Este martes, 26 de julio, se conoció un nuevo fallo judicial por parte de las autoridades uruguayas, en el que el Tribunal de apelación de ese país revocó una orden emitida en semanas pasadas por un juez, que ordenó la suspensión del proceso de vacunación que adelantaban entidades oficiales y cuyo objetivo era la inmunización de menores de 13 años frente al coronavirus.
La noticia de la nueva disposición judicial fue dada a conocer y celebrada por el Ministerio de Salud Pública, más precisamente por el encargado de dicha cartera, Daniel Salinas, quien afirmó que las autoridades habían revocado la ‘sentencia referida a la vacunación infantil”.
En su trino, el funcionario también advirtió que, próximamente, las autoridades sanitarias de Uruguay comunicarán a la opinión pública los detalles de la reanudación de la campaña de vacunación prevista para las poblaciones comprendidas entre los cinco y 13 años.
La decisión del Tribunal de apelaciones se conoce en medio de un complejo contexto mundial, en el que el aumento de los casos de coronavirus ha encendido las alarmas internacionales, en momentos en que una nueva y poderosa cepa ha comenzado a circular por varios países de la región.
La decisión que había frenado la vacunación
Sobre la decisión que otrora había dispuesto la suspensión del plan de vacunación en menores de 13 años, medios internacionales han precisado que esta fue tomada el pasado 7 de julio de 2022 por el juez Alejandro Recarey, quien en su sentencia había ordenado la “suspensión inmediata” del proceso en el referido grupo etario.
Aquella decisión había previsto que la suspensión solo estaría vigente, mientras que las autoridades del Gobierno uruguayo no hicieran públicos los términos de los contratos firmados para la adquisición de dichos medicamentos al laboratorio Pfizer.
En ese mismo sentido, la providencia judicial emitida en aquel momento establecía, además, una exigencia a las autoridades sanitarias, pidiendo que previo a la inoculación del biológico, los responsables pudieran adelantar un completo proceso informativo a los pacientes, para dar a conocer tanto el contenido, como los beneficios, riesgos y prejuicios que hasta el momento se han derivado, según la evidencia científica, de la aplicación de estas vacunas.
Aunque en su momento el Ministerio de Salud se había mostrado respetuoso de la sanción judicial, aplicando de manera inmediata la suspensión del referido proceso de vacunación, sus representantes también dispusieron llevar la situación ante los estrados judiciales para apelar de manera inmediata la disposición, advirtiendo que le visto bueno que había permitido en su momento el inicio de la vacunación en menores de 13 años, estaba sustentada en la ‘evidencia científica disponible’ señalando que el medicamento aprobado es seguro para los niños, añadiendo que dada la necesidad del regreso de las actividades escolares presenciales, dicho proceso de vacunación, es necesario.
Según detallan medios internacionales, si bien en el proceso de apelación el ministerio presentó las pruebas del sustento científico para aprobar la vacunación de los niños, en dicho proceso no se entregaron detalles sobre el proceso de compra de las vacunas con la empresa Pfizer.
Dicha situación fue argumentada por el Gobierno por la existencia de cláusulas legales de confidencialidad en la negociación, por lo que dicha información no podía ser pública.
En Colombia, el uso del tapabocas volvió a ser obligatorio en espacios cerrados y transporte público
Ante el reincremento de los casos diarios de coronavirus que se han detectado en nuestro país, las autoridades nacionales han dispuesto retomar la recomendación para que usuarios de los sistemas de transporte público vuelvan al uso obligatorio de tapabocas, como parte de las medidas para mitigar los casos de contagio en esta nueva ola de la enfermedad.
En ese mismo sentido, las autoridades han afirmado que se deben volver a reforzar las medidas para el estricto cumplimiento de las demás estrategias de bioseguridad, llamando a que, además del transporte público, el tapabocas vuelva a ser una medida obligatoria al interior de espacios cerrados, y para aquellas personas que visitan centros geriátricos, teniendo en cuenta que las personas mayores se encuentran en mayor riesgo de afectaciones derivadas de la enfermedad.