El papel venció al computador en materia electoral. Diez años atrás, la industria tecnológica parecía tener la solución al eterno problema de elegir gobiernos en forma transparente y el voto electrónico se erigía como el camino a seguir. Pero las cosas no salieron como la ingeniería esperaba y 2020 no ha hecho más que aportar nuevos tropiezos a una larga cadena de fiascos para las tecnologías de votación digital.
El 16 de febrero, República Dominicana estrenó el voto automatizado en las elecciones municipales, tras invertir 20 millones de dólares en las máquinas. Cuatro horas después de abrirse los puestos de votación, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, suspendió la votación porque en las pantallas no aparecían todos los candidatos ni todos los partidos. Las elecciones tendrán que repetirse, con una pérdida total de 80 millones dólares. Como era de esperarse, se desató un debate político de alta temperatura, con acusaciones de intento de fraude entre gobierno y opositores.
Ocurre en todas partes. En enero, la inauguración de las primarias en Estados Unidos fue ensombrecida por el fracaso tecnológico en la jornada demócrata en Iowa, en donde hubo que esperar más de 24 horas para conocer los resultados, debido a fallas en el software. Aunque Iowa solo elige a 41 de los 3.979 delegados, el lamentable inicio de la carrera demócrata permitió, desde luego, las burlas de Donald Trump en Twitter. Los problemas estuvieron a cargo de Shadow, la empresa proveedora del sistema, de la cual se supo después que había sido creada apenas cinco meses atrás, y que recibió el contrato gracias a la cercanía de su fundador, Gerard Niemira, con los directivos del Partido. La empresa no tuvo tiempo de probar la aplicación, la cual registraba correctamente cada voto pero mostraba resultados incongruentes o parciales.
República Dominicana estrenó este año el voto electrónico. Horas después de comenzar la votación, se suspendieron los resultados. El papelón generó manifestaciones y gran revuelo.
Aunque el apoyo electrónico en elecciones existe desde los años sesenta, en la actualidad solo siete países lo utilizan regularmente. Estados Unidos, Estonia, Brasil, Venezuela, India, Filipinas y Bélgica han mantenido por décadas su confianza en la tecnología, sobre todo en su versión combinada de máquinas digitales junto al papel y la urna, y existe una versión extrema, el voto en línea por internet, que algunos países utilizan para facilitar la participación de los ciudadanos que viven en el exterior.
Las máquinas ubicadas en los puestos de votación ofrecen una pantalla en la que el elector selecciona su candidato. La máquina imprime la decisión sobre papel, el cual queda en una urna, para un doble conteo al final (digital y manual) que deben coincidir. No obstante, en 2004, durante el reñido y polémico reconteo de votos en Florida para definir si el ganador había sido George Bush o Al Gore, 1.400 votos electrónico se perdieron misteriosamente y el resultado final que favoreció a Bush sufrió serias dudas de legitimidad. Las máquinas Diebold que utiliza el Estado norteamericano han sido hackeadas en numerosas ocasiones, incluso a veces como ejercicio pedagógico de estudiantes de ingeniería que se entrenan en asuntos de seguridad informática.
- “No veo el voto electrónico en el corto plazo”
En Estonia, probablemente el país más aficionado a la transformación digital, se llevan a cabo elecciones con voto electrónico desde 2007 y un promedio del 30 por ciento de los votos en las diferentes elecciones en ese país se reciben a través de internet. En 2014 Estonia se ufanaba de su espíritu tecnológico vanguardista hasta que un grupo de expertos internacionales encontró severas debilidades en el sistema y recomendó retirarlo, ante las evidencias de fragilidad en la arquitectura de software y en la gestión operacional. La investigación estuvo a cargo de promotores del voto electrónico, pertenecientes al Open Rights Group de la Universidad de Michigan, y la misión estaba integrada por expertos en ciencias de la computación, en seguridad digital y en auditoría poselectoral reconocidos en Estados Unidos.
