Entró en vigor en el estado de Florida, Estados Unidos, la ley SB-1718 promulgada por el gobernador Ron DeSantis. Esta busca regular y recrudecer medidas en contra de los inmigrantes ilegales de este estado. Por ejemplo, obliga a las empresas con más de 25 empleados a reportar el estatus migratorio de todos.
La Ley ya ha sido criticada por varias asociaciones. Entre ellas, la Red Nacional por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (NNIRR, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida. La califican de arbitraria, de cruel y de poco útil para el país.
La NNIRR, por ejemplo, afirmó que: “Las leyes que impulsa el Gobierno de DeSantis son un gran problema para los Estados Unidos. Es un peligro porque, al final, terminan legitimando los discursos de odio contra los migrantes que llegan al país, sin importar su estatus. Ya hay casos de personas que están siendo detenidas por las autoridades y de policías que vigilan obras en búsqueda de trabajadores. Todo es demasiado irreal y preocupante”.
La situación preocupa en varios ámbitos. Uno es económico, pues una de las industrias más fuertes del estado es el turismo motivado por las visitas a parques temáticos como Disney o Universal. Sin embargo, esta ley ha hecho que muchos migrantes vean a la Florida como un lugar hostil y racista que no vale la pena visitar.
Pero lo más grave es el discurso de odio y la inseguridad con la que viven los migrantes del lugar. Se sienten perseguidos y en peligro constante. Según Juan Camilo Jaramillo, colombiano que dejó Florida hace semanas, “he sabido de personas que les gritan cosas en la calle, los racistas pareciera que se han envalentonado, sin importar si las personas son legales o no. Pero, ¿quién va a llamar a la Policía si la orden del gobernador es sacarnos a todos? Es mejor irse y arrancar de cero”.
Ante la inminente entrada en vigencia, muchos ya han abandonado el estado. Este es el caso de María Fernanda Mora, colombiana que llevaba cuatro años viviendo allí. “Apenas comencé a escuchar sobre la ley y todo lo que conllevaba, tomamos la decisión con mi pareja y mis gatos de salir del estado para evitar cualquier situación de la que se estaba hablando por medios”, cuenta. Esta es la situación de muchas otras familias, quienes huyen de Florida y de las garras de DeSantis.
El gran costo económico y social que pagará Florida por su medida discriminatoria contra los migrantes indocumentados
Desde hace años, en Estados Unidos el tema de la inmigración se ha convertido en un asunto demasiado polémico, especialmente, desde el auge de la nueva ola republicana encabezada por políticos más extremistas como el caso del expresidente Donald Trump, que pusieron el ojo público sobre las leyes de migración y cómo afectan a la nación. Ahora, miles de personas ven su futuro en el limbo con el triunfo de las nuevas legislaciones.
Uno de los discípulos más destacados de Trump es el gobernador de Florida, el también republicano Ron DeSantis, que actualmente busca ser presidente para las elecciones de 2024. Durante su gobierno estatal, ha convertido su territorio en un laboratorio de experimentos conservadores, impulsando controvertidas leyes en las que la migración no se ha escapado de las manos del mandatario.
Este año, DeSantis impulsó lo que seguramente sus fanáticos piensan que es la joya de la corona, la ley SB-1718, con la que prohíbe el uso de las licencias de conducir de los indocumentados a pesar de que sean expedidas en otros estados. También obliga a los hospitales a dar información del estatus migratorio de sus pacientes a las autoridades. Además, aumenta las multas para los indocumentados y castiga a las empresas que contraten inmigrantes hasta con 10.000 dólares por cada empleado.
Esta polémica legislación causa zozobra en el casi millón de indocumentados que habitan en el estado, según las cifras del Centro de Investigación Pew. En efecto, esta semana, muchas personas decidieron salir a las calles de Florida en protesta por la nueva ley, que entra en vigencia el 1 de julio, en su gran mayoría inmigrantes latinos. Los países de origen más comunes incluyen a Cuba, México, Haití, Colombia y Venezuela.
Pero, DeSantis y su séquito subestiman la gravedad de lo que puede venir al seguir con la polémica legislación, ya que los migrantes indocumentados forman parte fundamental de la fuerza laboral de Florida. Desde que se anunció la ley, cientos de personas han abandonado el estado en búsqueda de un territorio que no los discrimine por ser de otro país y no tener todos sus documentos en regla.
