En el marco de la Asamblea General de la OEA que se está llevando a cabo en Washington, Estados Unidos, SEMANA habló con el embajador representante permanente de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos, Héctor Arce, quien se despachó contra la Secretaría General de la organización por, según él, emitir un documento que fue el principio del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.
El exministro de Justicia y Transparencia Institucional, también exprocurador general de la nación, hizo duras críticas a las comisiones de la OEA que debieron responder las múltiples solicitudes por parte de la representación de Bolivia en Washington, sobre su responsabilidad en el documento emitido poco tiempo antes de la renuncia de Evo Morales, el cual es calificado como falso por el gobierno.
La inconformidad por parte de Bolivia se vio reflejada en la no asistencia del ministro de Relaciones Exteriores de ese país a esta nueva versión de la Asamblea General, que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Más allá de la agenda que sostiene el canciller esta semana y le impedía viajar, también quieren mostrar su inconformidad con la Secretaría General de la organización.
El embajador también se refirió a las sanciones de Estados Unidos contra Nicaragua, Venezuela y Cuba, y las relaciones con Colombia y el gobierno de Gustavo Petro.
SEMANA: ¿Cuál es el llamado que quiere hacer Bolivia en esta versión de la Asamblea General de la OEA, precisamente?
Héctor Arce: Bueno, para Bolivia es muy importante esta Asamblea General. Es una Asamblea General que tiene como lema y como temas centrales la democracia y los derechos humanos. Bolivia sostiene un diferendo con la Secretaría General de la organización, no con la organización, con la Secretaría General y con las instituciones que hacen el manejo político, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y la Dirección del Departamento de Observación Electoral. Bolivia sostiene que la Secretaría General y estas instituciones han actuado contra derecho, han actuado contra la norma, han violado el acuerdo suscrito que tenían con Bolivia al publicar un informe lleno de falsedades, de situaciones que, después de tiempo nos enteramos, eran totalmente contrarias a la verdad, y al ver publicado este informe un día domingo 10 de noviembre a las 05:00 a.m., sin haberlo consultado previamente al Estado, sin haberlo validado con el Estado. Un informe que generó que la violencia se tornara extrema y que a las 05:00 p.m. de la tarde de ese mismo día, el presidente Evo Morales, presidente Constitucional, haya tenido que presentar su renuncia motivado por una subversión impresionante que incluyó, incluso, la subversión de las Fuerzas Armadas.
Esta situación es gravísima, porque una institución que está llamada a la defensa de la democracia en nuestros pueblos, en el caso boliviano, el año 2019, fue más bien la institución que produjo, que generó con una responsabilidad directa a través de esta situación, en 12 horas, un golpe de Estado, un quiebre constitucional, la insurrección de las fuerzas armadas y el consiguiente gobierno de facto con la supresión de los derechos y libertades fundamentales, las violaciones a los derechos humanos que vivimos entre el 10 de noviembre del año 2019 hasta el 8 de noviembre del año 2020. Después, en Bolivia se recuperó la democracia, la institucionalidad, el orden, la vigencia de los derechos humanos. Esta situación, de la cual Bolivia ha sido una víctima, no ha merecido una investigación. Nosotros hace dos años estamos pretendiendo que nos entreguen la información y que se abra una investigación. Lamentablemente, en una organización que se investiga muchos temas, que se analizan, muchos temas, no hay la voluntad de realizar una investigación sobre un tema que resulta fundamental no solamente para Bolivia, sino para todos los países, ya que en ninguno de estos países debe darse jamás en el futuro una situación semejante como la que se dio lamentablemente en nuestro país.
SEMANA: ¿Qué responde la OEA ante esta grave acusación?
H.A: Éste es un pedido al que se han sumado muchos otros países. Primero, no solamente un pedido solo de Bolivia. Hay una conciencia generalizada, incluso en los países que tienen una ideología diferente, hay un reconocimiento y una conciencia colectiva sobre lo grave que fue lo que ocurrió en nuestro país. Lamentablemente, la Secretaría General y las instituciones no han querido ni siquiera aceptar un debate, aceptar un análisis juntamente con las principales universidades de aquí de Estados Unidos, seis universidades para ser precisos, que emitieron informes estableciendo las gravísimas falencias, contradicciones y falsedades del informe de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, un informe sobre una denominada auditoría de integridad electoral. Nos han negado toda la información, pese a que la Cumbre de las Américas aprobó un párrafo específico en el documento sobre gobernabilidad democrática que le ordenaba a la Secretaría General entregar. La anterior Asamblea General de Lima también estableció un párrafo que ordenaba a la Secretaría General entregar la información. Ellos la niegan, la han negado en 12 oportunidades, 12 comunicaciones que se han emitido y cuando la hemos pedido en el pleno, cuando la hemos reclamado, hemos encontrado solamente el enojo, la reacción furibunda de un secretario general que, en vez de enojarse, y en vez de tener actitudes de cólera contra los Estados, debería obviamente sentarse con ellos y acceder a darles la información que requieran.
