A finales del mes pasado, Estados Unidos anunció que abriría centros para el procesamiento de migrantes, inicialmente en Colombia y Guatemala, a fin de ejercer una mayor regulación sobre quienes buscan llegar a suelo norteamericano. El propósito no solo es optimizar el control de ingreso, sino ofrecer a los aspirantes alternativas regulares para que sus casos puedan ser tenidos en cuenta.
Las medidas son también un intento de la administración de Joe Biden para responder a los continuos cuestionamientos de sus opositores, quienes ponen en ‘tela de juicio’ su gestión a la hora de enfrentar el flujo irregular de migrantes. Fuentes oficiales, citadas por la agencia AFP, calculan en más de 160.000 las personas que buscaron entrar a Estados Unidos en marzo.
En palabras de funcionarios del Departamento de Estado, Washington está próximo a poner en marcha “centros regionales de procesamiento” en la región, a fin de “facilitar el acceso a vías legales”. En estos lugares, habrá orientación sobre cómo se puede solicitar el estatus de refugiado y allí se hará una evaluación para determinar, si los solicitantes cumplen con los requisitos para ser admitidos en el país de destino.
Estos sitios también están destinados a entregarle a los migrantes mayor claridad y apoyo en programas de reunificación familiar, la forma de acceder al estatus de refugiado y si hay vía o no para permisos laborales.
Un funcionario de la Casa Blanca, referido por la cadena internacional CNN, dijo que el propósito “es, por supuesto, que la gente no continúe su viaje por tierra. El objetivo, una vez empiecen su actividad, es poder “ofrecer a la gente una forma legal, segura y regular de entrar en Estados Unidos”.
¿Dónde operarán estos centros?
Se prevé que la iniciativa norteamericana cuente con el respaldo de la oficina de Naciones Unidas ACNUR, así como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Pese a que, por ahora, se desconoce con exactitud la fecha de apertura, se prevé que el dato se conozca pronto, mientras siguen develándose nuevos detalles.
“De acuerdo al avance de las decisiones entre los gobiernos de EE.UU. y Colombia, ACNUR y OIM estaríamos dispuestos a apoyar técnicamente en programas que protejan y favorezcan vías seguras para refugiados y migrantes”, respondió el primero de estos organismos al ser consultado por SEMANA.
En conversación con Caracol Radio, un funcionario del Departamento de Estado dijo que, en suelo colombiano, se esperaba la apertura de oficinas en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena. Ese medio anticipó que estos sitios también estarían dispuestos en Cúcuta, Ipiales y Apartadó.
Entre tanto, la Cancillería colombiana dijo que en la Comisión Segunda de la Cámara de representantes el encargado de esa cartera, Álvaro Leyva, expuso las acciones que se adelantan desde el Ministerio de Exteriores y otros organismos. Lo anterior, con el objetivo de procurar una migración “segura y ordenada” en el Tapón del Darién.
“Explicó que Colombia, Panamá y EE. UU. trabajan conjuntamente en combatir las redes de tráfico de personas en corredores terrestres y marítimos, abrir nuevas vías legales que disminuyan la migración irregular y lanzar un plan para reducir la pobreza y mejorar oportunidades”, se lee en la cuenta de Twitter de la Cancillería.
De acuerdo con CNN, solamente el año pasado alrededor de 250.000 personas emprendieron el peligroso trayecto, un aumento cercano al doble, en comparación con 2021. Además, es una ruta en la que los niños también están expuestos a múltiples riesgos.
Por su parte, Washington continúa haciendo un llamado para no recurrir a las vías irregulares no solo ante la exposición de peligros en el camino sino la posibilidad de deportación, pues “las fronteras no están abiertas”. De hecho, tras la expiración del Título 42, los migrantes se enfrentan a medidas más severas con el Título 8, cuyo alcance incluye desde detenciones hasta un proceso ‘exprés‘ de expulsión.