“Apenas comencé a escuchar sobre la ley y todo lo que conllevaba, tomamos la decisión con mi pareja y mis gatos de salir del estado para evitar cualquier situación de la que se estaba hablando por medios”, cuenta María Fernanda Mora, colombiana que llevaba cuatro años viviendo allí. El mismo testimonio lo replica José Carlos Bonilla: “Somos muchos los que nos hemos ido de allá. No es fácil volver a iniciar de cero, pero es lo que toca a veces. Ahora muchas empresas están sin empleados por esa ley, ya después empezarán a extrañarnos y a darse cuenta de que somos importantes”.
Florida, como un estado insignia en sectores como la agricultura, el turismo y la construcción, está empezando a tener problemas para conseguir mano de obra para dichas industrias ante la salida de los inmigrantes, dejando un gran hueco para la economía estatal. En redes sociales circulan decenas de videos de cómo los norteamericanos intentan hacer labores de obra sin sincronía y con mucha torpeza. También, según las autoridades estatales, hay un retraso de diez meses en los permisos de trabajo, por lo cual la entrada de esta ley no pinta un escenario favorable.
“¿Quiénes continuarán colocando techos, brindando servicios de limpieza, de alimentos en restaurantes, paisajismo, construcción de viviendas y de edificios comerciales, atención de enfermería en nuestros hospitales y hogares de ancianos, y mucho más? ¿Quién cosechará los cultivos que comemos todos los días y de los que dependemos para nuestro sustento?”, manifestó la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, que califica de cruel con los migrantes a esta ley.
Todo esto provoca un coctel perfecto para que el estado pueda entrar en una grave crisis laboral por cuenta de las medidas del Gobierno. “La gente se está yendo del estado pese a que lo que se necesita son más trabajadores para todo lo que requiere Florida. Las leyes del gobernador DeSantis son un claro populismo en sus esfuerzos de ganar votos de los republicanos más radicales”, dijo un funcionario del Consejo de Inmigración Americana.
Asimismo, en épocas en las que el país no pasa por su mejor momento económico, recolectar más impuestos parece una necesidad de cada uno de los estados. No obstante, con estas leyes, lo único que impulsa Florida es dejar de recaudar por la salida masiva de personas a tierras más prósperas para los indocumentados. Por ejemplo, el Florida Policy Institute (FPI) afirma que los inmigrantes ilegales pagaron 923 millones de dólares en impuestos en 2019.
Otro de los rubros en los que el país no pasa por su mejor época es la creación de empleos y, en general, lograr que las personas consigan trabajo, ya que, según cifras estatales, alrededor de 10 millones de puestos están disponibles y, con esta ley, ese déficit solo aumentaría y significaría otro atraso importante de la economía. El FPI asegura que alrededor de 391.000 migrantes irregulares son empleados actuales en Florida.
De acuerdo con el mismo estudio del FPI, una organización que analiza los presupuestos y finanzas del territorio, se prevé que la legislación impulsada por el gobernador DeSantis en contra de los inmigrantes indocumentados le cueste más de 12.600 millones de dólares anuales al PIB del estado. Los sectores más afectados con esta ley representan el 25 por ciento de toda su actividad comercial.
Fuera de las cifras económicas, la percepción inquieta mucho en el país, ya que dichas legislaciones podrían hacer ver a Florida como un estado enemigo de los migrantes, cuando más de 4 millones de extranjeros viven en dicho territorio. Por tal razón, muchos viajeros podrían alejarse de sus destinos turísticos y preferir ir a otras partes del país o del mundo, donde no se sientan como enemigos del Gobierno local.
“Las leyes que impulsa el Gobierno de DeSantis son un gran problema para los Estados Unidos. Es un peligro porque, al final, terminan legitimando los discursos de odio contra los migrantes que llegan al país, sin importar su estatus. Ya hay casos de personas que están siendo detenidas por las autoridades y de policías que vigilan obras en búsqueda de trabajadores. Todo es demasiado irreal y preocupante”, manifestó un miembro de la Red Nacional por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (NNIRR).
Mientras tanto, los migrantes se sienten perseguidos en lo que se suponía que era su hogar, pero que desde hace meses ha mostrado su peor cara y los ha obligado a salir. Según Juan Camilo Jaramillo, colombiano que dejó Florida hace semanas, “he sabido de personas que les gritan cosas en la calle, los racistas pareciera que se han envalentonado, sin importar si las personas son legales o no. Pero, ¿quién va a llamar a la policía si la orden del gobernador es sacarnos a todos? Es mejor irse y arrancar de cero”.
Por ahora, el panorama no parece el mejor para los cientos de miles de migrantes que habitan Florida. Solo el tiempo dirá qué tanto los terminan afectando las medidas adoptadas por el Gobierno de Ron DeSantis, quien basa sus propuestas en una supuesta lucha contra el crimen, pero termina criminalizando a toda una población.