Varios colegios de Buenos Aires, Argentina han sido tomados por los propios estudiantes, como una forma de protesta por varios temas con los que quieren manifestar su desacuerdo. Uno, la calidad de los alimentos que están recibiendo los jóvenes en las escuelas. Dos, la calidad estructural y arquitectónica de los edificios donde funcionan los planteles educativos. Y tres, los jóvenes se quejan frente a las prácticas empresariales (pasantías).
Sobre las prácticas empresariales, los estudiantes critican la reforma educativa que implementó el gobierno de Buenos Aires el año pasado, que abre pasantías en empresas privadas y estatales, y que los alumnos califican simplemente como una forma de “trabajo gratis”, que no les aporta a su proceso educativo.
Respecto a los alimentos, los jóvenes se han quejado de que llegan en malas condiciones y no cubren a todos los estudiantes. Los edificios y la infraestructura han sido tachados por quienes protestan como inseguros.
El diario argentino ‘Clarín’ habla de un total de 15 colegios que han sido tomados. Además, informan que la Policía ha hecho presencia en varios colegios. Los estudiantes que participan de estas tomas son menores de 18 años, es decir, aún menores de edad. Varios han pasado las noches en las instalaciones.
La primera toma inició el viernes 23 de septiembre y el problema se ha extendido hasta las propias familias de los estudiantes, pues las autoridades argentinas han manifestado que los padres de los niños podrían estar detrás de instigación a las protestas.
¿Por qué el Gobierno ha llegado hasta los padres de quienes protestan?
La ministra de Educación argentina, Soledad Acuña, en conjunto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, presentaron acciones civiles contra los padres o tutores de los estudiantes involucrados en las manifestaciones. De hecho, les hicieron una reclamación económica de 1,5 millones de pesos argentinos, es decir, cerca de 10.200 dólares por cada día de clases que se ha perdido.
La propia Policía de la ciudad se presentó en los domicilios de los padres de los estudiantes para notificarles de la apertura de estas investigaciones.
Para la ministra Acuña, son los alumnos los que pagan el costo, por no poder acceder al servicio de educación por las tomas. Además, también lo pagan los ciudadanos que financian la educación pública: “El costo de las tomas lo pagan los chicos con días perdidos de clase y los ciudadanos que sostienen la educación pública con sus impuestos. Desde el @gcba impulsamos las denuncias penales y las demandas civiles a los adultos responsables de los estudiantes que participan”.
La ministra manifestó por el mismo medio que son los propios estudiantes quienes tendrán que asumir con su patrimonio el costo de los salarios por las jornadas perdidas. “En la ciudad queremos a nuestros estudiantes en las aulas y no estamos dispuestos a poner a cuenta de todos los ciudadanos el costo de escuelas cerradas a la fuerza”, añadió con contundencia.
La ONG argentina “Centro de Estudios Legales y Sociales”, defensora de los derechos humanos, calificó las denuncias contra los padres, de parte del Gobierno, como “políticamente lamentables y jurídicamente inviables”, de acuerdo con sus declaraciones compartidas en su cuenta de Twitter. Además, lamentaron que algunas medidas tomadas por el Gobierno sean intimidatorias, como, por ejemplo, pedir la identificación de las familias que no retiren a sus hijos de las protestas. También se quejaron de la toma de fotografías de parte del Gobierno, por los daños causados al “patrimonio escolar”.
Mientras todo se resuelve, los estudiantes de estos colegios suman varios días sin recibir clases.