Venezuela vive una crisis social y económica, y todo parece enfocarse en que su lucha contra la corrupción está perdida.
Esto se comprobó en el informe del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), presentado anualmente por el Consejo de las Américas y Control Risks.
El CCC es una herramienta analítica que permite evaluar la capacidad de los países de la región para detectar, castigar y detener la corrupción. Se considera que los países con más puntuación son los que tienen más probabilidad de enjuiciar y sancionar a los actores corruptos. La impunidad es más probable en los países ubicados en el extremo inferior de la clasificación.
La escala de puntuación va del 10, para el mejor conceptuado, al cero para el que menos capacidad tiene. En la región, Uruguay y Venezuela están en los extremos, como el mejor y peor, pero sin llegar a la puntuación máxima de cada caso.
“El deterioro en la capacidad de controlar la corrupción tiene implicaciones graves para la calidad de la democracia y las perspectivas económicas [...] Socava la confianza en las instituciones, lo cual favorece propuestas populistas y polarizadoras”, y debilita la confianza de inversionistas, expresó Theodore Kahn, director asociado de Control Risks a la AP.
En la edición 2023 del CCC, Uruguay encabeza la lista como el país mejor capacitado para combatir la corrupción, con un puntaje de 6,99; seguido por Costa Rica, con 6,76; Chile, con 6,67. Entre los países con menor puntación aparecen Guatemala, con 2,86 puntos; Bolivia, con 2,56, y Venezuela, con 1,46.
De los 15 países, Guatemala y Venezuela experimentaron las caídas más significativas en sus puntajes en el último año, del 15 % y 10,4 % respectivamente. Panamá, en cambio, registró una mejora sustancial del 9 % en términos interanuales, a 5,39 puntos.
“El índice muestra lo que muchos de nosotros hemos sentido: los esfuerzos anticorrupción están perdiendo impulso en muchos países de América Latina, aunque el tema sigue siendo una prioridad para los votantes”, dijo Brian Winter, vicepresidente de políticas del Consejo de las Américas.
La capacidad de la gran mayoría de los países latinoamericanos para combatir la corrupción sigue en picada, Venezuela es el que más deterioro ha experimentado como reflejo del frágil estado de la democracia y la falta de voluntad política.
En Venezuela, que ocupa el último lugar de la región por quinto año consecutivo, el oficialismo controla la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y otras instituciones públicas, que responden a las directrices del gobierno de Nicolás Maduro.
La variable del índice que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción disminuyó en el país un 18 % y la que evalúa la calidad de la prensa, un 15 %, un reflejo de las amenazas a la libertad de prensa y a las libertades civiles por parte del gobierno de Maduro, de acuerdo con el reporte.
La baja puntuación de Venezuela en el índice es reflejo del proceso de deterioro institucional y erosión de la democracia que ha sufrido el país y que ha permitido al partido oficialista cooptar o eliminar casi todos los controles y contrapesos existentes en un sistema democrático.
Con información de AP