La opositora venezolana María Corina Machado descartó este lunes abandonar su candidatura presidencial, tras el fallo de la Corte Suprema de ratificar una inhabilitación política que, en la práctica, le impediría participar en las elecciones previstas para este año.
“Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió su candidato, punto”, dijo Machado ante seguidores, tres días después del fallo judicial, que tachó de “grotesco”.
“Si ellos creen que declararon mi inhabilitación, pues que lo sepan bien: declararon el fin de esta tiranía”, añadió la dirigente, que arrasó en las primarias de la oposición en octubre con más de 2 millones de votos (92 % del escrutinio). “Vamos a ganar y ellos que se preparen para perder”, afirmó.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tomó la decisión dentro de un mecanismo creado bajo presión de Estados Unidos para que los candidatos inhabilitados pudieran impugnar la sanción, en medio de los acuerdos suscritos en Barbados por gobierno y oposición en un proceso de negociación que media Noruega. Esos acuerdos incluyen además la celebración de las elecciones presidenciales en el segundo semestre del año, con observación de la Unión Europa y otros actores internacionales.
Machado ya había sido inhabilitada por un año en 2015 por asistir como “embajador alterno” de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos, donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían “la salida” de Maduro y dejaron 40 muertos. Pero la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado, en el auge de su campaña en primarias.
La Sala Político Administrativa del TSJ validó el viernes los argumentos de la Contraloría para inhabilitar a Machado –que asegura nunca fue notificada de la sanción– por ser “partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”.
Guaidó, hoy en el exilio, fue reconocido entre 2019 y 2023 como presidente encargado del país por Estados Unidos y otras decenas de países, que presionaron con sanciones la caída sin éxito de Maduro.
Maduro, en el poder desde 2013, no ha confirmado su candidatura, aunque aparece como candidato natural del chavismo para las elecciones venideras de este año.
Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” impide aspirar a la Presidencia.
Machado ya había sido inhabilitada por un año en 2015 por asistir como “embajador alterno” de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos, donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían la salida de Maduro y dejaron 40 muertos. Pero la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado, en el auge de su campaña en primarias.
La Sala Político Administrativa del TSJ validó los argumentos de la Contraloría para sancionar a la política liberal de 56 años por ser “partícipe de la trama de corrupción”, vinculada al dirigente Juan Guaidó, que manejó recursos bloqueados en el exterior y “propició el bloqueo criminal” y “el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero”.
Machado sostiene que “nunca” fue notificada del acto administrativo en su contra y mucho menos pudo tener acceso a la defensa. La delegación opositora en la mesa de negociación exigió el sábado que la decisión fuera revertida, y adelantó que denunciaría la situación ante Noruega, así como ante los gobiernos de Francia, Colombia y Brasil, involucrados igualmente en el proceso de diálogo.
*Con información de la AFP.