En Estados Unidos la Cámara de Representantes dio luz verde a la que se considera como la normativa más estricta del país para frenar la inmigración irregular. Se trata de un proyecto respaldado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y que pone contra las cuerdas a quienes han llegado a ese estado sin documentación.
De acuerdo con medios internacionales, ese paquete fue aprobado con 83 votos a favor, mientras que 36 legisladores lo rechazaron. Entre las medidas se detalla un veto para que los municipios y condados no puedan entregar fondos a individuos u organizaciones cuyo fin sea emitir documentos de identificación a quienes no demuestren que su presencia en Estados Unidos es legal.
Otro de los puntos, recogidos por el medio mencionado, señala la exigencia a los centros hospitalarios para que recojan datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes. También impone sanciones a quienes incumplan normativas respecto al transporte de migrantes irregulares a Florida, ignorando el control del Gobierno federal.
Estas son otras disposiciones
De acuerdo con El Tiempo Latino, la disposición en mención establece requerimientos adicionales como que las empresas con más de 25 empleados utilicen el sistema E-Verify para indagar sobre la legalidad de los permisos de trabajo. En caso de que se contrate a indocumentados, el empleador puede estar sujeto al retiro de licencias y multas.
Otra de las medidas que sitúan la disposición floridana como una de las más estrictas es la cancelación de permisos para conducir a quienes no tengan en regla su situación migratoria. También se establece un veto para que aquellos cuyo estatus en el país no se haya aclarado no puedan ejercer la abogacía.
EE. UU. desplegará militares
Estados Unidos desplegará 1.500 militares más en la frontera con México que “no participarán directamente en actividades de mantenimiento del orden”, ante un potencial incremento de migrantes cuando se levante la norma que permite impedir la entrada a muchos de ellos.
El 11 de mayo quedará sin vigor una polémica normativa sanitaria denominada como Título 42, que permite bloquear o expulsar de inmediato a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sin visa o documentación requerida para entrar.
Desde que se creó la regulación con la supuesta intención de frenar la pandemia, las autoridades estadounidenses han impedido que se realicen más de 2,7 millones de solicitudes de asilo. Solo en marzo intentaron entrar más de 160.000 migrantes.
El gobierno del presidente demócrata Joe Biden, candidato a la reelección en 2024, sabe que el levantamiento del Título 42 disparará probablemente el número de cruces fronterizos y se prepara para ello. “A petición del Departamento de Seguridad Nacional”, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, “aprobó un aumento temporal (...) de 1.500 efectivos militares adicionales para complementar los esfuerzos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, afirmó el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, en un comunicado.
De acuerdo con el Pentágono, se ocuparán durante tres meses de labores como detección, monitoreo o ingreso de datos hasta que la CBP pueda encargarse de las mismas contratando personal. “El personal militar no participará directamente en las actividades de mantenimiento del orden”, afirma Ryder.
En un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional reconoce haber pedido ayuda “debido a un aumento anticipado en la migración”, pero coincide en que el personal del Departamento de Defensa “no interactuará con migrantes u otras personas bajo custodia del DHS”.
A finales del mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional anunció varias medidas como la apertura de centros en Colombia y Guatemala para preseleccionar a los migrantes que podrán entrar en la nación.
Esa iniciativa busca además “simplificar” los procesos de aval para la reunificación familiar de cubanos y haitianos y los extenderá a procedentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Colombia.
Por su parte, continuará utilizándose la aplicación CBP One, medio con el que los migrantes pueden agendar desde México su cita para acercarse a un puerto de entrada. Luego de un encuentro con la asesora de Seguridad Nacional estadounidense, Elizabeth Sherwood-Randall, el gobierno Andrés Manuel López Obrador afirmó que “seguirá aceptando de regreso a migrantes bajo motivos humanitarios”.
En medio de la incertidumbre sobre el futuro, para cientos de migrantes, Washington insiste que “la frontera no estará abierta” y aplicará el Título 8, que permite expulsar a todos los migrantes que no tengan una autorización para entrar, bajo el riesgo de vetar su reingreso por cinco años si vuelven a intentarlo, además de poder abrir causas penales.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aclaró que lo anterior no sería necesario si desde el Congreso hubiese un apoyo a las iniciativas del presidente, Joe Biden. Algunos republicanos acusan al mandatario del “caos fronterizo”.
*Con información de AFP.