En medio de la ola de protestas que se viene presentando en Perú desde el pasado 7 de diciembre, fecha en la que se desató una crisis social y política derivada de la destitución del presidente Pedro Castillo, se conoció a través de las redes sociales una denuncia en la que se evidencian aparentes amenazas por parte de miembros de la fuerza pública sobre algunos sectores de la población, para cohibir que estos ejerzan su derecho a disentir.

De acuerdo con la publicación, de cuyos hechos hace eco la senadora de ideología de izquierda Sigrid Bazán, la situación se presentó en inmediaciones de la ciudad de Ayacucho, donde miembros de la Policía, se reúnen con un grupo de comerciantes para, a través de amenazas de violencia física, buscar que estos no se adhieran a las manifestaciones que han marcado la coyuntura de su país en la última semana.

Según la denuncia, los hechos se presentaron en inmediaciones de un sector comercial conocido como el Mercado Nery García, y tiene como protagonista de las amenazas a un uniformado que es identificado como el general Mejía, de la Policía Nacional de Perú.

“Yo vengo a decirles, no me hagan ninguna movilización, ningún paro… yo voy a actuar, no voy a hablar”, advierte el uniformado quien, tras su advertencia, según se evidencia en el video, se retiró del lugar donde adelantaba la reunión, mientras que en el ambiente queda el barullo y el inconformismo de los demás asistentes.

El uniformado, en su intervención, advierte que las amenazas están afectando a muchos comerciantes que necesitan trabajar en la época decembrina, reconociendo que muchos han efectuado inversiones o adquirido deudas de cara a la temporada de gran importancia para el sector productivo y comercial.

“La policía va a garantizar el funcionamiento de todas las tiendas comerciales, de todos los negocios… es gente muy pobre que se ha endeudado, dejémosle trabajar”, señala el uniformado, quien advierte que en lugar de las vías de hecho, los manifestantes deben recurrir a otras estrategias a las que, desconociendo el derecho a la protesta, se refiere como ‘vías legales’, al Congreso.

De acuerdo con la persona que hace inicialmente pública la denuncia, la intervención del alto mando policial tiene como objeto disuadir a los ciudadanos asistentes de no participar de las jornadas de manifestación previstas para este 20 y 21 de diciembre en la ciudad antes mencionada.

En consecuencia, la senadora Bazán, quien se reconoce como senadora de izquierda, y que hace parte de la bancada del partido Cambio Democrático, ha calificado los hechos referidos en la denuncia como algo “gravísimo”, señalando que con las palabras, la Policía de su país está coartando el derecho a la protesta a través de amenazas, y pidiendo la intervención de órganos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.

En ese sentido, Bazán invoca la acción de la CNDDHH (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos); la Defensoría del Pueblo de Perú; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

En respuesta a esta situación denunciada, también se conoció un pronunciamiento por parte de la CNDDHH, en el que se rechaza la “eliminación de garantías democráticas y los derechos humanos”, advirtiendo a su vez que no están de acuerdo con “la militarización de las protestas y el creciente autoritarismo”, referido a las tácticas usadas por la fuerza pública para controlar a los manifestantes; situación que incluso ya ha dejado cerca de dos decenas de muertos desde el inicio de las manifestaciones.

Así, en su comunicado, la referida plataforma de defensores de derechos humanos advierte su rechazo frente a la conducta de “equiparar a manifestantes con grupos violentos”, advirtiendo que el actuar violento o desproporcionado de la Policía no puede sustentarse en que la masa manifestante es elevada.

De igual modo, la plataforma ha exigido que el Estado dé información sobre los avances de las investigaciones de dichas muertes de manifestantes derivadas de la represión de las protestas.

En el mismo comunicado, la plataforma que está compuesta por 78 organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos en Perú ha manifestado la necesidad de que se levante el estado de emergencia decretado a nivel nacional por el gobierno Boluarte, y han condenado algunos allanamientos efectuados por la fuerza pública en medio de los operativos, advirtiendo que con la vigilancia a colectivos sindicales se está “criminalizando y estigmatizando sus ideas”.

Sobre Bazán, es una senadora que defendió a Castillo en las dos primeras mociones de vacancia, pero el pasado 7 de diciembre se manifestó en contra de la medida anunciada por este para disolver el Congreso, desconociendo la división de poderes, en una operación que se catalogó como golpe de Estado, y que motivó a que muchos de quienes le respaldaron otrora, apoyaran su salida del poder.

Bazán recientemente ha respaldado la manifestación popular, advirtiendo que comparte el llamado a que se realicen, en el menor tiempo posible, las elecciones para definir un nuevo gobierno, y se manifestó en contra del gabinete designado por Dina Boluarte tras su ascenso al poder.