Hemos visto que tienen un discurso sostenido en el que todo se ha entregado, que es un tema totalmente cerrado. No puede ser un tema cerrado, porque este golpe de Estado, este quiebre constitucional que se da el 10 de noviembre en Bolivia, ha generado la pérdida de 38 vidas humanas. A los pocos días de esta situación del informe de la OEA, el 14 de noviembre se dictó un decreto supremo. Nuestra pelea no es en ningún sentido personal contra la figura de Luis Almagro ni de ningún otro funcionario, es un reclamo, es un pedido como un Estado, como una sociedad jurídica y políticamente organizada, miembro de esta organización, que tiene el derecho a saber qué es lo que pasó en uno de los actos de manipulación y de inconducta más aberrantes, si no es, será el acto más aberrante que le ha tocado vivir a esta organización.
SEMANA: ¿Ha pensado Bolivia en apartarse de la Organización de Estados Americanos?
H.A: Bolivia ha reducido al máximo su participación en la organización y está estudiando la posibilidad de incluso retirarse. Entre tanto, este tema no se ha esclarecido, ¿no? La denuncia de la carta. Nosotros somos fundadores el año 1948. Nosotros creemos en que la OEA pese a sus grandes deficiencias, tiene situaciones positivas, pero necesitamos una respuesta concreta sobre nuestro pedido de investigación. No necesitamos el silencio absoluto que ahora tenemos de parte de la Secretaría General y de sus instituciones. Está en consideración la posibilidad de que Bolivia suspenda su participación en el país, entre tanto esta situación no sea investigada y los hechos no sean aclarados.
SEMANA:¿Qué hará Bolivia para incrementar las presiones contra Nicaragua, como lo pidió la CIDH, para que se dejen de violar los derechos humanos en ese país?
H.A: Nosotros tenemos un trabajo muy cercano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente le encargamos la investigación de los hechos ocurridos en Bolivia a un grupo especial, el GIEI Bolivia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Hemos recibido la visita de la Comisión. En marzo pasado ha sido la primera visita que ha hecho la Comisión, después de la pandemia, y nuestro compromiso con la vigencia de los derechos humanos es absoluto. En ese sentido, nosotros no aceptamos la supresión de derechos humanos en ningún régimen. Sin embargo, yo creo que hay que analizarlos por separado; yo creo que con el Estado cubano se cometió una injusticia al haberlo expulsado de la organización el año 1962; creo que esta es una de las falencias históricas más importantes de la organización. En relación a Venezuela, vivimos una situación absolutamente inverosímil, aquí se estableció y se reconoció un gobierno que, en los hechos, en la realidad objetiva, no existía: el gobierno del supuesto presidente Juan Guaidó.
Y esa situación, en vez de ayudar a mejorar la relación con Venezuela, más bien alejó más a este país de la organización. Un país que, como los otros en cuanto a su administración política, tiene todo el derecho a su libre determinación y a decidir por sí mismo la organización de su sistema jurídico, político, económico y social, como reza el artículo primero de la carta de la organización. En ese entendido, hay que analizar los casos por separado. Y respecto a Nicaragua, nosotros respetamos ese gobierno, pero obviamente no estamos de acuerdo con la supresión de derechos humanos en ninguno de los regímenes, porque somos un gobierno y un pueblo pro derechos humanos, pro defensa de los derechos humanos.
SEMANA: ¿Están de acuerdo con las sanciones por parte de Estados Unidos contra Nicaragua, Venezuela y Cuba?
H.A: Nosotros no compartimos ninguna de las acciones o calificaciones o determinaciones que se toman unilateralmente por parte de Estados Unidos o por parte de cualquier otro Estado. Si existe el multilateralismo, es justamente para actuar a través de las organizaciones que agrupan a los Estados. Los Estados Unidos en varios temas certifica y aplica sanciones, y nosotros no compartimos desde ningún punto de vista esas actitudes unilaterales porque obviamente no son consensuadas con el conjunto de los países en el conjunto de Naciones Unidas, que es la entidad mundial más idónea, diríamos, para tomar esa determinación; pero, obviamente, violan el principio de no intervención en los asuntos internos, que, reitero, está consagrado en el artículo primero de la Carta.
SEMANA: Sobre la libertad de expresión y de prensa en Latinoamérica, ¿Cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo en Colombia y las duras críticas de Gustavo Petro contra la prensa en el país?
