La ONG Control Ciudadano reportó 27 personas asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad de Venezuela en lo que va del año. La mayor parte de las víctimas provenían de estratos bajos y barrios populares.
Esta cifra se suma a un preocupante panorama de violencia estatal por parte del gobierno venezolano. Para 2021, según un reporte del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), las muertes no esclarecidas y reportadas como “resistencia a la autoridad” en condiciones indeterminadas, era de seis al día. Según la organización Cofavic, la cifra total de ejecuciones extrajudiciales reportadas en el país, hasta el primer trimestre de 2020, es de 11.328.
La mayoría de estas ejecuciones, dice también el OVV, fueron realizadas por la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), un cuerpo especial de la policía de Venezuela, que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet, pidió disolver.
Los diferentes reportes al rededor del caso aseguran que no solamente se trata de ejecuciones extrajudiciales, sino que también es posible apreciar patrones en los acontecimientos. Estos van desde la forma en que son realizadas, hasta los perfiles de las víctimas.
Víctimas de bajos recursos
La Organización Humans Right Watch (HRW) dice en su informe mundial de 2021 que las presuntas ejecuciones extrajudiciales eran realizadas contra víctimas con bajos recursos, usualmente en zonas urbanas de bajos ingresos y barrios populares.
La mayoría de ellas eran hombres menores de 25 años que vivían en zonas relegadas. Las ONG también resaltan la existencia de tácticas de intimidación a los ciudadanos y amenazas a las personas que denuncian los abusos por parte de las fuerzas públicas.
Así mismo, HRW denunció la relevancia que tuvieron las llamadas “Operaciones para la Liberación del Pueblo”, que empezaron en el 2015, en los casos de violaciones de Derechos Humanos. Estas operaciones consistían en despliegues militares y policiales en los que se tomaban diferentes sectores de las ciudades, con el fin de verificar que las personas allí presentes no estuvieran cometiendo delitos contra el régimen.
Repetidas violaciones a Derechos Humanos
Las presuntas ejecuciones extrajudiciales no son lo único que preocupa a las organizaciones internacionales que vigilan a Venezuela. Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron la violación consecutiva de derechos humanos contra manifestantes que salieron a las calles en las olas de protestas acontecidas en 2019.
Las protestas empezaron cuando la asamblea constituyente nombró a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Miles de ciudadanos salieron a las calles apoyando a Guaidó, lo que generó una fuerte respuesta por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Durante estas manifestaciones se realizaron detenciones arbitrarias y fuertes respuestas represivas, que ocasionaron varios casos de brutalidad policíaca. En su momento, Michell Bachelet también denunció, a través de la ONU, el ataque a periodistas que estaban cubriendo los eventos.
Impunidad
HRW denuncia también la impunidad existente en los casos de violaciones a Derechos Humanos. Según la organización, la gran mayoría de los casos de muertes por resistencia a la autoridad quedan sin resolver y sin ser investigados.
Denuncian, en este sentido, la constante interrupción de los procesos al interior del sistema venezolano, la falta de interés para investigar y llevar a termino las investigaciones, y las amenazas y represalias tomadas contra las personas que denuncian. Organizaciones al interior de Venezuela, como Cofavic, también hacen énfasis en la incapacidad de los organismos internacionales de tomar medidas contra el régimen.
La alarmante cifra sobre las ejecuciones extrajudiciales surge además en un escenario político y electoral bastante particular en Venezuela, luego de que la semana la oposición triunfara en el estado de Barinas. Además de eso, Venezuela tendrá a elecciones presidenciales en 2024.