Este jueves, 16 de marzo, la fiscal a cargo del caso de Irvo Otieno, un afrodescendiente de 28 años que estaba recluido en un hospital psiquiátrico en Virginia, acusó de homicidio en segundo grado a 7 oficiales de Policía y 3 trabajadores del centro médico por la muerte del joven.
Otieno, quien murió el 6 de marzo en el hospital Central State de la ciudad de Petersburg, 200 kilómetros al sur de Washington, luego de ser transferido allí desde una prisión local por su condición mental, ha encendido de nuevo las alertas por los casos de racismo en Estados Unidos, puesto que su muerte involucró a oficiales de Policía, así como trabajadores del recinto médico.
Según los resultados de la autopsia preliminar hecha por las autoridades locales, el hombre murió por asfixia mientras era “restringido físicamente”, dijo en un comunicado Ann Cabell Baskervill, fiscal de distrito del condado de Dinwiddie.
La familia de la víctima conoció el jueves la grabación del video de su muerte, justamente en medio de los señalamientos de la fiscal del caso.
Pese a que “sufría una enfermedad mental, lo que vi hoy fue desgarrador”, dijo su madre Caroline Ouko en una rueda de prensa. Según ella, el video muestra a “7 oficiales sobre un hombre”.
“Mi hijo fue tratado como un perro, peor que un perro. Lo vi con mis propios ojos... asfixiaron a mi bebé”, lamentó la mujer.
Ben Crump, un abogado conocido por representar a las víctimas en actuaciones violentas de la Policía contra afrodescendientes, asumió el caso y, en medio de la rueda de prensa, el representante legal afirmó a los periodistas que 7 policías inmovilizaron por 12 minutos a Otieno, quien estaba esposado y tenía los tobillos encadenados.
Con edades entre los 30 y los 57 años, siete funcionarios del alguacil del condado de Henrico fueron puestos en custodia y acusados de homicidio en segundo grado. Por su parte, los 3 trabajadores del hospital, de entre 23 y 34 años, también fueron arrestados bajo el mismo cargo.
Es de recordar que Estados Unidos enfrenta, desde hace algunos años, numerosas protestas por la brutalidad policial y el racismo desde el asesinato en 2020 de George Floyd, un afrodescendiente que murió cuando la Policía de Minneapolis le detenía.
Ante esta situación, el presidente Joe Biden ha pedido al Congreso que emita una normativa nacional para evitar que se sigan cometiendo abusos por parte de la Policía en la población civil. Sin embargo, esta petición no se ha llevado a cabo del todo hasta el momento.
“La confianza pública es la base de la seguridad pública y todavía hay demasiados lugares en Estados Unidos hoy en día donde los lazos de confianza están deshilachados o rotos. La muerte de Tyre es un doloroso recordatorio de que debemos hacer más para garantizar que nuestro sistema de justicia penal esté a la altura de la promesa de una justicia justa e imparcial, igualdad de trato y dignidad para todos”, fueron las palabras de Biden en enero de este año.
El 7 de enero, los policías quisieron arrestar a Tyre Nichols, afroestadounidense de 29 años, por una infracción de tráfico. Mientras los agentes se acercaban, una “confrontación tuvo lugar” y “el sospechoso huyó”, explicó entonces la Fuerza Pública.
Nichols fue alcanzado por los agentes, pero se quejó de tener dificultades para respirar durante el arresto y fue hospitalizado. Murió tres días después.
Los 5 policías despedidos se enfrentan a cargos de asesinato en segundo grado, agresión con agravantes, secuestro con agravantes, mala conducta oficial y opresión oficial.
Las protestas y los disturbios a gran escala contra la brutalidad policial han sido menos comunes durante la administración de Biden, que bajo el mandato del expresidente Donald Trump, cuando el asesinato de George Floyd a manos del policía de Minneapolis Derek Chauvin, en mayo de 2020, provocó meses de disturbios y manifestaciones en todo el país, creando un movimiento en todo el mundo alrededor de este fallecimiento #blacklivesmatter.
*Con información de la AFP.