Las elecciones en Venezuela fueron hace dos semanas y Nicolás Maduro ya lleva una ejerciendo como presidente. Pero la crisis política que se desató desde que el candidato de la oposición, Henrique Capriles, se negó a conocer los resultados, continúa en Venezuela, un país en donde el enfrentamiento político pareciera no conocer límites y cuyo estatus de democracia y Estado de derecho están hoy en entredicho.Los ataques de varios representantes del gobierno, que no han cesado de llamar “fascista” a Capriles, quien es descendiente de judíos sobrevivientes del holocausto, se pasaron de la raya esta semana. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, célebre por sus declaraciones explosivas, le dijo a Capriles que ya le tenía la celda preparada para que pagara por los crímenes que cometió al incitar la violencia callejera, además de decirle que era un drogadicto que necesitaba rehabilitación. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, llegó a decir que, además de tener problemas con las drogas, Capriles era un enfermo mental y que quería convertir a los médicos cubanos en prisioneros como Ana Frank, en campos de concentración.Mientras tanto, en el centro de Caracas, y en el Estado Miranda, donde Capriles es gobernador, los chavistas empezaron a recoger firmas de gente para revocar su mandato como gobernador y llevarlo a la cárcel. Capriles se ha hecho el sordo ante los comentarios odiosos de representantes del gobierno, pero los retó a que dejaran de amenazar, y que si querían llevarlo a juicio, lo hicieran. “El que no la debe no la teme”, dijo.Persecución a otros líderes políticosOtros líderes de la oposición también han sido vilipendiados en esta guerra de micrófonos que se libra en Venezuela, pero más grave que los insultos, han sido otros hechos que hablan de un grave clima de hostilidad y represión contra quienes se consideran opositores en el país.El gobernador del Estado Lara, Henri Falcón, y quien dirigió el comando de campaña de Capriles, denunció esta semana amenazas de muerte contra su vida y la de su familia. Dijo que incluso una de ellas, que tenía grabada, proviene de un alto funcionario del Estado.Los militantes del partido Voluntad Popular también denunciaron persecución en contra de algunos de sus líderes, seguimientos por parte de detectives del SEBIN, e incluso un atentado por parte de hombres armados contra una de sus dirigentes. Ese partido también reveló a principios de la semana un video en el que aparece el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, amenazando con sacar a los empleados de la entidad que simpaticen con la oposición, pero especialmente con el partido Voluntad Popular, al que califica de fascista. “ Me importa, en absoluto, lo que digan las normas laborales”, dice el ministro en el video, mientras es aplaudido por otros empleados que cantan: “así, así, así es que se gobierna”. El ministro luego dijo en una entrevista por televisión que “no ha habido ningún despido, ni lo va a haber. Es un llamado de conciencia a todas las personas que tienen que entrar en razón.”
Freddy Guevara, concejal de Voluntad Popular y quien fue uno de los más importantes líderes estudiantiles durante las protestas universitarias del 2007 en Venezuela, dice que el gobierno se ha ensañado contra el partido porque ha promovido actos de resistencia y rebeldía contestatarios, especialmente con estudiantes en todo el país. “Quieren hacerle creer a la gente que somos violentos, pero nuestras actividades son pacíficas. Los derechos no se mendigan, ni se negocian. Se exigen y la protesta es un derecho”, dice.Vale recordar que varias de las protestas estudiantiles han sido amedrentadas por grupos chavistas y el gobierno ha insistido en que esos estudiantes son pagados por el gobierno de los Estados Unidos. El miércoles, las autoridades capturaron a Timothy Tracy, un cineasta estadounidense, de 35 años, graduado de la Universidad de Georgetown que se encontraba en Venezuela haciendo un documental sobre los sucesos políticos y la lucha estudiantil. El gobierno lo acusa de ser un agente financiador de grupos violentos.Pero no todo el amedrentamiento contra líderes políticos es de organismos o funcionarios del Estado. En el barrio Petare, algunos líderes del partido Primero Justicia, el de Capriles, también han sido amenazados espontáneamente por sus vecinos. A Nelly Larco y a su familia les han dicho que van a quemarles la casa si se ponen a cacerolear. “Ser opositora en el barrio no es fácil, ya que los “guapos y apoyados”, imitan