Un juez federal suspendió temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte del gobierno de Donald Trump para agilizar la deportación de migrantes señalados de tener vínculos con la banda criminal venezolana Tren de Aragua. El fallo, dado a conocer el sábado 15 marzo, desató una polémica y provocó una rápida impugnación legal.
El juez de distrito James Boasberg ordenó que cualquier vuelo con estos migrantes a bordo regresara a territorio estadounidense. Boasberg, quien preside el tribunal federal en Washington, amplió su bloqueo temporal contra la administración de Trump al aprobar una clase provisional que resguarda a todos los no ciudadanos detenidos en Estados Unidos y afectados por la proclamación presidencial.
La restricción temporal tendrá una duración de 14 días o hasta que el tribunal emita una nueva decisión, con una audiencia adicional programada para finales de este mes.
Trump invoca la ley de enemigos extranjeros de 1798
El gobierno de Trump recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros, que concede al presidente amplias facultades para expulsar a inmigrantes indocumentados en caso de guerra o amenaza de invasión. Mediante una proclamación presidencial, la Casa Blanca argumentó su decisión basándose en la clasificación del Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. La orden disponía que todos los migrantes afectados fueran arrestados, detenidos y deportados de manera inmediata.
La ley de enemigos extranjeros ha sido aplicada únicamente en tres ocasiones en la historia de Estados Unidos, siempre en tiempos de guerra. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial se empleó para respaldar la detención y deportación de inmigrantes de origen alemán, austrohúngaro, italiano y japonés. Además, tuvo un papel fundamental en la política de internamiento de ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.
Desafío legal y respuesta del departamento de justicia
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward interpusieron un recurso de emergencia ante el juez Boasberg, alegando que la actividad criminal no satisface los criterios legales de una invasión extranjera. La ACLU destacó que la administración Trump estaba aplicando la ley de forma inconstitucional para avalar deportaciones masivas.
Por su parte, el departamento de justicia presentó rápidamente una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington con el objetivo de revocar la orden de restricción temporal emitida por el juez Boasberg.