H.A: Nosotros como país respetamos mucho y defendemos la libertad de expresión y la libertad de prensa. En la visita que hemos tenido recientemente, hemos invitado a don Pedro Vaca, el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, y nos solidarizamos con los medios de comunicación en todo el continente. Pero no podemos cerrar los ojos y, como se lo dijimos al mismo señor Vaca en la visita que tuvimos, no podemos cerrar los ojos a ver algún abuso que se hace en algún sentido de la libertad de expresión, toda libertad y todo derecho tiene su límite cuando se viola el derecho ajeno. Y hemos visto algunas tergiversaciones, no conozco a profundidad el caso colombiano, no podría referirme a él, no sería correcto.
Pero hemos visto en general, en Latinoamérica, algunas ocasiones en las que unos medios de comunicación tergiversan la verdad de una manera muy abierta y lo hacen siempre en contra de los gobiernos progresistas, en los gobiernos revolucionarios, los gobiernos que están sembrando el cambio en la región, no sé si será el caso colombiano, le reitero, no puedo referirme a él, pero sí puedo decirle de Colombia que recibimos al presidente Petro aquí, en una sesión de honor en el seno de la Organización de los Estados Americanos, y tuvimos de él la mejor impresión. Quienes conocemos la trayectoria de lucha y de esfuerzo del presidente Petro y su vocación de servicio y su vocación de conciliación, no podemos nada menos que respaldar un gobierno extraído de los sectores sanos de la nacionalidad colombiana, un país al que queremos y respetamos profundamente. Y bueno, esperemos que los temas se solucionen siempre dentro de los principios que hacen a la independencia de poderes, la institucionalidad republicana, el Estado de derecho, pero sobre todo en aras al homenaje a la verdad. La verdad debe ser el norte y guía, le decía yo en en la visita a Bolivia, a don Pedro Baca, con mucho respeto, mucha admiración al relator y la verdad. Por lo general, la verdad a la que se han referido incluso filósofos en la antigüedad, suele ser una sola. La clave es encontrarla.
SEMANA: ¿Por qué no hizo presencia el canciller de Bolivia en la Asamblea General de la OEA? ¿Cuál es la razón?
H.A: Bueno, para empezar, Bolivia sí está presente, está representada a través de mi persona. Este es el mandato del presidente Arce y el canciller no ha venido, primero, por razones de agenda, pero también en una señal de que nosotros mantenemos un diferendo con la organización, como lo hacen otros países también; pero aclaramos puntualmente: con la Secretaría General actual de la organización. Y este diferendo, esta situación de un tema no resuelto, mantiene una posición de Bolivia que se va a mantener entre tanto el tema no sea finalmente resuelto.
SEMANA: ¿Usted cree que si el secretario Almagro saliera de la Secretaría General de la OEA habría un cambio sustancial en la organización, que lo necesita en estos momentos?
H.A: Nuestro pedido no es por la destitución de nadie, no es un tema personal contra nadie. Nuestro pedido es que haya una investigación, esté quien esté en la Secretaría General. Pero lamentablemente a mí me tocó, y le comento esto, a mí me tocó trabajar con el anterior secretario general, con el señor José Miguel Insulza. Yo era viceministro de la Presidencia, ministro de Justicia y con el canciller David Choquehuanca, que actualmente es el vicepresidente de Bolivia, me tocó hacer varias gestiones y varios trabajos con José Miguel Insulza y su equipo de trabajo. Y puedo afirmar que, lamentablemente, la OEA de hoy es muy diferente a la OEA de José Miguel Insulza. Yo creo que se necesita una secretaría general y ojalá que el próximo secretario general, sea quien sea, y venga por la vía que venga, el próximo secretario general debería ser una persona totalmente ideologizada, como lo era José Miguel Insulza, una persona que cumpla el Estatuto, que cumpla la carta y que cumpla las normas internas de la organización, que sea apolítica y que trabaje como un facilitador de los Estados, que no subordinen los Estados y que más bien se subordine hacia los Estados, que cumpla. Por ejemplo, el hecho de trabajar solamente con los gobiernos legalmente constituidos, los gobiernos que existen en el plano de la realidad, que no trabaje con gobiernos fantasmas que no existen, que no trabaje como en el caso boliviano.
El Señor Almagro, lamentablemente, ha recibido, incluso en su despacho, a grupos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los ha calificado como grupos paraestatales y grupos que, han recomendado, deben ser disueltos por el bien del Estado y por el futuro de la paz y tranquilidad que necesita Bolivia. Bueno, esos grupos en algún momento se reunieron con el señor Luis Almagro. Esas son las incoherencias que llevan, lamentablemente, la marca de una actividad más política, partidaria, sectaria, ideologizada, en un cargo que debe ser más bien técnico, más bien de viabilidad y de servicio a los Estados.