La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, negó este lunes irregularidades en su gestión y afirmó ante una comisión investigadora del Congreso que existe un supuesto plan parlamentario para sacarlos del poder a ella y al presidente Pedro Castillo.
“Algunos sectores políticos pretenden primero inhabilitar a la vicepresidenta para luego intentar nuevamente la vacancia o quizá inhabilitación y suspensión del señor presidente”, aseguró Boluarte sobre el supuesto plan en marcha.
La audiencia tuvo lugar ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que debe decidir esta semana si procede o no la acusación de presuntas irregularidades administrativas que busca inhabilitar por 10 años a Boluarte, una abogada de 60 años, para ejercer cargos públicos.
“No voy a ingresar a un debate político sobre este asunto, solo expreso ante el país que este plan está en marcha”, agregó la vicepresidenta, quien también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Una eventual sanción contra ella pondría al jefe del Congreso en la línea de sucesión de Castillo, quien ha sobrevivido a dos mociones de destitución en el Parlamento en sus 15 meses en el poder.
El Congreso de Perú es dominado por la derecha opositora y está enfrentado al gobierno izquierdista de Castillo desde que inició funciones en julio de 2021. El actual jefe es José Williams, un general retirado del Ejército.
La tendencia entre los parlamentarios es dar luz verde a la acusación, según denunció la propia vicepresidenta.
La vicepresidenta fue denunciada ante el Congreso por la Contraloría por ejercer un cargo en una entidad privada al mismo tiempo que es funcionaria, algo que la ley peruana prohíbe.
La Contraloría asegura que Boluarte firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del Gobierno.
Boluarte es oriunda de Apurímac, región al sureste de Perú. Este club lo integran los apurimeños que residen en Lima.
Ella admite que firmó los documentos, pero alegó una serie de razones burocráticas para ello.
Castillo, originalmente un maestro de escuela rural, ganó las elecciones presidenciales en julio de 2021 por un estrecho margen sobre la derechista Keiko Fujimori.
El mandato de Castillo y Boluarte se acaba en 2026.
Renuncia el procurador general tres días después de su designación
De otra parte, el procurador general del Estado de Perú, Javier León, anunció su renuncia al cargo después de que fuese designado para el puesto el pasado jueves.
León habría dimitido por las informaciones que se han difundido en los últimos días que señalaban que fue investigado por la Fiscalía por el presunto delito de fraude procesal a favor del empresario y narcotraficante Fernando Zevallos, alias Lunarejo, dueño de Aero Continente hasta su condena por tráfico de cocaína en 2005.
“Yo me siento orgulloso de estar aquí, pero desafortunadamente este hecho no solo me afecta a mí, sino afecta a mi familia y, en medida de eso, he tomado la decisión de declinar el cargo”, indicó el abogado en una conferencia de prensa.
León aseguró que “jamás” ha cometido un acto ilícito y calificó la denuncia en su contra de “maliciosa”.
El pasado jueves, el Gobierno peruano retiró del cargo a la procuradora María Caruajulca Quispe por un informe que advertía de que había sido designada en el puesto, a pesar de no haber presentado una declaración jurada que demostrase que no tenía procesos en su contra.
Según la resolución, las autoridades dieron por concluida la designación de Caruajulca “por pérdida de confianza”, mientras que expresaban su agradecimiento “por los servicios prestados”, recogió El Comercio.
*Con información de la AFP y Europa Press.