Una jueza en Oklahoma desechó una demanda con que se buscaba una indemnización por la masacre racial de Tulsa de 1921, un fallo que frustra los esfuerzos de los sobrevivientes para conseguir algún tipo de justicia legal.
La jueza Caroline Wall desestimó el viernes de manera permanente la demanda con que se intentaba obligar a la ciudad y otras partes a entregar indemnizaciones por la destrucción del alguna vez próspero distrito negro conocido como Greenwood.
La orden judicial corresponde al caso de tres sobrevivientes cuya edad rebasa los 100 años y que demandaron en 2020 con la esperanza de ver que se les hiciera “justicia en vida”, como dijo su abogado.
El alcalde de Tulsa, G.T. Bynum, dijo en un comunicado que la ciudad no ha recibido aún la orden completa de la corte.
“La ciudad sigue comprometida en encontrar las tumbas de las víctimas de la masacre racial de Tulsa de 1921, fomentar la inversión económica en el distrito de Greenwood, educar a las futuras generaciones sobre el peor acontecimiento en la historia de nuestra comunidad y construir una ciudad donde cada persona tenga las mismas oportunidades para una buena vida”, afirmó.
Un abogado de los sobrevivientes Lessie Benningfield Randle, Viola Fletcher y Hughes Van Ellis se abstuvo el domingo de precisar si presentarán una apelación. Sin embargo, un grupo que apoya la demanda dejó entrever que posiblemente impugnen la decisión de Walls.
“La jueza Wall condenó a los tres sobrevivientes de la masacre racial de Tulsa a que languidezcan —hasta que mueran realmente— en la agenda de casos de apelación de Oklahoma”, señaló en un comunicado el grupo Justicia para Greenwood. “Aquí no hay nada que parezca justicia ni acceso a la justicia”.
Caroline Wall, una jueza del Tribunal de Distrito del condado Tulsa, escribió en una breve orden que desechaba el caso con base en los argumentos de la ciudad, la cámara de comercio regional y otras agencias de gobierno estatales y municipales.
La jueza había rechazado las mociones de los acusados de que se desechara el asunto y el año pasado permitió que el caso procediera.
Las elecciones judiciales locales en Oklahoma son técnicamente apartidistas, pero Wall se había descrito como “conservadora constitucional” en cuestionarios de campaña previos.
La demanda, presentada de acuerdo con la ley de alteración del orden público en Oklahoma, argumenta que la turba blanca que asesinó a cientos de habitantes negros y destruyó lo que había sido el distrito comercial negro más próspero del país continúa afectando hoy a la ciudad.
Según la demanda, la larga historia de división y tensión racial de Tulsa deriva de la masacre, en que una airada turba blanca atacó una zona de 35 manzanas, donde cometió asesinatos y saqueos, y la arrasó con fuego.
Además de las víctimas fatales, miles de personas perdieron sus hogares y tuvieron que vivir en un campo de internamiento construido con rapidez.
Cifras reflejan que más de 800 personas fueron ingresadas ese día en hospitales.
Así mismo, unos 6000 residentes negros fueron internados en grandes instalaciones, donde debieron permanecer por varios días.
Un análisis de estos hechos realizado por una comisión estatal de 2001 confirmó que hubo 36 muertos, 26 negros y 10 blancos, según datos extraídos de autopsias, certificados de defunción y otros registros.
Este informe también reportó que la ciudad había conspirado con la mafia de ciudadanos blancos contra ciudadanos negros y recomendó reparar a las víctimas y sus sobrevivientes.
De hecho, se crearon unas becas, se ha fomentado en desarrollo de Greenwood y un parque dedicado a la tragedia se inauguró en 2012.