A través de un documento escrito, el funcionario que tiene presencia permanente en la Organización de Naciones Unidas (ONU) le pidió al organismo investigar las operaciones mercenarias que han ocurrido en América Latina en los últimos meses.

Para el embajador venezolano, es evidente que, a la luz de las disposiciones jurídicas del organismo, el asesinato del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse, “reúne todas las condiciones establecidas por el derecho internacional para definirse como un ‘acto de agresión’”.

En medio de su relato, que se extiende 45 páginas, Samuel Moncada describe que este tipo de crimen relacionaría “una red de delincuencia organizada transnacional” que estaría conformada por mercenarios de Estados Unidos y Colombia. También, bajo el mismo esquema, estaría relacionada con la Operación Gedeón, con la que se pretendía acabar con la vida del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Ese atroz crimen internacional (el de Haití), sin precedentes en la historia del hemisferio occidental, fue planificado y ejecutado con la colaboración de dos empresas estadounidenses. La primera fue CTU Security LLC, dirigida por los ciudadanos estadounidenses Antonio Emmanuel Intriago Valera, propietario, y Alfred Santamaría, representante legal; la segunda fue Worldwide Capital Lending Group, dirigida por el ciudadano estadounidense Walter Veintemilla”, escribió, mencionando que Intriago es venezolano, aunque esta nacionalizado en EE. UU. desde 2009.

Por otra parte, en el documento se relaciona la participación de los exmilitares colombianos en el operativo de Haití, los cuales aún están detenidos en el país, situación que está en conocimiento de los Ministerios de Defensa de los países.

Junto a esto, Moncada relaciona el posible vínculo del presidente colombiano Iván Duque con Intriago: “Hasta el momento se han comprobado públicamente los vínculos personales y políticos entre Iván Duque, presidente de la República de Colombia, y Antonio Intriago (CTU Security LLC) y su representante legal, Alfred Santamaría. Estos dos últimos individuos registraron la Fundación LatinoAmericanos Unidos, Inc. con sede en Miami, con el propósito de promover la imagen política del presidente Iván Duque en el sur de la Florida″, explicando que hay registros fotográficos.

Para el embajador de Venezuela en la ONU, “es imposible avalar ingenuamente” la tesis de que una operación de semejante magnitud, con fines políticos, que entrañó el manejo de grandes cantidades de dinero y el tráfico de armas, que involucró a personal entrenado para operaciones especiales, “pudo haberse realizado sin el conocimiento de los organismos de seguridad e inteligencia de los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos de América”.

Más adelante señala que bajo este mismo esquema se realizó la Operación Gedeón el 3 de mayo de 2020, cuando un grupo de al menos 60 mercenarios, comandados por tres exmilitares estadounidenses con experiencia en operaciones especiales en Irak y Afganistán, entró ilegalmente en territorio venezolano y desembarcó cerca de la capital venezolana, con el propósito de atacar el Palacio de Gobierno y asesinar al presidente Nicolás Maduro.

“La Operación Gedeón fue planificada y financiada en territorio estadounidense, mientras que la base de operaciones en la que se realizó el entrenamiento de los mercenarios se encontraba en territorio colombiano, desde donde se lanzó el ataque armado contra la capital de la República Bolivariana de Venezuela”, añadió.

Al concluir su declaración escrita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Moncada resalta que las diferentes situaciones presentadas “permiten afirmar la existencia de una red delictiva estructurada, compuesta por individuos de diversas procedencias y nacionalidades”, que se dedica a la financiación de mercenarios colombianos, aun cuando residen en Estados Unidos.

El embajador venezolano señala que la red busca “cometer, con ánimo de lucro, actos de agresión y otros graves crímenes internacionales contra terceros estados, actos y crímenes que, no por casualidad, sirven en última instancia a los intereses de los gobiernos que protegen descaradamente a los miembros de dicha red, la cual, en otras palabras, no es más que una red que facilita servicios bancarios o de financiación a sicarios”.

Por último, pide investigar las operaciones mercenarias planificadas en los Estados Unidos de América por “estructuras de la delincuencia organizada transnacional” para cometer ataques armados, actos de terrorismo, actos de agresión y el asesinato de jefes de Estado, gobierno y altos cargos políticos, “con el propósito de derrocar gobiernos y socavar sus bases constitucionales”.