El enfrentamiento del gobierno venezolano no es solo con la oposición, que se mantiene en la calle en pie de lucha, sino también con los empresarios. Así quedó claro este jueves, cuando el presidente Nicolás Maduro amenazó con la ocupación de empresas que cesen actividades, en víspera de una huelga general convocada por sus contradictores.La huelga de 12 horas de este viernes es parte de la nueva estrategia que lanzó el miércoles la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el cierre de una manifestación de cientos de miles de personas que, tras la suspensión del proceso revocatorio hace una semana, exigieron la salida de Maduro del poder.El mandatario advirtió que el viernes habrá inspección por parte de los militares a unas 700 empresas "para verificar que están funcionando" y que serán intervenidas aquéllas que adhieran a la huelga."No voy a aceptar ningún tipo de conspiración. Empresa parada, empresa recuperada por los trabajadores y la revolución", sentenció el presidente, a quien el alto mando militar declaró esta semana su "lealtad incondicional".A sus amenazas se sumaron las de Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo y muy cercano a los militares. En un acto público, el diputado declaró que los directivos de la patronal Fedecámaras, que apoyan la huelga, deberían ser llevados "presos"."¿Por qué no meten presos a los de Fedecámaras, que están llamando a un golpe de Estado? ¿Por qué no meten preso a Lorenzo Mendoza (del grupo Empresas Polar) que dice que va a parar sus empresas?", exclamó Cabello.En la tarde del jueves medios locales como Globovisión reportaron la presencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Serbin, en las afueras de Polar, una de las empresas más grandes del país. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado acciones al interior del edificio.La oposición buscaba concretar apoyos a la huelga en organizaciones sociales y el sector privado, al que el gobierno acusa de librar una "guerra económica" para desestabilizarlo. Maduro también anunció el jueves un aumento del 40 % en el salario mínimo, en un esfuerzo por quitarle impulso a la movilización.*Con información de AFP