al legítimo” dice.Empleados públicos amenazadosAl interior de varias entidades oficiales se vive un clima de intimidación. No sólo en el Ministerio de Vivienda han amenazado a los empleados que se presume son opositores. En varias gobernaciones, en la empresa estatal de comunicaciones CANTV, en PDVSA, en las empresas mineras del Estado, y uno de los canales de televisión hay ambiente de cacería de brujas. Están revisando las cuentas de Twitter y de Facebook de los empleados para conocer sus tendencias políticas. Incluso en una entidad le pidieron a los trabajadores enseñar quienes eran los contactos de sus celulares.En CANTV la situación es peor. Según denunció Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones al diario El Universal, la empresa tiene acceso a los mensajes de texto que han enviado sus trabajadores porque tiene sus teléfonos intervenidos.Un grupo chavista abrió también una página de Facebook llamada “Denuncia al traidor de la patria” para recolectar videos y fotos donde aparezcan empleados públicos manifestando su preferencia por la oposición. “Publiquemos evidencias fotográficas de personal contratado de Dirección de Educación y Corposalud participando en actividades políticas de la oposición. Aquí hay una gobernación bolivariana y al que no le guste la revolución que no se beneficie de ella”, decía uno de los mensajes del grupo, antes de que fuera reportado y cerrado por Facebook, porque ya aparecían varias personas etiquetadas como “traidoras”.Ante estas denuncias de acoso laboral que están siendo recolectadas tanto por grupos de derechos humanos, sindicatos y partidos de oposición, la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, dijo que si la persecución laboral fuera una práctica común del chavismo, ya no quedaría un solo empleado opositor en las oficinas del estado. Ramírez también criticó a las ONG de derechos humanos por tomar partido político y de faltar a la verdad.Sociedad civil y periodistas cuestionadosProvea es una de las ONG que está siendo atacada por el gobierno, especialmente por el ministro de Información, Ernesto Villegas. Esta organización sacó un informe la semana pasada en el que afirmaba que los Centros de Diagnóstico Integrales, que según el gobierno fueron atacados por caprilistas furibundos porque ahí atienden médicos cubanos en los barrios, estaban en perfectas condiciones al día siguiente.“Medios y ONG se unen para hacerse cómplices del acoso a médicos y pacientes asediados por caceroleros, pistoleros y arrolladores al volante" dijo el minsitro Villegas en su cuenta de Twitter luego de que Provea revelara el informe, que apareció en varios medios de comunicación. También calificó a la ONG de ser “retaguardia del fascismo” y “antichavista”.De manera independiente, algunos medios de comunicación también fueron a comprobar si efectivamente algunos centros habían sufrido daños y publicaron historias al respecto. El gobierno dice que tiene pruebas de que los centros fueron atacados, pero que los arreglaron en tiempo récord para que siguieran funcionando, versión que ha resultado poco creíble entre la opinión pública porque el gobierno no se ha caracterizado por su eficiencia a la hora de reparar infraestructura dañada o en malas condiciones.Los medios de comunicación y periodistas, tanto oficilistas como de oposición también han sido objeto de intimidación y ataques en las últimas semanas. El Instituto de Prensa y Sociedad reportó que durante el mes de abril ha habido 48 ataques contra la libertad de expresión. La polarización política ha desembocado en agresiones físicas contra reporteros que se consideran parcializados hacia un bando u otro. Lo grave es que el presidente Maduro le pidió a los medios tomar partido, hecho que fue fuertemente criticado esta semana por Jose Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. “El llamado de Maduro a que los medios se definan si están con el gobierno o con el "fascismo" es una burda violación a la libertad de expresión porque es un claro ejemplo de censura”, dijo.Los medios de comunicación, además, han sido la ventana principal por donde la gente denuncia algunos de estos hechos de violaciones a derechos humanos. Los líderes de la oposición insisten en que hay que denunciar también ante los organismos de control para dejar constancia, así las investigaciones no prosperen. La falta de confianza y garantías que muchos venezolanos sienten con sus instituciones y la justicia es una señal de lo cuestionado que está hoy Venezuela como Estado de derecho.