Un mensaje en la red social Instagram destapó una olla podrida en Venezuela que ya no se puede cerrar. Lo publicó una mujer de manera anónima en una cuenta creada bajo el nombre “alejandrosojoestupro”. Alejandro Sojo es un cantante venezolano, radicado en Argentina, y estupro es un delito sexual que significa acceso carnal de un adulto a un menor de edad, pero mayor de 12 o 14 años (depende de la legislación de cada país), con el supuesto consentimiento de la víctima, intimidada por la posición de poder de su agresor.
El primer mensaje o post fue publicado el 19 de abril, y desde entonces ha provocado tal revuelo que se puede decir que fue el origen del #MeToo venezolano. Es decir, el movimiento en contra del acoso sexual en varias industrias, en especial la del entretenimiento, nacido en Estados Unidos a raíz de las acusaciones de abuso sexual en contra del productor de cine Harvey Weinstein, quien hoy paga una condena de 23 años de cárcel por crímenes sexuales.
El post invitaba a las presuntas víctimas de Sojo, cantante de la banda de rock Los Colores, a denunciarlo por abusar sexualmente de menores de edad cuando vivía en Caracas. La publicación en Instagram decía que ya tenían el testimonio de seis víctimas, y en los días siguientes revelaron algunas de las conversaciones del artista con niñas de hasta 14 años en las que claramente busca tener relaciones sexuales.
Cinco días después del primer mensaje, las redes sociales se inundaron de quejas contra Sojo, quien ofreció disculpas e inclusive dijo que se retiraría de la música para reflexionar. La siguiente bomba estalló en la red social Twitter. Una mujer, bajo el seudónimo de Pía, abrió un hilo o una serie de trinos que arrancaban diciendo: “He decidido finalmente hablar de mi experiencia de abuso con el escritor venezolano Willy McKey”.
Bastó con una sola, para que otras mujeres contaran que fueron abusadas por el prestigioso escritor cuando eran menores de edad. McKey, también radicado en Buenos Aires, reconoció el delito y publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que tituló “He cometido estupro”, y en el que decía: “Sabré hacerme cargo de las consecuencias de este hecho, empezando por quedar fuera de todos los proyectos a los cuales pertenezco...”. Les pidió perdón a su pareja sentimental, a sus víctimas, y, en un acto desesperado, se lanzó a la muerte desde un noveno piso. Fue así como nació el movimiento ‘Yo te creo, Venezuela’.
Diez días después del primer mensaje sobre Alejandro Sojo, un grupo de por lo menos 70 mujeres venezolanas se organizaron, concretaron sus ideas, una meta, y publicaron un manifiesto. “Nosotras, las mujeres venezolanas miembros del gremio artístico, de la prensa y comunicaciones, nos levantamos hoy en contra del acoso sexual. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y nos negamos a que los asuntos de género sigan siendo postergados de la agenda pública”. Con ese comunicado iniciaron la recolección de testimonios y denuncias que, según ellas, buscan “visibilizar y ampliar la voz de las víctimas, poniendo a la orden nuestras voces/tarimas/plataformas para que sean ellas, las sobrevivientes y su derecho a la justicia, quienes tengan el protagonismo”.
‘Yo te creo, Venezuela’ resultó ser la válvula de escape que necesitaban las venezolanas. En menos de una semana recibieron 575 testimonios de mujeres víctimas de acoso sexual, 86 de ellas pedían ayuda psicológica, y 26, ayuda legal. La ola crecía por minuto. En cuestión de horas ya los acusados no eran solo cantantes y escritores, sino periodistas, actores, directores de teatro, profesores.
En evidencia quedó que, aun cuando algunos sectores de la sociedad venezolana se jactan de no sufrir de los problemas sociales que padece el mundo capitalista, sí que los sienten como el resto del planeta. El modelo socialista que plantea equidad hasta de género no bastó para erradicar el machismo arraigado en una sociedad que apenas ahora se atreve a tener esa conversación. Por supuesto que el abuso sexual hacia menores es un crimen en Venezuela, como en el resto del mundo. La pregunta es si las venezolanas sienten que la ley está ahí para protegerlas.
En conversación con SEMANA, la comunicadora Gaby Mesones aclaró que acudir a las autoridades no es siempre una opción, pues la víctima corre el riesgo de que no le crean y de quedar en la mira de un sistema represivo. “No hay en este momento mecanismos institucionales confiables para atender estas denuncias y lograr justicia. El poder es comunicacional”, así explicó cómo es que las redes sociales se han convertido en su salvación.
“Las denuncias nos permiten visibilizar la problemática y buscar un cambio cultural”. Si bien las activistas celebran que exista en el país un Ministerio para la Mujer, dicen que este no revela cifras sobre maltrato desde 2016 y, por lo tanto, se basan en información de las ONG como Utopix, la cual afirma que nueve de cada diez delitos contra mujeres no son castigados.
Para Sandra Caula, la editora del portal Cinco8, dedicado a este tipo de denuncias, el caso de Linda Loaiza es el más claro ejemplo de que la justicia en su país no llega. Loaiza fue secuestrada, torturada y violada cuando tenía 18 años, y, a pesar de ser el primer caso de violencia de género contra el Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su agresor quedó libre tras seis años de cárcel por secuestro, pues no se le condenó por violación o intento de homicidio.
“En Venezuela no hay Estado de derecho ni de justicia”, dice la comunicadora, quien cree que de todas formas un primer paso debe ser notificar a las autoridades. “El sistema policial y legal está destruido, pero igual hay que denunciar”, agrega. Según Caula, la ayuda llega de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, ya que ni siquiera la oposición se hace cargo: “No se ocupan de esos temas, porque los relaciona con una agenda de izquierda”.
Esta semana se pronunció al respecto del #Me Too venezolano el fiscal Tarek William Saab, quien aseguró que iniciaba “una cruzada por las mujeres” con investigaciones contra algunos de los señalados de abuso en las redes. Las víctimas no esperan mayor cosa del Estado y su justicia, pues las últimas semanas les han demostrado que existe otro tribunal, el de las redes sociales, tal vez menos justo y recomendable, pero en el que las escuchan y, sobre todo, les creen.