Donald Trump puso en peligro la “seguridad nacional” de Estados Unidos al quedarse con documentos confidenciales, algunos de ellos con secretos nucleares, tras abandonar la Casa Blanca, según documentos judiciales divulgados el viernes (9 de junio).
El expresidente republicano, que aspira a un segundo mandato el año próximo, enfrenta 37 cargos, como “retención ilegal de información de seguridad nacional” y “obstrucción a la justicia”, según el acta de acusación.
También se le acusa de falso testimonio y de connivencia con su asistente personal Walt Nauta -también procesado- para ocultar documentos solicitados por el FBI.
Trump anunció el jueves haber sido imputado por la justicia federal por la forma en la que gestionó los archivos de la Casa Blanca, algo inédito para un expresidente. Está citado a comparecer ante un tribunal de Miami el martes.
“Soy inocente”, clamó y dijo ser víctima de una maniobra de sus adversarios demócratas.
El presidente demócrata Joe Biden, también en la carrera para las elecciones de 2024, aseguró este viernes que no trató el asunto con el fiscal general, Merrick Garland.
“No hablé con él ni hablaré”, declaró a un periodista que le preguntó sobre el tema.
La ley de Estados Unidos obliga a los presidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales una vez que terminan su mandato. Además, prohíbe almacenar secretos de Estado en lugares no autorizados e inseguros.
“Tenemos un conjunto de leyes en este país y se aplican a todos”, dijo el fiscal especial Jack Smith, después de que se hiciera público que se acusa a Trump de haberse apropiado de documentos altamente secretos.
Al dejar la Casa en enero de 2021, Trump se mudó a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y se llevó decenas de cajas llenas de archivos secretos del Pentágono, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y otros organismos de inteligencia.
Un año después, y tras varias órdenes judiciales, accedió a devolver 15 cajas que contenían casi 200 documentos.
Pero el FBI consideró que no había entregado todo y que seguía guardando documentos en su club de Palm Beach. Los agentes del FBI efectuaron allí un registro el 8 de agosto y se incautaron de otra treintena de cajas con 11.000 documentos.
Según la acusación, encontraron documentos clasificados “en un salón de baile”, pero también “en un cuarto de baño, en la ducha”, en “un despacho” y en “un dormitorio”.
El material encontrado incluía “información sobre la capacidad de defensa de Estados Unidos y otros países”, “sobre los programas nucleares estadounidenses” y “sobre las vulnerabilidades potenciales en caso de ataque a Estados Unidos y sus aliados”.
Su potencial “divulgación hubiera puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y sus relaciones internacionales”, dijo Smith, nombrado en noviembre para supervisar la investigación de forma independiente.
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Paralelamente, otro fiscal especial investiga el caso de documentos clasificados hallados a principios de año en el antiguo despacho y domicilio de Biden.
Estos hallazgos, junto a otros del exvicepresidente Mike Pence, permitieron a Trump restar importancia a la gravedad de la acusación.
A diferencia de Trump, Biden cooperó con la justicia al entregar voluntariamente todos los documentos, que eran muchos menos que los de su antecesor.
Por ahora, los republicanos cierran filas en torno a Trump, incluso sus rivales por la nominación presidencial del partido, a los que aventaja ampliamente.
Los fiscales intentarán darse prisa para que el juicio se celebre antes de las presidenciales.
Aunque fuera condenado a prisión antes de los comicios, podría seguir siendo candidato. Políticamente, es poco probable que esto desanime a sus partidarios, quienes lo defienden y lo consideran víctima de una artimaña política.
El resultado de las elecciones sería crucial dado que una victoria lo protegería de la cárcel. Los problemas del expresidente no se limitan a este caso.
Una fiscal de Georgia tiene previsto divulgar en septiembre el resultado de una investigación sobre las supuestas presiones de Trump para impugnar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en este estado.
En abril, la justicia del estado de Nueva York acusó a Trump de fraude contable, en relación con un pago realizado en 2016 a una actriz porno para que guardara silencio sobre una supuesta aventura.
Además, el fiscal Smith, un aguerrido jurista en temas de corrupción y de persecución de criminales de guerra en Kosovo, sigue investigando si Trump desempeñó un papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
*Con información de AFP.