Desde entonces, en Europa la idea del voto digital comenzó a recibir una cascada de golpes. En marzo de 2017, el gobierno francés puso fin al voto en línea para sus 1,3 millones de ciudadanos en el extranjero, tras serias amenazas de ataques cibernéticos identificadas durante la campaña legislativa de ese año. Holanda también regresó al papel y la urna tras el desencanto que produjo su corto experimento con el voto electrónico.
Pero tal vez el peor golpe a la confianza del voto electrónico lo dio Nicolás Maduro el 17 de mayo de 2013, cuando en un increíble discurso en televisión dijo tener los nombres y las cédulas de 900.000 venezolanos que votaron en su contra. El secreto del voto, idea sagrada en cualquier democracia, quedó ese día erosionado gravemente, en virtud de la plataforma tecnológica que utilizó el Estado venezolano, uno de los pioneros del voto electrónico en Latinoamérica.
De hecho, Maduro ha sido el peor defensor de la tecnología. En un video viral en YouTube aparece la transmisión en vivo del 30 de julio de 2017, fecha en que eligieron la ‘Constituyente’ en Venezuela, cuando el presidente quiso votar desde su teléfono móvil y la app rechazó su cédula. “La persona no existe o el carné fue anulado” se leía en la pantalla del smartphone de Maduro, en un momento que quedó marcado en la historia del e-Voting mundial. En Venezuela utilizan un sistema de voto electrónico desde 2004, y en una ocasión el expresidente Jimmy Carter elogió el proceso electoral venezolano. Pero en agosto de 2017 Antonio Mugica, el director de Smartmatic, le empresa encargada del sistema, denunció manipulaciones en la elección de la Constituyente, tras recibir alertas desde el propio software que indicaban datos alterados e intentos de interferencia.
En mayo de 2013, Nicolás Maduro aseguró tener el nombre y la cédula de 900.000 venezolanos que votaron en su contra. En 2017, trató de votar desde su teléfono, pero la app rechazó su cédula.
La alfabetización tecnológica y la desconfianza ciudadana mataron al voto electrónico. En 2009, una famosa sentencia de la Corte Constitucional alemana dio un golpe a las pretensiones de implementar el voto electrónico en ese país, al declararlo ilegal porque los electores no podían fiscalizar el proceso tecnológico. Y en ese punto radica la mayor dificultad: los ciudadanos, no necesariamente duchos en cuestiones tecnológicas, no tienen manera de confiar en lo que pasa una vez hacen clic en la pantalla.
En los sistemas tradicionales hay mesas de votación, donde delegados de los partidos cuentan los votos al final, firman un acta y sellan la urna antes de entregarla a la autoridad electoral. El componente humano a lo largo del proceso brinda la sensación de confiabilidad, aun con la multitud de casos de fraude y manipulación ocurridos a lo largo y ancho del mundo. En el proceso electrónico, realiza esas tareas una plataforma de software, cuyo código solo conocen quienes la desarrollaron.
En todos los casos, los gobiernos encargan de esa solución tecnológica a proveedores externos y contratan una auditoría, también externa, que garantice la idoneidad del proveedor. Y el público en todos los países se hace las mismas preguntas: ¿Quién asegura la integridad del sistema? ¿Cómo saber si las líneas de código escritas en oscuros lenguajes computacionales no contienen instrucciones perversas para favorecer a un candidato?
Las ventajas del voto electrónico, como elegir desde casa, sin filas ni tumultos o conocer los resultados en cuestión de minutos, no parecen compensar las dudas. Estudios de casos en Suiza y en Estonia mostraron que favorece el voto de las personas de mejor estrato, que tienen educación digital y poseen computadores, y de quienes viven más lejos de los puestos de votación, con lo que se genera un sesgo indeseable.
El voto en papel funciona porque la ciudadanía no requiere conocimientos técnicos y tiene mayor control sobre el conteo, lo que ha hecho prevalecer el viejo método manual sobre las ilusiones que llegó a sembrar la tecnología aplicada a la democracia.