataques, incluso por parte del presidente Gustavo Petro, ¿le han llegado denuncias sobre este aspecto en específico de lo que ocurre en Colombia?
R. P. M.: No me han llegado denuncias. Yo siempre digo que la libertad de expresión está permanentemente bajo presión, no digamos bajo ataque, pero bajo presión de distintos órdenes, y que los Estados y las sociedades tienen que estar muy atentos a otros Estados, a estos ataques contra la libertad de expresión. Porque, como dijo la Corte ya en 1985, una sociedad que no está libremente informada, nunca puede ser una sociedad libre. Entonces, el rol fundamental que cumplen las y los periodistas y los medios de comunicación en la difusión de información y en la conformación de elementos para un debate público robusto y con argumentos son los que hacen posible que exista la democracia y el Estado democrático de derecho.
SEMANA: El Salvador y las políticas contra las pandillas en El Salvador han recibido críticas de algunas organizaciones pro derechos humanos por las medidas que se han tomado contra los delincuentes en ese país. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Y la opinión de la Corte sobre el caso de El Salvador en específico y la lucha contra las pandillas?
R. P. M.: la opinión de la Corte la da través de sus sentencias y sus decisiones, por esa razón yo no puedo dar una opinión sobre El Salvador. Como ciudadano de la región, trato de informarme de lo que pasa en cada país de la región, pero no sería conveniente que yo emitiera ninguna opinión personal.
SEMANA: ¿Cuáles son esas denuncias que ha recibido la Corte recientemente sobre violación de derechos humanos en Cuba y Venezuela?
R. P. M.: Cuba salió del sistema en 1958, antes de la Convención Americana, por tanto, nunca estuvo abarcado por el Sistema Interamericano de Protección, más allá de que por su situación en la OEA, que sería un Estado suspendido, la Comisión Interamericana realiza algunas actividades de monitoreo.
Respecto de Venezuela, en el 2013 se concretó su salida del sistema. Y, justamente a raíz de una opinión consultiva que se nos pidió, la Corte dijo que un país que denunciaba la carta de la OEA y que denunciaba la Convención Americana, de todas formas no podía renunciar a sus compromisos y obligaciones con los derechos humanos, y que había una garantía colectiva que todos los Estados debían ejecutar, sea en el marco de la OEA o del sistema universal, a los efectos de hacer que los derechos humanos en Venezuela sean debidamente respetados.
SEMANA: ¿Ustedes van a estar presentes también monitoreando lo que ocurra en Colombia después de las manifestaciones que tuvieron lugar en el 2021? ¿Cuál es el paso a seguir de la Corte en Colombia?
R. P. M.: Bueno, nosotros vamos a Colombia por una invitación del Estado en el mes de octubre. Allí vamos a realizar audiencias de casos que no son de Colombia, porque esa es la regla: que no realizamos audiencias sobre del país en el cual estamos de visita y vamos a hacer audiencias de supervisión, de cumplimiento en casos que ya han sido fallados y en los cuales están pendientes de cumplimiento de la sentencia.
Estas visitas son aprovechadas por la Corte y por los propios gobiernos para realizar contactos, para hablar, para plantear los distintos problemas que tiene cada Estado en su relacionamiento con la Corte desde el punto de vista del cumplimiento de las sentencias; también realizamos actividades académicas, convenios de cooperación y nos comunicamos con la sociedad civil y con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
SEMANA: ¿Hay un día exacto de octubre en el que van a estar allá?
R. P. M.: Estamos seguros de que va a ser la segunda semana de octubre, pero todavía no está ajustado totalmente.